
La crisis electoral abierta tras los comicios del 12 de abril en Perú sumó este martes un punto de quiebre: el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por las fallas logísticas registradas durante la jornada y bajo una presión política que no dejó de escalar en los últimos días.
La decisión se formalizó mediante una carta dirigida a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que el funcionario sostuvo que su permanencia no contribuiría a recuperar la confianza en el sistema electoral de cara a la segunda vuelta presidencial. “Considero necesario e impostergable renunciar (…) en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana”, señaló en el documento.
El escenario se ha tensado por denuncias de irregularidades y acusaciones de fraude lanzadas por distintos actores políticos que han contribuido a instalar un clima de desconfianza en torno al proceso electoral, especialmente en un momento en que aún no se termina de consolidar el resultado final de la primera vuelta.
En pocas líneas:
- ¿Quién asume el mando temporal de la ONPE tras la renuncia de Piero Corvetto en medio del escrutinio electoral?
- Cronología de la salida de Piero Corvetto de la ONPE y los hechos que desataron su renuncia
- Renunció Piero Corvetto: ¿Qué pasará con el conteo final de votos de las Elecciones de Perú tras su salida en plena etapa clave?

La incertidumbre política marca el proceso electoral peruano tras la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 que se realizaron el pasado domingo 12 y lunes 13 de abril. El Perú entero observa con atención si la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio de 2026, se llevará a cabo en la fecha establecida, en medio de controversias, denuncias y pedidos de anulación por parte de distintos actores y candidatos presidenciales.
La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha abierto un nuevo capítulo en el proceso electoral peruano, marcado por cuestionamientos tras las fallas logísticas registradas en la primera vuelta del 12 de abril. En su carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el funcionario señaló que su permanencia no contribuiría a generar confianza ciudadana, en medio de investigaciones y críticas al sistema electoral.

La renuncia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se convirtió este martes en uno de los hechos más comentados de la cobertura internacional sobre las Elecciones 2026 en Perú. La decisión llegó en medio de cuestionamientos por las demoras en el escrutinio, las fallas logísticas en la primera vuelta y las denuncias de presuntas irregularidades que marcaron la jornada del 12 de abril, un proceso que todavía no termina de definir a quién enfrentará Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
ONPE confirma vacancia y continuidad de operaciones
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ha sido notificada de la decisión unánime del Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que aprobó la renuncia de Piero Alessandro Corvetto Salinas a la Jefatura Nacional. Conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, en caso de vacancia durante un proceso electoral, asume la jefatura interina el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior; en este caso, el actual gerente general Bernardo Juan Pachas Serrano.
En el comunicado, la ONPE aseguró que las labores vinculadas al proceso electoral en curso no han sido ni serán interrumpidas. Estas tareas comprenden el procesamiento y la contabilización de actas, así como los preparativos para una Segunda Elección Presidencial. Paralelamente, la entidad avanza en la organización de los comicios primarios previos a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programados para el 17 y 24 de mayo.

La jornada electoral del pasado domingo 12 de abril en Perú culminó con la renuncia de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que formalizó su salida mediante una carta enviada a la Junta Nacional de Justicia (JNE).
La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a que la normativa lo prohibía en pleno proceso electoral, plantea interrogantes sobre la rapidez con la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aceptó la dimisión, justo en medio de la organización de la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.
Declaran la vacancia en la jefatura de la ONPE
La Junta Nacional de Justicia declaró la vacancia en la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras aceptar la renuncia presentada el 21 de abril de 2026 por Piero Corvetto. Mediante la resolución N.º 119-2026-PLENO-JNJ, la Junta fundamentó su decisión en los artículos 14, 10 y 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, que establecen la renuncia como causal de vacancia y otorgan a la Junta la atribución de formalizarla.
La resolución dispone comunicar la vacancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Asimismo, se aclara que la investigación preliminar iniciada contra Corvetto continuará su curso.


La renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, abre la interrogante sobre quién quedará a cargo de la institución durante el proceso de escrutinio rumbo a la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

El fin. Piero Corvetto ya no es jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La Junta Nacional de Justicia aceptó su renuncia, pese a que, por ley, el cargo es irrenunciable durante un proceso electoral. La demora en la entrega del material electoral y otras irregularidades ocurridas durante los comicios, que fueron descubriéndose en los últimos días, hicieron insostenible su permanencia en el cargo.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia este martes, el mismo día en que la entidad publicó en su portal oficial la autorización para que el Estado financie su defensa legal ante la denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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