Las estrategias de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en esta segunda vuelta para llegar a ser el nuevo huésped de Palacio de Gobierno

La segunda vuelta presidencial de 2026 en Perú colocó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez frente a la que será la elección presidencial más fragmentada de la historia reciente del Perú. El balotaje del próximo domingo 7 de junio encuentra a ambos candidatos liderando las preferencias, aunque con niveles de apoyo que no superan el 30 por ciento individualmente, un registro inédito desde el retorno de la democracia.

Solo el 29,1% de los votos válidos se concentró en ambas candidaturas durante la primera vuelta, según los resultados oficiales difundidos por la ONPE.

Perfil de los candidatos presidenciales y vicepresidentes

Keiko Fujimori Higuchi, administradora de empresas y máster en Administración de Empresas, concentra su experiencia en la gestión y conducción partidaria, habiendo sido congresista de la República entre 2006 y 2010. Actualmente lidera Fuerza Popular y declaró en su hoja de vida una remuneración bruta anual en el sector privado de S/ 271.853,45.

Roberto Sánchez Palomino, psicólogo con maestría en Políticas Sociales, ostenta una carrera pública como congresista (2021-2025) y apoderado de Juntos por el Perú, con ingresos correspondientes al sector público por S/ 224.945,83 en el periodo consignado oficialmente. Ambos afirmaron no registrar sentencias ni demandas en su contra.

La comparación revela que el entorno de Fujimori cuenta con figuras de amplia trayectoria política, como Luis Galarreta Velarde, quien fue regidor de Lima (2003–2006), congresista tres periodos consecutivos y presidente del Congreso en 2017. Junto a Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista, constituye la fórmula para la vicepresidencia de Fuerza Popular.

Por su parte, Rodolfo Sánchez postula acompañado por Anali Márquez Huanca, abogada especializada en gestión pública local, y Brígida Curo, con experiencia en el sector agropecuario y administración local.

El plan de gobierno muestra modelos opuestos para la economía y el desarrollo rural

El plan de Keiko Fujimori prevé medidas específicas de impulso agroindustrial y modernización de la infraestructura agrícola, como el desarrollo del “Programa Nacional de Riego Tecnificado” y la entrega de 5.000 tractores financiados por el Estado. Además, plantea fortalecer la asistencia técnica, la innovación y la ejecución del “Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua” en zonas altoandinas.

Roberto Sánchez propone un enfoque centrado en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria, con protección de recursos hídricos agrícolas y políticas activas de combate contra plagas. Su propuesta promueve la agroecología y rechaza la exclusión del campesinado en la producción. Su plan estipula la elaboración de “Planes Regionales de Adaptación Climática” mediante infraestructura verde, la ampliación de seguros climáticos y la modernización de sistemas de monitoreo ambiental. También plantea financiar la conservación de cabeceras de cuenca y priorizar el uso del agua para consumo humano y seguridad alimentaria.

La política económica de Fujimori apuesta por la productividad y la articulación empresarial, declarándose a favor de la digitalización y la formación de clústeres productivos. El plan describe la promoción de la inversión privada y la estabilidad jurídica como requisitos para la reactivación económica y la generación de empleo formal.

Sánchez, en contraste, perfila una economía mixta enfocada en la soberanía sobre los recursos naturales; su plan propone modificar el régimen constitucional para permitir mayor intervención estatal, regular monopolios y proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera.

Educación, salud y descentralización: derecho universal versus modernización de la infraestructura

La propuesta de Fujimori contempla la construcción de 3.000 colegios y el fortalecimiento de la educación técnica y universitaria, acompañada de la entrega de dispositivos electrónicos con acceso a internet y la implementación de programas para reducir la deserción, como “Transferencia a la Alta Secundaria”. También prevé la ejecución de una política de modernización de hospitales e infraestructura básica, fundamentada, según el diagnóstico presentado, en la realidad de que “9 de cada 10 hospitales presentan una infraestructura inadecuada”.

El plan de Sánchez define la “educación pública universal” como un derecho fundamental para reducir las brechas sociales y plantea garantizar el acceso gratuito en todos los niveles, junto con la integración curricular de la identidad cultural. En salud, busca elevar el gasto sectorial por encima del 6% del PBI y crear un sistema único digitalizado, junto con la modernización del primer nivel de atención y la interoperabilidad de las historias clínicas.

Sobre descentralización y servicios básicos, el fujimorismo propone la modernización del proceso y la asistencia técnica a gobiernos subnacionales a través del programa “Asiste Regional”, además del alineamiento de incentivos municipales con políticas nacionales. Sánchez propone una redistribución directa de recursos mediante “Canon para el Pueblo” y la universalización de servicios como alimentación, salud y educación.

Seguridad, justicia y recursos estratégicos: innovaciones tecnológicas y control estatal

Para seguridad ciudadana, el equipo de Keiko Fujimori propone la digitalización y el control tecnológico de los procesos estatales, como la “digitalización de procesos de licitación” y la trazabilidad del gasto público. En materia penitenciaria y policial, el plan prevé la creación de “sistemas integrales de bloqueo de señales móviles” en penales, el uso de inteligencia artificial en centros de comando, nuevas infraestructuras carcelarias administradas temporalmente por las Fuerzas Armadas, y una reforma estructural de la Policía Nacional.

Sánchez plantea la creación de una “Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional”, la reparación para víctimas y la revisión de casos de criminalización de la protesta. Su documento propone modificar la Constitución para nacionalizar recursos estratégicos y facultar la actividad empresarial del Estado en sectores extractivos. También estipula que la renta minera y del gas debe destinarse a la industrialización y la soberanía energética nacional.

Medio ambiente y vivienda: brechas, enfoques y prioridad social

La defensa ambiental bajo la propuesta fujimorista se articula en torno al monitoreo satelital contra la deforestación, la creación de un “Fondo Verde Amazónico” y regímenes de incentivos tributarios para empresas que inviertan en reciclaje. Además, se prioriza el financiamiento de planes de conservación de ecosistemas mediante fondos de agua y el uso del recurso hídrico para el consumo humano y la agricultura familiar.

La propuesta habitacional de Fujimori incluye la construcción de 1,25 millones de viviendas, la titulación masiva de propiedades estatales y el desarrollo de “Ciudades Inteligentes” con servicios básicos completos. Según el documento, el déficit afecta a 500.000 familias sin vivienda y se plantea la participación del Banco de la Nación en créditos hipotecarios, así como la incorporación del derecho a la vivienda en la Constitución.

Sánchez, por su parte, enfatiza la recuperación social del espacio urbano mediante políticas de vivienda incluidas en la constitución, la habilitación de terrenos estatales y la construcción de conjuntos habitacionales para poblaciones vulnerables.

En suma, la elección entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presenta un contraste nítido entre modelos tecnocráticos de impulso productivo y programas de soberanía, universalidad y justicia local. El contenido de sus planes de gobierno y equipos técnicos, detallado con base en información oficial y revisión editorial, permite al electorado comparar con precisión los fundamentos de cada proyecto para el periodo 2026–2031.