La Fiscalía de Río de Janeiro rechazó el pedido de Agostina Páez para regresar a Argentina: “Ya le queda poco dinero”

El Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa de Agostina Páez para que pueda regresar a Argentina y afrontar desde su país de origen la causa judicial que enfrenta tras haber sido denunciada por injuria racial.

La postura de la Fiscalía se dio a conocer este miércoles, cuando se expidió sobre las solicitudes realizadas por el equipo defensor de la abogada que está en territorio brasileño desde enero.

“Ya le queda poco dinero”, dijo a Infobae una fuente cercana a Páez, quien desde el inicio del expediente está pagando la estadía en Brasil con sus ahorros.

En el documento, al que accedió este medio, el Ministerio Público consideró que permitir el regreso de la acusada durante el proceso de instrucción de la causa podría debilitar el control judicial y complicar la ejecución de una eventual pena, debido a “la severidad del hecho y la política de tolerancia cero contra el racismo en la ley brasileña“.

Además, pidió al juez rechazar cada uno de los pedidos presentados por los abogados de Páez y avanzar cuanto antes hacia la audiencia de instrucción y juicio oral: algo que todavía no se resolvió.

La respuesta de la acusación surge tras una presentación de la defensa técnica de la argentina, que había objetado la validez del expediente por varios puntos. Entre ellos, que las pruebas digitales habían sido manipuladas, que la abogada desconocía que estaba cometiendo un delito y poniendo en duda la forma en que se sumaron los delitos atribuidos. También había denunciado parcialidad de algunos de los testigos.

Para la Fiscalía, en cambio, la denuncia está bien fundamentada y cumple con todos los requisitos de claridad y detalle que marca la ley. El dictamen señala que “los hechos y las víctimas están identificados, la descripción de los eventos es precisa y existen pruebas suficientes, como testimonios y videos, para continuar el proceso”.

Según el documento, el Código Procesal Penal de Brasil solo exige que la acusación explique claramente lo ocurrido, identifique a los protagonistas y la figura legal involucrada, algo que, según el Ministerio Público, se cumple en este caso. Además, destaca que la misma defensa reconoce conocer los hechos, ya que propone explicaciones alternativas y cita pruebas.

Los videos de la causa

Uno de los focos de la discusión está en la validez de videos y registros audiovisuales obtenidos por empleados y cámaras de seguridad del local donde ocurrieron los hechos. La defensa de Páez pidió retirar esas pruebas argumentando que habría irregularidades en la cadena de custodia y posible manipulación.

La Fiscalía desestimó ese planteo. Según el escrito, en ningún momento se demostró que los registros se hayan adulterado o recolectado de manera irregular.

Además, se remarcó que la acusación no depende de un solo video, sino de un conjunto de pruebas. Por eso, si en la fase de juicio se confirma la autenticidad o se descartan ciertas imágenes, “seguirán existiendo elementos suficientes para que el caso continúe”.

La abogada argentina dice que no lo hizo apropósito

La defensa de Páez insistió en que no existió “dolo”, es decir, intención de cometer un delito, y argumentó que la acusada habría actuado por desconocimiento cultural sobre la norma brasileña. Para el fiscal, esa explicación queda descartada por las pruebas reunidas.

Según consta en el documento, la argentina fue advertida en el momento de que sus acciones constituían un delito. A pesar de eso, “la acusada persistió y agravó sus expresiones en la vía pública”.

“La actitud de sus amigas, que buscaron contener las ofensas, demuestra que la propia acusada y su círculo sabían que lo que hacían era ilegal”, sostiene el escrito.

Otro punto planteado por la defensa fue comparar la injuria racial con delitos menos graves, pidiendo un tratamiento más flexible. La Fiscalía recordó que, desde la sanción de la Ley 14.532/2023, la injuria racial pasó a considerarse una forma de racismo para la ley brasileña. Por eso, este delito no se juzga de la misma manera que una ofensa común, sino que recibe una protección especial.

El rechazo a su vuelta a Argentina

La defensa de Páez solicitó que, en virtud del Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre Argentina y Brasil, la acusada pudiera volver a su país, enfrentar el proceso desde ahí o cumplir una eventual condena en Argentina.

La Fiscalía, sin embargo, negó ese camino: dice que el tratado rige una vez que hay condena definitiva y con la aceptación de ambos países y de la persona condenada.

“La autorización para que Páez regrese a su país durante la investigación perjudicaría el normal avance de la causa y debilitaría los controles jurisdiccionales", remarca el escrito. Asimismo, subraya que la ley de Brasil permite mantener la prohibición de salir del país mientras sea necesaria la presencia de la acusada, y así lo solicita la Fiscalía.