El Congreso da la espalda a Dina Boluarte: las bancadas que antes la blindaron hoy impulsan su salida del poder

La política peruana vive una nueva jornada de inflexión. A menos de un año y medio de las elecciones generales de 2026, la mayoría de las bancadas congresales que sostuvieron a Dina Boluarte durante casi tres años de gestión han girado por completo su postura y ahora promueven su vacancia presidencial. El cambio ocurre en medio de una ola de indignación social tras el atentado armado contra la orquesta Agua Marina, que dejó varios heridos y evidenció, una vez más, la creciente crisis de inseguridad ciudadana.

La escena, marcada por la violencia y la incertidumbre, ha servido como detonante político. En cuestión de horas, grupos parlamentarios que en el pasado blindaron a la mandataria frente a denuncias e investigaciones fiscales se sumaron a una inédita convergencia para declararla incapaz moralmente. Desde la derecha hasta la izquierda, la consigna parece la misma: terminar con el ciclo de Boluarte y abrir un nuevo capítulo político antes de los comicios.

El giro de sus antiguos aliados

Hasta hace pocos meses, Renovación Popular, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) eran considerados los pilares que garantizaban la permanencia de Dina Boluarte al mando del actual gobierno. Estas agrupaciones fueron decisivas para archivar denuncias constitucionales, bloquear mociones de vacancia y mantener a la presidenta en el cargo pese a múltiples escándalos. Hoy, sin embargo, sus voceros hablan de “fracaso del liderazgo” y “abandono del país frente al crimen”.

El caso de Renovación Popular simboliza este viraje. El partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que blindó a Boluarte en al menos siete intentos previos de vacancia desde 2022, presentó esta vez una moción de vacancia por incapacidad moral permanente. El documento, respaldado también por Podemos Perú, argumenta que el “desborde de la criminalidad” y la “falta de autoridad” de la presidenta justifican su salida inmediata. “El país vive en pánico permanente”, señalaron los legisladores al anunciar la iniciativa.

A este bloque se sumaron, en las últimas horas, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y sectores del Bloque Democrático. Incluso APP, liderada por César Acuña, que hasta hace poco fungía como principal aliado del Ejecutivo, ha mostrado disposición a votar a favor de la vacancia. Con este escenario, la mayoría parlamentaria parece alineada para poner fin al mandato de Boluarte.

El repentino consenso no solo evidencia el desgaste del gobierno, sino también la cercanía de un año electoral que reconfigura las lealtades políticas. “Ahora todos son oposición”, ironizan algunos analistas en la red social X (antes Twitter), recordando que las mismas bancadas archivaron denuncias por las muertes en protestas, el caso Rolexgate, las joyas de lujo, e incluso la operación estética que la mandataria ocultó al Congreso en 2023.

De los blindajes repetidos al aislamiento político total

El quiebre entre el Ejecutivo y el Parlamento se incubó lentamente. En julio de 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votó a favor de archivar la denuncia fiscal contra Boluarte por las muertes de más de 40 personas durante las protestas de 2022 y 2023. Entre quienes votaron a favor del archivo figuraban congresistas de Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Somos Perú. Esa decisión fue interpretada entonces como un nuevo acto de blindaje político.

Meses antes, en diciembre de 2024, las mismas fuerzas habían descartado la admisión de una moción de vacancia por la llamada “rinoplastía presidencial”, confirmada por el ex primer ministro Alberto Otárola. Argumentaron que se trataba de un tema menor y defendieron la “continuidad institucional”. En esa ocasión, apenas 13 congresistas firmaron la moción impulsada por Susel Paredes, muy lejos de los votos necesarios para siquiera debatirla.

Hoy, la situación es opuesta. Las bancadas que antes minimizaban los cuestionamientos hablan abiertamente de una presidenta sin rumbo ni control. El atentado contra Agua Marina, ocurrido el 8 de octubre en Chorrillos, parece haber sido el punto de quiebre definitivo. La violencia alcanzó un símbolo popular de la música peruana, generando una fuerte reacción pública y política. “Es el reflejo de un país sin autoridad”, coincidieron varios congresistas al anunciar sus firmas.

Dentro del Parlamento, incluso los grupos que se habían mostrado más prudentes, como Fuerza Popular, han optado por no bloquear el debate. En voz baja, admiten que la vacancia es inevitable. La presidenta, según trascendidos, habría evaluado incluso presentar su renuncia y buscar asilo político en el extranjero antes de una votación adversa.

Mientras tanto, el Pleno del Congreso se prepara para una sesión decisiva. Se requieren 87 votos para destituir a la mandataria, cifra que, por primera vez desde 2022, parece estar al alcance de la oposición. En los pasillos del Parlamento se respira un ambiente de ruptura total: los mismos partidos que hasta hace semanas blindaban al gobierno ahora compiten por adjudicarse el impulso de su caída.