El futuro de la agricultura peruana se encuentra ante una encrucijada. El Tribunal Constitucional (TC) evalúa una demanda que podría prohibir el uso de pesticidas como el glifosato, el imidacloprid y la clotianidina, lo que pondría en riesgo la producción agrícola, el empleo rural y los precios de los alimentos en Perú, según advirtió el Comité de la Industria Agrosostenible de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
El origen del conflicto reside en la demanda N°00871-2021-0-0301-JR-CI-01, presentada por asociaciones civiles de Apurímac, que solicitan retirar del mercado estos insumos por presuntos riesgos para la salud, aunque, de acuerdo con la SNI, no existe evidencia técnica concluyente que respalde tal medida.
En su defensa, el gremio sostiene que el glifosato, el imidacloprid y la clotianidina han sido señalados como herramientas fundamentales para la productividad agrícola, gracias a su “eficacia, costo accesible y disponibilidad”.
El fallo del TC: escenario de alta tensión para la agricultura peruana
El glifosato, en particular, representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en el país. Según el comunicado de la SNI, organismos internacionales como la Environmental Protection Agency (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran seguro su uso bajo condiciones reguladas y actualmente no existe sustituto que iguale su eficiencia a nivel global.
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En su pronunciamiento, el Comité de la Industria Agrosostenible de la SNI sostuvo que, en el peor escenario, el impacto sería inmediato y se reflejaría tanto en la cadena productiva como en el consumidor final.
Se prevé una caída en la producción agrícola, mayores pérdidas económicas para los productores y un incremento sostenido en los precios de frutas y verduras.
“No se trata solo de una afectación al agro, sino de un golpe a la economía familiar. Producir alimentos sería más costoso y complejo, y ese sobrecosto terminaría trasladándose inevitablemente al consumidor”, señaló Renzo Gomero, representante de la SNI.
Glifosato y otros insumos, ¿herramientas sin reemplazo en el agro?
El comunicado enfatiza que en Perú existe un marco normativo específico que regula el registro, la evaluación, el uso y la eventual cancelación de plaguicidas. La SNI advierte que desconocer este marco debilitaría la institucionalidad estatal y pondría en riesgo la seguridad jurídica del sistema regulatorio.
La asociación civil Cultivida también alertó sobre posibles efectos contraproducentes. Su director Ruben Carrasco indicó que “menos producción, más precios y menos empleo es el escenario más probable si se concreta esta medida”.
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Consideró fundamental que cualquier decisión se base en evidencia científica, ya que restringir estos insumos sin alternativas técnicas equivalentes debilitaría la competitividad del sector agrario y aumentaría la vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades.
Recuperación sectorial en riesgo por restricciones, según SNI
El pronunciamiento recuerda antecedentes como la cancelación del paraquat. A pesar de haber sido retirado del mercado formal, este producto sigue ingresando al país de manera ilegal desde naciones vecinas donde aún se permite su uso.
“Cuando un producto ingresa de manera ilegal, no existe trazabilidad ni garantías sobre su manejo adecuado, lo que incrementa los riesgos en los agricultores, consumidores y ecosistemas”, advirtió la SNI.
Este contexto se presenta mientras el sector agropecuario muestra señales de recuperación, con un crecimiento de 2,4% hasta febrero de 2026 en 16 de las 24 regiones del país. En tal sentido, el comunicado de la SNI advierte que este avance podría verse abruptamente interrumpido de concretarse la prohibición.
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