La Defensoría del Pueblo presentó este viernes un paquete de medidas que buscan “aliviar la situación” de miles de personas que habitan en viviendas “con algún grado de irregularidad” o se encuentran en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires.
El primero de los cuatro proyectos impulsados por el defensor Alejandro Amor propone declarar la “Emergencia Habitacional” por un plazo de dos años. Esta medida significaría en los hechos la suspensión de los desalojos por un año.
Por otro lado, pide el traspaso de todos los trámites de desalojo al Fuero porteño, la participación obligatoria del Gobierno en todas las subastas judiciales de inmuebles, la modificación del fondo “hábitat sustentable” y la creación de un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.
Según detallaron desde la Defensoría, “lo que está en juego es el derecho a la vivienda de miles de personas que como consecuencia de las sucesivas crisis económicas perdieron sus trabajos formales, pasaron a la informalidad o directamente no tienen empleo; incluso también de quienes perdieron la vivienda propia, no pudieron afrontar los alquileres o el pago de habitaciones en hoteles y pensiones”.
Las viviendas “con algún grado de irregularidad” abarcan situaciones de hacinamiento o en estado de conflictividad por judicialización de los titulares de los inmuebles.
En el último año, la Defensoría intervino en 43 casos de desalojos, de los cuales 22 ya se llevaron a cabo, con 131 grupos familiares afectados; en tanto aún siguen en proceso 21 casos con 364 familias involucradas. “En todos los casos se trata de sectores de la sociedad de escasos recursos y situaciones de extrema vulnerabilidad”, señalan.
La mayoría de los procesos judiciales de desalojo no se tramitan en juzgados porteños sino en juzgados nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. “Esta situación no sólo provoca una vulneración del sistema de Gobierno Federal sino que además atenta contra la autonomía de la ciudad”, argumentan.
En ese sentido, Alejandro Amor entiende que la propagación de procesos de desalojo de inmuebles en la ciudad, en un contexto de creciente déficit habitacional, requiere de la intervención de diferentes organismos y entidades públicas con jurisdicción local. “Este escenario exige otorgar prioridad a la transferencia progresiva de las facultades y las funciones de la judicatura en este tipo de procesos”, plantearon.
Por otro lado, propusieron la modificación del Fondo Público “hábitat sustentable”, que está integrado con lo recaudado mediando el pago de los Derechos para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, para que el mismo transfiera anualmente el 30% a un fondo especial que estará a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad para la implementación del Plan de Vivienda Asequible y para la adjudicación de soluciones habitacionales.
Asimismo, se establece que el Fondo destine anualmente el 20 por ciento para la construcción y equipamiento de Centros de Inclusión que brinden alojamiento a familias en situación de calle (generalmente víctimas de desalojos). Los centros deberán funcionar las 24 horas, brindar las cuatro comidas diarias, así como también baños y duchas con el equipamiento de higiene y toallas correspondiente.
Finalmente, el paquete de medidas establece que el Gobierno porteño deberá asistir a todas las subastas judiciales con el objeto de ofertar en caso de oportunidad o conveniencia y así evitar en forma inmediata el desalojo hasta tanto se encuentre una solución alternativa. También dispone que la Defensoría del Pueblo porteña asista en carácter de veedora.
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