La renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) agudiza la crisis institucional que sacude el proceso electoral, mientras está en marcha la organización de la segunda vuelta fijada para el próximo 7 de junio.
El detonante fue una serie de fallas logísticas durante la primera vuelta de los comicios generales, celebrada el 12 de abril, cuando retrasos en la distribución del material electoral impidieron la instalación oportuna de mesas en varios distritos de Lima Metropolitana.
Al menos cinco locales no recibieron el material a tiempo, lo que obligó a que la votación se realizara al día siguiente en 13 locales, con impacto en más de 55.000 ciudadanos, según cifras oficiales.
La situación generó denuncias ante el Ministerio Público y una investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que acaba de aceptar su dimisión. La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros cuatro funcionarios por presuntos delitos contra el derecho de sufragio y omisión de deberes funcionales.
Aunque durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Corvetto defendió la legitimidad de los resultados y atribuyó las fallas a un “error puntual extraordinario” en la logística, no a irregularidades estructurales, las voces que pedían su salida se hicieron más altisonantes.
Este escenario, unido a irregularidades en el traslado de los votos emitidos hacia los almacenes —que derivaron en la pérdida de cajas luego halladas en programas de televisión—, provocó el rechazo de diversos sectores políticos y el pedido de nulidad de los comicios por parte de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien después planteó realizar elecciones complementarias.
López Aliaga, que ha llamado a Corvetto criminal y ha exigido su inmediata captura y encarcelamiento, disputa voto a voto el pase a la segunda vuelta con Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), con miras a enfrentar a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien obtuvo la mayor votación con 17 % de los votos válidos.
De acuerdo con el funcionario, la responsabilidad recaía en áreas específicas de la estructura operativa de la ONPE, aunque reiteró sus disculpas a los ciudadanos afectados. También remarcó que el episodio no comprometió la voluntad popular, puesto que el proceso terminó por definir a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.
La renuncia de Corvetto se formalizó mediante una carta pública dirigida a la JNJ, en la que manifestó que su salida era necesaria para garantizar mayor confianza ciudadana en la organización de la segunda vuelta presidencial. El pleno del máximo órgano de la judicatura aceptó la dimisión por unanimidad, mientras que la ONPE implementó medidas internas para asegurar la continuidad del proceso electoral.
En paralelo, el procesamiento de actas sigue en curso, con más del 93 % computado a nivel nacional. La incertidumbre persiste hasta la resolución de incidencias y la llegada de documentos de zonas rurales y del extranjero. La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, anticipó que los resultados presidenciales podrían estar listos a mediados de mayo.
Corvetto ha dicho esperar que su salida contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones, dado que los preparativos para la segunda vuelta presidencial ya han comenzado y restan solo semanas para su realización.
El exfuncionario reiteró su “total y entera disponibilidad” a las investigaciones abiertas por este caso, tanto en la Fiscalía como en la JNJ y el JNE.
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