Las cifras detrás del anuncio del Presidente sobre las cárceles: hay casi 50 mil presos en la provincia de Buenos Aires

Alberto Fernández había comenzado su gestión a fines de 2019 con una pequeña bomba de tiempo, una que podía estallar en tandas, o toda de golpe: las cárceles y comisarías del país enfrentaban la mayor sobrepoblación de su historia.

Casi siempre hay un televisor en el pabellón, los presos y presas se sientan y miran. En una cárcel del territorio bonaerense, su discurso de asunción de diciembre del año pasado ante el Congreso reemplazó a los noticieros o a los programas de polémicas futboleras que suelen estar de fondo contra el ruido de las rejas y los portones y las charlas en voz alta. Esta vez, los detenidos miraron con atención. Escucharon cómo el nuevo Presidente criticaba al Poder Judicial, cómo Fernández anunciaba el envío al Parlamento “en los próximos días” de “un conjunto de leyes que consagran una integral reforma del sistema de Justicia”, cómo planteaba “un contundente Nunca Más” a “una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”.

Sin embargo, los presos bonaerenses, el 60 por ciento procesado, sin condena, no pensaban en el lawfare atribuido a Comodoro Py, sino en el lawfare del conurbano profundo.

La frase siguiente de Fernández fue significativa: “Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme”. Ese pabellón, así como los de al menos doce cárceles bonaerense -Batán, Mercedes, Campana varias unidades del complejo de Florencio Varela, Sierra Chica- se declararon en estado de huelga de hambre de cara al hacinamiento y la sobrepoblación.

El coronavirus todavía ni siquiera era parte de la narrativa, con los bestiales motines disparados por los pedidos de excarcelaciones y el miedo a la enfermedad que golpearon en Devoto, en la Unidad N°23 de Florencio Varela, en la N°32, en las cárceles de Coronda y Las Flores en Santa Fe, con presos muertos, penitenciarios acusados de matarlos a tiros de plomo, penitenciarios heridos y escenas dantescas de violencia agitadas por el pánico y por motivos diversos, rencillas barrabrava, peleas internas de pabellones. El motín de la N°23, que terminó con Federico Rey, preso por robo, atravesado por disparos de posta de plomo, se había iniciado por el supuesto audio de WhatsApp de un médico del penal que presagiaba que todos los detenidos, tarde o temprano, iban a contagiarse.

Este viernes por la mañana, casi nueve meses después, Fernández sorprendió con un anuncio que fue tomada como una señal de cambio por muchos sectores: “La pena es la lógica consecuencia del delito. Quien delinque merece una pena, es el modo que tiene la sociedad para recomponer el orden que se altera ante el delito”, aseguró, y planteó además: “Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada”.

Fernández afirmó además que “el encierro es una penuria muy grande, y no pude haber más penuria que esa” para la persona condenada y sostuvo que no se puede “seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país.

Lo dijo desde la Quinta de Olivos, en el contexto de una presentación en el complejo penitenciario de San Martín del SPB bajo el ministro de Justicia Julio Alak, con la inauguración de 364 nuevas plazas para detenidos. El SPB, por su parte, anunciaba minutos después un “Plan de Infraestructura Penitenciaria, en el marco del programa “Más trabajo, menos reincidencia”: talleres, aulas, 15 hospitales penitenciarios con 390 camas, tres módulos en Florencio Varela. En el penal número 32, por ejemplo, los detenidos sospechados de estar infectados son enviados a las aulas y salones, fuera de las celdas, en medio de una creciente tensión. A mediados del mes pasado, en la misma cárcel, tres casos positivos fueron aislados en el salón de usos múltiples.

En lo que va de la cuarentena, según datos de la Procuración de Violencia Institucional, más de 2200 mil detenidos dejaron los penales federales por excarcelaciones concedidas por el coronavirus entre otros motivos como condenas cumplidas. Así, el SPF abandonó la línea roja del hacinamiento por primera vez en más de cinco años. Sin embargo, el SPB sigue en números de alarma: tiene más de 42 mil detenidos, con espacio para 24 mil.

Las comisarías bonaerenses tienen un número mucho más grave: 5480 detenidos, con lugar para 1200, 350 por ciento de su capacidad, un dato difundido por la Comisión Provincial por la Memoria y confirmado por fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a Infobae. El número creció exponencialmente: en agosto de 2019 se informaron 3807 detenidos en dependencias policiales, un dato que sorprende si se contrasta con las últimas estadísticas de la Procuración que hablan de descensos de la cantidad de expedientes iniciados entre 2019 y 2020: entre fines de marzo y fines de junio, Lomas de Zamora, la jurisdicción con más casos de la provincia, marcó 30 mil expedientes, 12 mil menos que en el mismo período del año pasado, las causas en Mar del Plata bajaron casi un 50 por ciento. La sobrepoblación trae problemas evidentes: escenas de vejaciones, riesgos de fugas y motines, con muertes por incendios en Esteban Echeverría y Pergamino, inhabilitaciones judiciales en serie.

“Tiene que resolver la justicia rápido si están para liberarlos o tienen que ir a dependencias carcelaria”, aseguran cerca del ministro Sergio Berni: “Se denuncia esto todos los días, pero la situación sigue así”.

Mientras tanto, los detenidos en la provincia escuchan con atención otra vez el mensaje del presidente. No solo se trata de herramientas, sino que es una cuestión de Justicia. Un veterano de tres condenas en una cárcel del conurbano no cree mucho en Fernández: “Acá el tema no es solo hacer más cárceles. A mí me tocó con la más fea. Siempre me fui con una caución, salida laboral. Necesitamos un presidente que tenga las cosas claras. Ahora la veo dura. No vas a reintegrar más a alguien. La cárcel nunca va a dejar de ser una escuela de delincuencia. Acá se juntan las bandas. Más pabellones, talleres. Eso se hace hace años. En Sierra Chica pican piedras. Salen y roban igual”.

“El tema son los ‘pasados’, los que tienen la chance de irse, los que están para dejar la cárcel para acceder a un beneficio en el tramo final de su condena. El que chorea pierde, listo, que se joda, pero acá en la celda hay tipos que duermen en el piso. Viene un psicólogo, te firma y te dice que no sos apto para volver a la sociedad”, continúa. El reclamo de los “pasados”, por ejemplo, empujó a los techos a los presos del penal número 10 de Melchor Romero, otra escena dantesca de abril de este año.

Esta mañana, la Procuración Penitenciaria de la Nación publicó las cifras de enfermos de coronavirus en los penales federales: 222, con siete fallecidos, 86 casos en alcaldías y comisarías de la Policía de la Ciudad. El 57 por ciento de los hisopados dio un resultado positivo.

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