El brutal motín en el penal de Florencio Varela donde mataron a un preso se disparó por un audio falso de WhatsApp

El motín más caótico y violento de la historia reciente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires se disparó por un audio de WhatsApp que podría ser una noticia de mentira, una fake news. Fue en la mañana de ayer, el audio había llegado a los teléfonos de un grupo de presos en el pabellón de máxima seguridad de la Unidad N°23 de Florencio Varela: era la voz de un hombre, un supuesto médico que decía ser del Servicio Penitenciario Bonaerense, que decía que si el virus entraba a un penal, todos morirían. El dato se desprende de testimonios de detenidos recolectados por Sandra Raggio, la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, que lo confirmó ante la consulta de Infobae.

Así, tras oír el mensaje de la muerte segura por la pandemia en sus teléfonos, los presos del pabellón de máxima seguridad, inquietos, alborotados, ganados por la ansiedad, dejaron sus celdas y ganaron los techos, primero uno, luego otro. Luego, el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense llegó para responder.

Así, rodó la violencia. Los presos decían estar jugados. “O nos morimos del corona, o de huelga de hambre, o a los tiros", aseguró uno, desafiante, confundido.

La tarde comenzó con un muerto, Federico Rey, de 30 años, un joven de la zona condenado por robo calificado, fallecido en los techos. Pero el cuerpo muerto no alcanzó para detener el caos, que duró casi 12 horas, una tarde entera de postas de goma que terminó con 20 reclusos heridos.

Los presos mismos filmaron el disturbio: lo viralizaron, escenas dantescas que llegaron por WhatsApp a familiares de detenidos, abogados, jueces, periodistas, los videos mostraban heridas y sangre, presos escudados con mantas como si fuesen toreros yendo de frente contra penitenciarios con escopetas y cascos antidisturbio en los pasillos que unen los pabellones. Los pabellones fueron sumándose a la pelea violenta uno por uno, hasta los presos evangelistas, los llamados hermanitos en la jerga, decidieron salir de sus celdas para lanzar piedras y agitar.

Al caer la tarde, los presos se subieron a los techos otra vez. Sus abogados y familiares dejaban la cuarentena alertados por WhatsApp, llegaban a las puertas del penal. Sandra Raggio y Roberto Cipriano -las máximas autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que supervisa la situaciones y condiciones de violencia institucional en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires- llegaron al ardor del motín para ser testigos, tomar testimonios y mediar en la situación. Integraron la mesa de enlace que hizo falta para desarticular el disturbio y la protesta, integrada por autoridades del SPB, de los organismos de derechos humanos, de la Justicia. “Se hizo una audiencia con referentes de los pabellones, se tuvo que garantizar que no iba a haber más represión, hubo que construir un escenario de confianza”, asegura Raggio.

Los reclamos se mezclaron entre sí: algunos hasta exigieron que los separen de los condenados por violación y abuso sexual, amenazaron con “darle a los violines” si sus demandas no eran aceptadas. El miedo al coronavirus era la constante; Julián Arakaki, el único detenido infectado en el país, había estado en ese penal. También reclamaban salidas, excarcelaciones, que los jueces resuelvan pedidos para salir.

"Los pabellones en el conflicto eran infrahumanos. Veíamos por las rejas. En celdas de dos personas hay 7, duermen en el baño, hay ratones. En un pabellón evangelista personas de 65 años o más pedían hablar con nosotros. Hay niveles de angustia y de estrés y malestar muy intensos. Se complejiza aún más con los pedidos de morigeración que tardan, los jueces no dan respuestas. El acceso de las personas detenidas a la Justicia es muy bajo. La situación es muy sensible”, dice la directora de la CPM.

Así, durante el transcurso del día, Raggio y Cipriano escucharon a los presos. La versión del SPB indicaba que el motín había explotado tras un enfrentamiento entre presos. “Ninguno de los testimonios que escuchamos indica eso”, asegura Raggio, que por otro lado elogia los esfuerzos del Ministerio de Justicia bonaerense del cual depende el SPB para contener la situación. La versión, según fuentes, provino de los penitenciarios que actuaron en el lugar.

En la mesa de enlace que calmó el motín estuvo también el juez de garantías Marcelo Villagra, junto a la fiscal Roxana Giménez y el ayudante fiscal Cristian Granados de la UFI N°9 de Florencio Varela. Los tres estaban allí por un motivo en particular: investigar la muerte del preso Rey. Poco después de las 21 de ayer, el cuerpo del detenido fue trasladado por una ambulancia a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, con una cadena de custodia a cargo de personal oficial que no era policial o penitenciario para que no se interfiera con el cuerpo.

Ayer por la noche, fuentes de la causa aseguraron a Infobae que el análisis a primera vista del cuerpo, realizado por una médica, no reveló heridas de faca, como aseguraron penitenciarios, pero sí varias marcas de postas de goma.

Los resultados de la autopsia se esperaban para este mediodía. El audio también podrá ser investigado por la Justicia por el estrago que causó, se podrá identificar a quién lo grabó y lo envió, por malicia, por cálculo o por estupidez. En los últimos tiempos, jueces y fiscales de todo el país sentaron el precedente: las fake news en la pandemia ahora son un delito penado con la cárcel, bajo la calificación de intimidación pública.

Mientras tanto, fuentes del SPB informaron que 1200 presos a lo largo de la provincia ya se encuentran en huelga de hambre, luego de los 300 iniciales que anunciaron la medida a comienzos de esta semana: unidades en Campana y La Plata se sumaron a la protesta, un nuevo frente de tensión.

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