
Casi dos meses después de la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina, el COVID-19 ingresó a un penal bonaerense. En medio de la cuarentena obligatoria, el 19 de abril, el preso Julián Arakaki, de 49 años, alojado en la Unidad N°42 de Florencio Varela dio positivo de coronavirus y encendió las alarmas de todos los presos del país. Ese día, Arakaki se transformó en el primer detenido infectado del país.
A partir de allí, el miedo a que el virus entre a los penales se esparció entre los detenidos. Luego, una serie de motines en La Plata y Florencio Varela, primero, que produjeron escenas dantescas viralizadas por WhatsApp y hasta un detenido murió a tiros con una penitenciaría acusada.
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Sin embargo, el punto culmine fue el violento motín en el penal de Villa Devoto el 24 de abril pasado. Los presos se adueñaron de los techos de la cárcel con arpones y mantas, reclamando que no querían morir allí dentro infectados. El hecho ocurrió cinco días después del resultado positivo de Arakaki, hoy recuperado.
A las pocas horas, el conflicto se zanjó y comenzaron una serie de mesas de diálogo entre los convictos y distintos funcionarios. Pero el miedo continuó y los contagios aparecieron dentro de las cárceles, como así también en varios centros de detención del país.
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Así lo marcó el último informe realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) Según el estudio, en el país hay 130 presos que se contagiaron COVID-19 en contexto de encierro. El informe divide los lugares de detención en dos: unidades penitenciarias y comisarías.
En el primero hay 66 y en el segundo 64, se indica.
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De este modo, en comparación con otros países del mundo, la situación se mantiene dentro de una tensa calma, a pesar de ser un sistema sobrepoblado con 45 mil presos en la provincia de Buenos Aires, más de 13 mil a nivel federal. Por ejemplo, en el estado de Nueva York se encuentra una de la prisiones más famosas del mundo: Rikers Island, célebre por el encierro de mafiosos, repetida en series y películas. Allí, la situación fue crítica.
El 1 de abril tuvieron que liberar a 900 presos porque en menos de 12 días los contagios dentro del penal habían aumentado a 200, 70 casos más que en todo la Argentina a casi cuatro meses de inicio de la cuarentena.
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Sin embargo, según el informe, hay números que preocupan. En Corrientes, por ejemplo, el número de contagiados dentro de cárceles asciende a 27 y en el Sistema Federal Penitenciario a 29, donde la mayor cantidad de contagios se dio en el penal de Devoto.
Dentro de comisarías, la provincia de Chaco es una de las más afectadas por la pandemia: cuenta con 2793 casos positivos, lidera la lista con 29 detenidos con COVID-19.
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Además, el informe señala que después de Chaco la Ciudad de Buenos de Aires es donde más casos positivos aparecieron dentro de dependencias policiales: 23.
Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, el lugar donde hay más densidad de población en el país y cuenta con el territorio más extenso, los casos aparentan ser pocos, al menos en lo que las autoridades reconocen. En unidades penitenciarias, 10, y en comisarías, 12.
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El número en penitenciarías fue actualizado hoy por fuentes del SPB: ya son 14 en total.

No obstante, en el territorio bonaerense fue donde más protestas los detenidos realizaron desde el inicio de la cuarentena obligatorios frente a la pandemia, se produjeron: 9 del total de 38 a lo largo del país. Luego, la provincia de Mendoza con 5. En Santa Fe y en Rio Negro hubo, 4, y en Córdoba, Corrientes y Entre Ríos, 3.
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De este modo, el coronavirus cambió el mapa de las cárceles. Cambió su dinámica, su vida cotidiana. Por ejemplo en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), por acuerdo de los internos y a la demanda de las autoridades se prohibieron las visitas. Luego, una decisión judicial permitió el uso de teléfonos celulares para comunicarse con familiares, sin permiso para emplear redes sociales. Los bagayos, los paquetes de mercadería, son desinfectados e inspeccionados antes de que lleguen a los internos.
Por otra parte, por ejemplo, el SPB comenzó un proceso de contención psicológica. Ciento veinte profesionales comenzaron a atender a detenidos por sistemas como Zoom y Google Meet, en reemplazo de las consultas presenciales. El programa estará coordinado por el área de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, los psicólogos y psicólogas que prestan servicio en esa dependencia, en el Servicio Penitenciario Bonaerense y en la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia.
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La tensión por la falsa información puede explotar: la circulación de un supuesto audio de un médico fue lo que desencadenó el disturbio que terminó con el asesinato de Federico Rey en la Unidad N° 23 en abril pasado.
Por lo pronto, presos en penales de Florencio Varela hablan de gran cantidad de aislamientos en pabellones y de una marcha que se organizará en los próximos días por familiares de detenidos.
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