El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia este martes, el mismo día en que la entidad publicó en su portal oficial la autorización para que el Estado financie su defensa legal ante la denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La decisión se formalizó mediante la Resolución N° 000028-2026-SG/ONPE, que indica que Corvetto solicitó el beneficio amparado por la Ley del Servicio Civil.
Según esta normativa, los funcionarios públicos pueden acceder a defensa legal financiada por la entidad en procesos relacionados con sus funciones, incluso si al inicio del proceso ya no mantienen vínculo con la institución, siempre bajo el compromiso de reembolso si se determina responsabilidad.
“Se declara procedente la autorización para el otorgamiento del beneficio de defensa legal, solicitado por el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas, Jefe de la ONPE, para su defensa ante la denuncia interpuesta por el Jurado Nacional de Elecciones”, señala la resolución.
El JNE presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros tres funcionarios de la ONPE por los problemas logísticos registrados en Lima durante los comicios generales. El organismo acusó presunta comisión de delitos contra el derecho de sufragio, omisión y demora de actos funcionales, así como obstaculización del desarrollo normal del acto electoral.
Además de Corvetto, la denuncia incluye al gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional, Ricardo Saavedra; al gerente de Administración, Edward Alarcón; y al exgerente de Gestión Electoral, José Samame Blas, quien renunció al día siguiente de los sufragios y fue detenido por la Policía Anticorrupción horas más tarde.
La Gerencia de Asesoría Jurídica de la ONPE concluyó que la solicitud de Corvetto cumplía los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en la directiva vigente. El beneficio autorizado abarca la etapa preliminar y la fase preparatoria del proceso penal, y su contratación solo surtirá efecto tras la notificación correspondiente.
El documento instruye a la gerencia respectiva a ejecutar las acciones necesarias para la contratación del servicio de defensa legal. Además, detalla que, si al finalizar el proceso se determina responsabilidad de Corvetto, él deberá reembolsar los gastos de defensa asumidos.
El funcionario envió su carta de renuncia a la presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, en la que pide poner fin a su designación asumida en 2020 y, a pesar de que el proceso electoral se encuentra en pleno escrutinio de resultados, y a la espera de definir a los dos candidatos presidenciales que se medirán en la segunda vuelta fijada para el 7 de junio.
Señaló que, “luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral” en Lima, considera “necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada”, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un “contexto de mayor confianza ciudadana” con la ONPE.
Minutos después de publicarse la carta de dimisión, el pleno de la JNJ aceptó su renuncia por unanimidad y comunicó del acuerdo a los organismos del sistema electoral peruano.
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