El juez Rodrigo Giménez Uriburu, encargado de controlar la ejecución de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ordenó este miércoles una serie de medidas para conocer con mayor precisión sus movimientos dentro del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.
El magistrado del Tribunal Oral Federal 2 le pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe las salidas registradas desde la unidad funcional para utilizar la terraza y detalle qué grado de precisión tiene el sistema de monitoreo para determinar la ubicación de la ex presidenta dentro del inmueble.
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La decisión se produjo luego de que el tribunal incorporara publicaciones periodísticas vinculadas con otra investigación judicial. A partir de esa información, Giménez Uriburu solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 una certificación sobre la causa 798/2026, en la que se investiga a Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.
Ese expediente analiza un contrato firmado entre la UOM y USEM por el cual la empresa pasó a recibir fondos provenientes de los aportes de los afiliados del gremio.
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Así las cosas, el interés del TOF 2 radica en que Calle adquirió un departamento en el primer piso de San José 1111, debajo de la unidad donde la exjefa de Estado cumple su condena, según las publicaciones periodísticas incorporadas al legajo. Por ese motivo, Giménez Uriburu pidió conocer el objeto procesal, las personas imputadas y el estado actual de esa causa. Además, requirió que se le informe cualquier dato que pueda resultar relevante para la ejecución de la pena.
El alcance del monitoreo electrónico
Giménez Uriburu solicitó a la DAPVE que informe si Cristina Kirchner registra “egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio”, conforme a la autorización judicial concedida el 17 de septiembre de 2025.
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Si existen movimientos de ese tipo, el organismo deberá precisar las fechas y los horarios, incluso cuando no hayan quedado individualizados en los informes mensuales enviados al tribunal.
El juez también quiere establecer si, una vez que Cristina Kirchner sale de su departamento, el sistema permite determinar “su localización concreta dentro del edificio” y distinguir si se encuentra en la terraza, en otro piso o en un sector diferente.
Si el monitoreo únicamente permite verificar que permanece dentro de una determinada zona o radio de cobertura, la DAPVE deberá informar cuál es su extensión y qué espacios comprende. El tribunal también preguntó si ese radio puede alcanzar “la vía pública o inmuebles linderos”, de manera que una eventual permanencia allí resulte indistinguible para el dispositivo.
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Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por las irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
La Sala IV de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el recurso de su defensa y dejó firme la condena.
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