Elecciones se extienden por demora en material electoral: responsables enfrentarían penas de hasta 3 años

El retraso de la ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga en la entrega del material electoral que afectó la instalación de mesas de votación no es solo un problema logístico, sino que puede constituir un delito. Así lo explicó el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva, quien detalló que la Ley Orgánica de Elecciones contempla sanciones para quienes demoran o detienen la distribución del material.

Según indicó, este tipo de hechos debe ser investigado para determinar por qué ocurrió la demora. La clave está en establecer si se trató de una mala gestión de la empresa encargada o si hubo una conducta con implicancias penales.

“Se sanciona administrativamente, pero también penalmente, a quien demora o a quien detiene la entrega del material electoral”, explicó el especialista en entrevista con Exitosa.

Ahora, hay que esperar los resultados de la investigación, que podría alcanzar tanto a la empresa como a algunos altos funcionarios del órgano electoral.

Penas bajas frente a un problema grave

A pesar de la gravedad del impacto, pues recién a las 9:00 am del lunes 13 de abril algunas mesas de votación recién se estaban instalando, las sanciones previstas en la ley son limitadas.

“Sí, desde seis meses hasta tres años en, lo que es la demora o la detención del reparto de material electoral”, indicó. Esto significa que, incluso si se comprueba responsabilidad penal, las consecuencias podrían ser relativamente leves.

El mismo criterio se aplica a los funcionarios públicos que puedan ser investigados por omisión de funciones. En estos casos, las penas también se mantienen dentro de un rango bajo.

El especialista recordó que esto responde al principio de legalidad, que obliga a aplicar únicamente las sanciones previstas en la ley. En otras palabras, aunque el hecho haya afectado a miles de votantes, las penas no pueden ir más allá de lo establecido.

Qué puede pasar con la empresa

En el caso de la empresa encargada del traslado, el escenario dependerá de lo que determine la investigación. El abogado explicó que lo primero será analizar por qué se produjo la demora.

“Lo primero que van a hacer es investigar a esta empresa Gálaga y decir: bueno, la empresa, ¿por qué se ha demorado?”, señaló.

A partir de ahí, se evaluará si se trató de una mala organización o si existen elementos que apunten a algo más grave. Este punto es clave porque define si el caso queda en una falta administrativa o escala a una investigación penal.

También se revisará si la empresa cumplió con los requisitos del contrato, como la presentación de vehículos y documentación necesaria para el traslado. Estos aspectos serán determinantes para establecer responsabilidades.

Funcionarios también podrían ser investigados

El abogado también advirtió que la responsabilidad no recaería únicamente en Galaga. Los funcionarios públicos que tenían a su cargo la supervisión del proceso podrían ser investigados si no cumplieron con sus funciones.

“Lo que sería en la omisión de funciones solamente abarcaría a los que son funcionarios públicos de la ONPE”, explicó.

Esto implica que, si se demuestra que hubo falta de control o que no se actuó ante advertencias previas, también podrían enfrentar consecuencias legales.

Sin embargo, al igual que en el caso de la empresa, las penas previstas son bajas. El especialista fue claro en señalar que “no pasamos de ese nivel de pena”, lo que refuerza la idea de que las sanciones podrían no ser proporcionales al impacto del problema.