El caso de Galaga, empresa encargada del traslado del material electoral no necesariamente se quedará en una simple falla logística. Para el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva, la investigación podría avanzar hacia un escenario más complejo.
El especialista explicó que el primer paso será determinar la causa del retraso. No es lo mismo una mala gestión que una conducta con intención.
“¿Por una mala estrategia empresarial o esto obedece más bien a una intención criminal?”, planteó en entrevista con Exitosa.
Esta diferencia es clave porque define el tipo de delito que podría configurarse. Si se comprueba que hubo algo más que desorganización, el caso podría agravarse.
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Posible colusión en la contratación
El abogado no descartó que la investigación pueda incluir un delito más grave vinculado al proceso de contratación.
“Podrías hablar de… hasta de una colusión”, señaló al referirse a la posibilidad de que la empresa haya sido contratada pese a cuestionamientos previos.
Según explicó, este tipo de delito no se prueba con evidencia directa, sino con la suma de distintos elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.
Elementos que serán evaluados
Para determinar si hubo colusión, las autoridades deberán revisar varios aspectos. Entre ellos, el cumplimiento del contrato, la aprobación de los vehículos y la capacidad operativa de la empresa.
También será clave analizar si existían advertencias previas y si estas fueron atendidas.
“Todo esto se construye en base a indicios”, explicó el abogado.
Esto significa que la investigación no dependerá de una sola prueba, sino de la acumulación de factores que apunten en la misma dirección.
Qué podría pasar con la empresa
El futuro de la empresa dependerá de lo que se logre acreditar. Si se concluye que hubo solo desorganización, el caso podría quedarse en sanciones administrativas o penales leves.
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Pero si se demuestra que existió una intención o coordinación indebida, el escenario cambia.
El abogado explicó que en ese caso se podría hablar de un delito más grave, lo que implicaría una investigación más profunda.
También advirtió que los funcionarios públicos podrían ser alcanzados si se demuestra que no actuaron frente a las advertencias.
“Si yo hago caso omiso a eso, más que es mi función propiamente establecida en ley hacerlo”, señaló.
En este contexto, el caso no solo definirá la situación de la empresa, sino también si hubo una cadena de decisiones que permitió que el problema ocurriera.
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Descargos del gerente de Galaga
Las declaraciones del gerente de Servicios Generales Gálaga se dan en un contexto en el que la empresa acumula antecedentes de sanciones vinculadas al traslado de material electoral. Pese a ello, Alvarado Pfuyo evitó profundizar en las críticas y optó por una posición cauta frente a las acusaciones actuales.
Durante la entrevista, el empresario reiteró que no se pronunciará de forma inmediata sobre la presunta responsabilidad de su empresa. Señaló que esperará el desarrollo de los hechos y las evaluaciones de otras instituciones antes de fijar una postura.
“Eso tendrá que demostrarse. Este, yo no le puedo decir si yo soy responsable o no soy responsable”, sostuvo, al ser consultado por las fallas que afectaron a miles de electores.
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La empresa ha sido contratada en reiteradas ocasiones por la ONPE en distintos procesos electorales. Sin embargo, entre 2020 y 2023 recibió tres sanciones económicas por incumplimientos relacionados con el transporte de material electoral.
A pesar de estos antecedentes, la compañía continuó prestando servicios para la entidad electoral, lo que hoy genera cuestionamientos tras los problemas registrados en las elecciones más recientes.
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