Juntos Por el Cambio ya había fijado su postura antes que el proyecto del Gobierno Nacional para regular las restricciones ingresara al Congreso. Sus principales dirigentes mantuvieron una reunión virtual en la que manifestaron su rechazo a la iniciativa oficialista bajo la premisa que la misma le otorgaría “superpoderes” a Alberto Fernández en el transcurso de la pandemia. “Antes de oponerse, que primero lean la ley”, reaccionó el Presidente en diálogo con Infobae. Finalmente, luego de una semana de incertidumbre, el Poder Ejecutivo envió este lunes el proyecto al Congreso. El oficialismo apunta a generar un consenso político para aprobar la norma pero la principal coalición opositora ratificó su rechazo.
A través de un comunicado titulado “De la pandemia no se sale con autoritarismo”, el bloque de diputados nacional del PRO acusó al Gobierno de Alberto Fernández de pretender “acrecentar sus atribuciones en desmedro de la Constitución y de las autonomías provinciales”.
“Asistimos una vez más a un evidente ataque al sistema federal de gobierno elucubrado con fines partidistas que en nada ayuda a preservar la institucionalidad y la división de poderes. Pareciera que el Presidente busca recuperar la autoridad perdida ante el desgaste al que es sometido a diario por un diseño del ejercicio del mando ajeno a nuestra tradición presidencialista”, cuestionaron y remarcaron que “en un rapto de insospechada osadía fronteriza”, el mandatario envió la iniciativa “echando mano a las facultades extraordinarias y poniendo en tensión el funcionamiento de las instituciones de la democracia”.
Para el PRO este tipo de “demostraciones de fuerza” solo sirven “para vulnerar las libertades civiles y envenenar la seguridad jurídica”. Además de las críticas por este proyecto, el ala más dura de Juntos Por el Cambio apuntó al oficialismo por la relación con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, los ataques a la Justicia, el “vacunatorio VIP”, la violación de los derechos humanos en Formosa, la salida del ex ministro de Salud Ginés González García y otros funcionarios, “y el faltante de vacunas por ineptitud, imprevisión y manejos oscuros”.
“A nadie escapa que los constantes titubeos le han quitado capacidad de respuesta al gabinete nacional cuando la realidad exige firmeza y determinación en la máxima dirección del país”, afirmó el bloque opositor.
El PRO puso el foco en el artículo 21 del proyecto que contempla la suspensión de las clases presenciales en los distritos que ingresen en la fase de “Alerta Epidemiológica”. Esto sería cuando el número de casos positivos acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea igual o superior a 500 y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al 80%. En ese sentido el PRO señaló que “el Presidente se empecina en cerrar las escuelas, tal vez con la intención de ningunear el fallo de la Corte Suprema”.
“Lo que no logró con un DNU inconstitucional quiere obtenerlo a través del Congreso mediante un proyecto de ley cuyo marco normativo es el citado DNU, con el que busca fijar criterios epidemiológicos, establecer medidas sanitarias y suspender las clases presenciales en la CABA”, se agregó en el comunicado difundido este lunes.
Además, fundamentaron su rechazo a partir del artículo 29 de la Constitución “que prohíbe al Congreso conceder facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo”. “La persistencia del gobierno en aprobar a cualquier precio sus caprichos degrada la democracia y coloca al país al borde de la dictadura. Un verdadero retroceso que no estamos dispuestos a avalar ni a consentir por acción u omisión”, concluyó el bloque presidido por Cristian Ritondo.
Por su parte Mario Negri, presidente del bloque UCR y del Interbloque Juntos Por el Cambio en la Cámara Baja, manifestó: “Que no se confunda el Poder Ejecutivo Nacional, que no pretenda actuar como si éste fuera un país unitario. Los gobernadores y el Jefe de Gobierno de CABA no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo que ingresó al Senado”.
El próximo paso del Gobierno es sancionar la ley antes del 21 de mayo, fecha en la que vence el DNU vigente.
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