Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

El Perú llega al último debate presidencial con tres crisis simultáneas encima. El paro agrario indefinido convocado por Conveagro entra en su tercer día con bloqueos en nueve regiones, los gremios de transportistas anuncian una paralización propia por la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector, y los comerciantes y mototaxistas de varias ciudades del país pagan cupos diarios para seguir trabajando o arriesgan su vida si se niegan. Este domingo 31 de mayo, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en el último debate presidencial antes de las elecciones del 7 de junio, con la obligación de explicar cómo piensan resolver lo que millones de peruanos viven hoy.

El campo paralizado y sin respuesta

El paro agrario indefinido mantiene bloqueadas las principales carreteras del norte, sur y oriente del país. Los agricultores arroceros, que venden su cosecha a S/ 45 o S/ 50 el saco pero invierten cerca de S/ 15.000 por hectárea, exigen la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, la suspensión de importaciones de arroz y medidas urgentes frente al alza de fertilizantes e insumos.

La respuesta del gobierno hasta ahora —un comunicado del Midagri con tres líneas de acción y sin plazos concretos— no convenció a los gremios, que mantienen los bloqueos y amenazan con radicalizar la protesta. En Piura, agricultores lanzaron piedras contra camiones y obligaron a la Policía Nacional a replegarse en El Trébol. En Ucayali, la carretera Federico Basadre permanece cortada. En Lambayeque, más de 32.000 productores marcharon hacia el Gobierno Regional. El impacto acumulado ya afecta el abastecimiento de mercados, el transporte de pasajeros y los servicios educativos en varias regiones.

Ambos candidatos presidenciales deberán responder este domingo qué harían de forma concreta frente a una crisis agraria que lleva más de dos meses de advertencias sin atención y que hoy paraliza al país.

Transportistas y mototaxistas: trabajar o morir

La crisis de seguridad en el sector transporte alcanzó niveles que ya no admiten eufemismos. En Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura y otras ciudades del país, los conductores de mototaxis, taxistas, propietarios de combis y operadores de transporte de carga reciben amenazas sistemáticas de organizaciones criminales que exigen el pago de cupos semanales o diarios para dejarlos trabajar. Quienes se niegan reciben el mensaje de la única forma en que estas organizaciones lo envían: con un disparo.

Los asesinatos de transportistas por extorsión se han incrementado de forma sostenida en los últimos meses. Los gremios del sector anunciaron un paro nacional de transportistas para el 2 de junio si el gobierno no presenta un plan de seguridad concreto en el corto plazo. La amenaza llega en el peor momento posible: con las carreteras ya bloqueadas por el paro agrario, una paralización del transporte podría generar un desabastecimiento de proporciones que el país no ha visto en años.

El fenómeno no se limita al transporte. Negocios de todo tamaño —bodegas, restaurantes, ferreterías, mercados— en zonas urbanas y periurbanas de las principales ciudades reportan extorsiones regulares. La lógica es la misma: paga o cierra, y si cierras, atenemos las consecuencias. La economía informal, que sostiene a millones de familias peruanas, opera hoy bajo una presión criminal que el Estado no ha logrado contener.

El debate que no puede ser solo promesas

El domingo 31 de mayo, Fujimori y Sánchez protagonizarán el último debate presidencial antes de la jornada electoral del 7 de junio. Será la última oportunidad para que ambos candidatos presenten ante el país sus planes concretos en las dos materias que más preocupan a la ciudadanía en este momento: seguridad ciudadana y crisis del agro.

En seguridad, el electorado no espera diagnósticos: ya los conoce. Espera saber cuántos efectivos policiales adicionales se desplegarán, qué harán con la legislación que los gremios de agricultores y transportistas califican de “procrimen”, cómo combatirán las redes de extorsión que operan con total impunidad en mercados, paraderos y carreteras, y qué pasará con los recursos del Estado que hoy no llegan a las zonas donde la violencia ya tomó el control.

En materia agraria, los productores que llevan tres días bloqueando carreteras quieren escuchar si alguno de los dos candidatos está dispuesto a declarar la emergencia del sector, regular las importaciones de arroz y abaratar el acceso a fertilizantes. Las propuestas que ambos equipos técnicos presentaron en el debate del 27 de mayo ante el JNE dejaron claro que las visiones son distintas: Juntos por el Perú apuesta por crédito subsidiado y derogación de leyes que favorecen al agroexportador; Fuerza Popular por inversión privada, reactivación del Pronamach y obras de infraestructura hídrica.

El país que recibirá al próximo presidente el 28 de julio no es el mismo que eligió en primera vuelta. Es un país con carreteras bloqueadas, transportistas amenazados de muerte y agricultores que derraman su cosecha sobre el asfalto porque no les queda otra forma de hacerse escuchar. El debate del domingo es la última oportunidad para que los candidatos demuestren que lo entienden.