¿Qué pasa si soy víctima de un ataque armado en mi trabajo? ¿Puedo ser indemnizado por mi empleador?

Un grave incidente en la distribuidora de electricidad Hidrandina, que opera en Ancash, La Libertad y parte de Cajamarca, reabrió el debate sobre las obligaciones legales de las empresas para prevenir el acoso y la violencia en el ámbito laboral.

El hecho, ocurrido cuando un extrabajador retornó a su centro de labores, realizó disparos y dejó un fallecido y varios heridos, puso en agenda la discusión sobre la protección efectiva que ofrece la ley peruana a los trabajadores.

El ataque en Hidrandina revela fallas en la legislación contra el acoso laboral

Según familiares del atacante, el trabajador habría sido víctima de acoso y maltrato laboral antes de su despido. Más allá del caso puntual, el episodio plantea interrogantes sobre las obligaciones concretas de los empleadores y los vacíos normativos existentes en la legislación peruana.

Actualmente, la regulación se centra en los “actos de hostilidad” previstos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), que incluyen desde violencia y discriminación hasta traslados perjudiciales o reducción de sueldo. El trabajador puede emplazar al empleador por escrito y, si no hay respuesta, extinguir la relación laboral y reclamar indemnización, además de denunciar ante la Sunafil.

Sin embargo, el marco legal no regula de manera específica el hostigamiento entre pares, a diferencia de los estándares internacionales, sostiene David Corthorn, abogado laboralista de la Editorial Economía y Finanzas (EEF).

El Convenio 190 de la OIT, ratificado por Perú en 2022 y vigente desde 2023, define la violencia y el acoso de forma amplia y sin distinción jerárquica, pero aún no ha sido implementado mediante normas complementarias. Esto deja lagunas en la protección y genera inseguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores.

¿Qué sucede si un trabajador es víctima de un ataque armado en el trabajo?

Corthorn explica a Infobae Perú que un ataque de esta naturaleza califica como accidente de trabajo, siempre que ocurra durante la jornada y en el centro de labores. La Corte Suprema ha establecido que los homicidios y actos criminales ocurridos en esas circunstancias son accidentes laborales, con las consecuencias legales correspondientes.

Si el hecho está vinculado a situaciones de acoso o estrés laboral no prevenidas por el empleador, la empresa incurre en responsabilidad. Conforme a la Ley 29783, los empleadores deben prevenir riesgos psicosociales, como el acoso o la sobrecarga laboral.

El incumplimiento genera obligaciones de indemnización y puede implicar sanciones administrativas, penales y civiles. refiere. Los familiares de las víctimas, e incluso del agresor, pueden iniciar acciones legales para reclamar indemnizaciones o penas.

¿Qué coberturas y derechos tienen los trabajadores en estos casos?

Corthorn detalló que las víctimas de un ataque armado en el trabajo deben recibir atención médica y todos los beneficios previstos por la ley para los accidentes laborales.

En caso de fallecimiento, los familiares tienen derecho a indemnización y pueden recurrir a la justicia para exigir responsabilidades o reparaciones adicionales. El empleador está obligado a prever y controlar los riesgos psicosociales para evitar este tipo de situaciones.

A pesar de las obligaciones, la falta de una regulación específica sobre el acoso horizontal y la ausencia de una implementación plena del Convenio 190 de la OIT dejan importantes vacíos.

Por tal motivo, Corthorn advirtió a Infobae Perú que se requiere un desarrollo legal más claro y uniforme para garantizar la protección de los trabajadores y la seguridad jurídica de las empresas.

El dato

• Editorial Economía y Finanzas (EEF) es una firma especializada en la publicación de manuales y análisis normativo dirigido a entidades del Estado, estudios de abogados y empresas que requieren información legal actualizada.
• Entre sus principales clientes se encuentran auditoras (PWC, EY, Deloitte, KPMG), estudios de abogados (Estudio Rodrigo, Elías y Medrano, Echecopar, Muñiz, Grau, Hernández, Rebaza, Alcázar y de las Casas, PPU Legal, entre otros), entidades del Estado (SUNAT, Tribunal Fiscal, Poder Judicial, MEF) y entidades educativas (Universidad de Lima, UPC, PUCP, UTEC, Universidad de Piura, USIL).