Gálaga responde a la ONPE: niega responsabilidad por fallas en las elecciones y le exige disculpas públicas

La empresa Servicios Generales Gálaga SAC respondió a las acusaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las fallas en el traslado del material electoral en Lima Metropolitana. A través de un comunicado, sostuvo que cumplió con todas las obligaciones establecidas en el contrato y rechazó ser la única responsable de los problemas registrados durante la jornada.

Según la empresa, el servicio fue ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y bajo los cronogramas definidos por la propia ONPE. En esa línea, indicó que el traslado del material dependía de la coordinación, la entrega oportuna y las condiciones logísticas establecidas por la entidad electoral.

Gálaga aseguró que las demoras registradas en la etapa final del proceso no se deben a incumplimientos propios, sino a factores ajenos a su responsabilidad operativa. Por ello, pidió que se evalúe todo el proceso de manera integral y no se atribuya el problema únicamente a la empresa.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del jefe de la ONPE, al considerar que han afectado su imagen sin que se hayan revisado todas las circunstancias. En ese contexto, solicitó a la entidad que realice las aclaraciones correspondientes y ofrezca disculpas públicas por los daños a su reputación.

La empresa también informó que ya entregó documentación del contrato a la Dirección Contra la Corrupción, en presencia del Ministerio Público, y aseguró que colaborará con cualquier investigación.

Gerente evitó asumir responsabilidad

Un día antes de este pronunciamiento, el gerente de la empresa, Juan Charles Alvarado Pfuyo, ya había dado sus descargos en una entrevista televisiva. En esa oportunidad, evitó asumir responsabilidad directa por las fallas que afectaron la instalación de mesas de votación.

Consultado sobre el tema, el empresario optó por una respuesta cauta y dejó en manos de las autoridades la determinación de responsabilidades. “Eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”, señaló.

Además, indicó que no daría una posición definitiva de inmediato y que prefería esperar el desarrollo de los hechos y los pronunciamientos de otras instituciones antes de emitir una opinión más clara.

Estas declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos a la empresa, que ya había sido contratada anteriormente por la ONPE en distintos procesos electorales y que cuenta con antecedentes de sanciones por incumplimientos en servicios similares.

Posibles implicancias legales dependerán del origen de la falla

Más allá del cruce de versiones, el caso podría tener consecuencias legales. El abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva explicó que el punto clave será determinar qué originó el retraso en la entrega del material electoral.

“¿Por una mala estrategia empresarial o esto obedece más bien a una intención criminal?”, planteó.

Según indicó, esta diferencia es fundamental porque define el tipo de delito que podría configurarse. Si se trata de desorganización, las consecuencias serían menores. Pero si se acredita una conducta intencional, el caso podría escalar a delitos más graves.

El especialista también señaló que no se puede descartar una posible colusión en el proceso de contratación. “Podrías hablar de… hasta de una colusión”, afirmó, al referirse a la posibilidad de que la empresa haya sido contratada pese a cuestionamientos previos.

Explicó que este tipo de delitos no se prueban con evidencia directa, sino a partir de indicios que, en conjunto, permiten reconstruir lo ocurrido. En ese sentido, las autoridades deberán revisar aspectos como el cumplimiento del contrato, la aprobación de los vehículos y la capacidad operativa de la empresa.

“Todo esto se construye en base a indicios”, precisó.

También advirtió que las responsabilidades podrían alcanzar a funcionarios públicos si se demuestra que no actuaron frente a advertencias previas. “Si yo hago caso omiso a eso, más que es mi función propiamente establecida en ley hacerlo”, señaló.

Retrasos en la entrega afectaron la instalación de mesas en Lima

El caso se origina en los problemas registrados durante la jornada electoral, cuando la ONPE reportó retrasos en la entrega del material en varios distritos de Lima Metropolitana, principalmente en la zona sur.

De acuerdo con la entidad, 75 locales de votación se vieron afectados porque el material no llegó a tiempo. Esta situación impidió la instalación oportuna de mesas y retrasó el inicio de la votación para miles de ciudadanos.

La ONPE atribuyó el problema al incumplimiento de la empresa encargada del traslado y anunció la activación de un plan de contingencia para atender la emergencia. El material, según informó, se encontraba en ruta y se esperaba su llegada horas después del inicio de la jornada.

Pese a estos inconvenientes, la entidad indicó que el impacto fue limitado en relación con el total de centros de votación a nivel nacional. Sin embargo, para los ciudadanos afectados, la demora significó largas esperas y dificultades para ejercer su derecho al voto.

En este contexto, el caso no solo pone en debate la responsabilidad de la empresa, sino también el funcionamiento de toda la cadena logística electoral. Lo que determinen las investigaciones será clave para establecer qué falló y quiénes deberán asumir las consecuencias.