Un grupo de 75 organizaciones de derechos civiles ha solicitado a Meta que interrumpa la introducción de tecnologías de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes Ray-Ban y Oakley, argumentando que esta funcionalidad, conocida internamente como ‘Name Tag’, representa una amenaza para los derechos fundamentales y la privacidad, sobre todo de colectivos vulnerables.
De acuerdo con la carta conjunta enviada a la empresa dirigida por Mark Zuckerberg, la integración de este sistema en productos de uso cotidiano podría facilitar la identificación de personas sin su consentimiento y sin su conocimiento, lo que, según las organizaciones, marcaría un punto de inflexión negativo para la sociedad.
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Qué preocupaciones hay alrededor del reconocimiento facial en gafas
En 2024, un estudio de la Universidad de Harvard demostró la magnitud del riesgo: alumnos lograron, usando gafas inteligentes con reconocimiento facial, extraer en tiempo real desde la vía pública datos como el nombre, la dirección, perfiles en redes sociales y los vínculos familiares de individuos reconocidos.
La información obtenida se transmitía instantáneamente al teléfono del usuario, confirmando la preocupante capacidad de estos dispositivos para vulnerar la privacidad. Además, según la carta dirigida a Meta, la objeción central no se limita al temor abstracto a la vigilancia.
El escrito detalla cómo la disponibilidad de gafas discretas equipadas con inteligencia artificial expone a potenciales víctimas de violencia o discriminación, como quienes han sufrido acoso, las minorías religiosas o los colectivos marginados históricamente, a un riesgo mayor, pues la identificación puede ocurrir sin notificación ni consentimiento en espacios públicos.
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Por qué las medidas tomadas por Meta no son suficientemente seguras
El documento subraya que las modificaciones de diseño propuestas por Meta para la función ‘Name Tag’, como limitar el reconocimiento facial a personas conectadas en plataformas de la empresa, como Instagram o Facebook, o a cuentas públicas, resultan insuficientes.
Una de las preocupaciones clave expuestas es que “los planes de introducir tecnología de reconocimiento facial en productos de consumo ampliamente disponibles constituyen una línea roja que la sociedad no debe cruzar” para evitar poner en peligro una “sociedad libre”.
Los firmantes advierten sobre las posibles consecuencias: “Las personas deberían poder llevar su vida cotidiana sin temor a que acosadores, estafadores, maltratadores, agentes federales y activistas de todo el espectro político estén verificando, de forma silenciosa e invisible, sus identidades”.
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Las organizaciones afirman expresamente que las preocupaciones de seguridad de esta tecnología “no pueden resolverse mediante cambios en el diseño del producto, mecanismos de exclusión voluntaria o medidas de seguridad incrementales”, porque los afectados no disponen de ningún mecanismo para prestar o denegar su consentimiento antes de ser identificados.
A qué otros productos de Meta se pide que Meta no aplique reconocimiento facial
La petición remitida a Meta no se limita a las gafas Ray-Ban y Oakley: solicita la retirada total de cualquier función de reconocimiento facial en todos los dispositivos ‘wearables’ de la empresa, presente o futura.
Asimismo, las organizaciones exigen que Meta haga público cualquier caso del uso de sus dispositivos de realidad aumentada en situaciones de acoso, hostigamiento o violencia doméstica y sexual, detallando las medidas adoptadas tras esos episodios.
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El requerimiento insta a la empresa a revelar cualquier intercambio, colaboración o consulta con organismos de seguridad y aplicación de la ley de Estados Unidos, incluido el ICE, respecto al uso de dispositivos wearables para tareas de vigilancia o identificación por agentes estatales, según la carta.
De acuerdo con la posición de las organizaciones, la integración de funciones biométricas de reconocimiento facial no debe evaluarse en función de medidas de seguridad accesorias, sino que requiere, en todo caso, un compromiso previo de la empresa para consultar con la sociedad civil, comunidades afectadas y expertos independientes en privacidad,
La carta cierra con una advertencia: “Un enfoque tecnológico que privatiza los beneficios y socializa los perjuicios conlleva consecuencias irreversibles para la seguridad, la libertad y los derechos civiles de las personas”.
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