Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: esto dicen sus planes de gobierno sobre seguridad, salud, pensiones, AFP, educación y economía

A tres semanas del balotaje del 7 de junio de 2026, los planes de gobierno de Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) revelan no solo diferencias de matiz sino proyectos de Estado antagónicos en sus fundamentos. El primero, titulado “Perú con Orden”, estructura 22 temas en tres pilares: orden, economía y social. El segundo, sin título central, organiza 12 ejes que van desde la reforma constitucional hasta la transformación de la pequeña minería. Ambos documentos coinciden en el diagnóstico —corrupción, inseguridad, desigualdad y Estado débil— pero divergen radicalmente en las causas y en las soluciones.

Seguridad ciudadana

Fuerza Popular sitúa la inseguridad como el eje central de su propuesta. El plan cita que en 2023 el 27,1% de la población urbana fue víctima de algún hecho delictivo y que la tasa de homicidios llegó a 9,5 por cada 100.000 habitantes. Su respuesta es operativa e institucional: creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) interconectados en las 24 regiones, despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes y 10.000 cámaras mediante decretos de urgencia, construcción de cuatro mega penales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas, ampliación de las Unidades de Flagrancia Express y un bloqueo total de señales móviles en establecimientos penitenciarios. La meta al 2031 es reducir en 20% la tasa de homicidios y bajar la impunidad del 90% al 50%.

Juntos por el Perú parte de un diagnóstico similar —más de 2.134 defunciones por homicidio en 2025, según el SINADEF, y más del 80% de la población sin confianza en la PNP— pero atribuye el problema a la captura institucional de la Policía por organizaciones criminales y a la falta de oportunidades estructurales. Su propuesta central es una depuración inmediata de mandos corruptos, la democratización de los ascensos, la creación de una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito para rastrear extorsiones y lavado de activos, y la devolución de la seguridad a las comunidades organizadas mediante juntas vecinales y comités comunales con reconocimiento legal.

Además, plantea la derogación de seis leyes aprobadas entre 2023 y 2025 que, según el partido, favorecen la impunidad del crimen organizado y limitan la persecución penal. La meta es reducir los homicidios en un 70% y alcanzar el 70% de confianza ciudadana en la PNP.

Universalización de la Salud

Fuerza Popular reconoce que el Perú invierte por debajo del mínimo recomendado por la OMS y que el 88,76% de los hospitales públicos tiene capacidad instalada inadecuada. Su plan propone un sistema de telemedicina nacional, la implementación del Pago per Cápita Ajustado por Resultados para las Redes Integradas de Salud, un Fondo Financiero Intangible de Suministros Estratégicos Médicos para garantizar el abastecimiento, la construcción de hospitales Tipo I, II y III según densidad poblacional, y la ampliación de los Centros de Salud Mental Comunitaria. Propone reducir la anemia infantil al 20% e integrar el 80% del sistema (MINSA, EsSalud y Sanidades) a una historia clínica electrónica vinculada al DNI.

Juntos por el Perú va más lejos en el diagnóstico: señala que el Perú destinó solo el 3,3% del PBI a salud pública entre 2000 y 2019 y que fue el país con la mayor tasa de mortalidad acumulada por COVID-19 del mundo (6.476 muertes por millón de habitantes). Califica el sistema como “fragmentado, segmentado y literalmente colapsado” y propone elevar el gasto al 8% del PBI, implementar Redes Integradas de Salud en todo el territorio, crear un sistema único de referencia y contrarreferencia interoperable, y centralizar las compras de suministros médicos para romper el “fenómeno del postor único”. La meta es que el 70% de las RIS estén operativas al 2031 y que la anemia infantil baje a menos del 20%.

Educación

Fuerza Popular propone construir 3.000 colegios durante el período de gobierno, adquirir 6 millones de laptops o tablets para estudiantes en edad escolar, conectar el 100% de las escuelas rurales con fibra óptica o internet satelital, y ampliar el programa de becas PRONABEC. En educación superior, plantea créditos educativos con garantía estatal y la internacionalización de universidades públicas mediante convenios de doble titulación. La meta es reducir en 50% la brecha de infraestructura educativa y garantizar servicios básicos en todos los colegios priorizados.

Juntos por el Perú parte de que el Perú destinó solo el 4,24% del PBI a educación en 2023, por debajo del mínimo del 6% recomendado por la UNESCO, y que la brecha de infraestructura asciende a S/ 158.832 millones. Su propuesta es elevar la inversión al 6% del PBI, aumentar la matrícula pública universitaria en un 50%, erradicar el analfabetismo, nombrar al 90% de los docentes, y reformar el sistema de becas para que el 50% de las adjudicaciones se destine a institutos y universidades públicas —frente al modelo actual que financia principalmente a privadas—. También plantea crear la Beca Segunda Oportunidad para jóvenes de 22 a 29 años y el Instituto Nacional por la Empleabilidad.

Sistema de pensiones y AFP

Fuerza Popular plantea incrementos concretos en los programas no contributivos: Pensión 65 sube de S/ 350 a S/ 700 bimestrales; el Programa Contigo pasa de S/ 300 a S/ 600 mensuales; el Programa Juntos sube de S/ 200 a S/ 400 bimestrales. En la ONP, la pensión mínima sube de S/ 600 a S/ 800 mensuales y la máxima de S/ 893 a S/ 1.100. Propone además una regla de indexación anual vinculada a la inflación y al crecimiento del PBI per cápita, y la digitalización total de los trámites previsionales. No plantea cambios estructurales al sistema de AFP.

Juntos por el Perú no desarrolla un capítulo específico sobre AFP en su plan, pero su propuesta de reforma constitucional implica la eliminación de los contratos ley y los regímenes especiales que, según el documento, favorecen a las grandes empresas en detrimento de los trabajadores. Propone además elevar la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.500 —propuesta que generó el mayor debate de la campaña— y modificar los mecanismos de ajuste de la RMV para desvincularlos de la productividad y vincularlos a las necesidades reales de las familias.

Minería ilegal y pequeña minería

Fuerza Popular aborda la minería ilegal como un problema de seguridad y criminalidad. Propone establecer comandos mixtos PNP-FF.AA.-Fiscalía-SUNAT en zonas críticas, culminar la implementación nacional del SIPMMA para la trazabilidad de insumos y minerales, modernizar SUCAMEC y las DREMs para fiscalizar el desvío de explosivos y armas, y reducir en 40% los accidentes fatales y erradicar el 50% de la minería ilegal en zonas críticas al 2031.

Juntos por el Perú propone una transformación estructural del sector: establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería a través de cooperativas, reducir el tiempo de las concesiones de 30 a 5 años, traspasar las concesiones extinguidas al Estado para entregarlas a cooperativas de mineros, crear parques mineros con gestión compartida entre el Estado y las cooperativas, y otorgar al Estado la exclusividad en la comercialización del oro. La meta es que el 70% de los mineros artesanales estén asociados en cooperativas al 2031 y que el 60% del oro producido en parques mineros sea comercializado a través del Estado.

Modelo económico y Constitución

La diferencia más profunda entre ambos planes no está en las propuestas sectoriales sino en el modelo de Estado que cada uno defiende. Fuerza Popular reafirma la economía social de mercado, la independencia del Banco Central de Reserva, el respeto a los contratos ley y la seguridad jurídica para los inversionistas. Su meta fiscal es reducir el déficit al 1% del PBI al 2031 y atraer entre USD 5.000 y USD 7.000 millones adicionales en inversión privada anual.

Juntos por el Perú propone una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993, a la que califica de ilegítima en su origen y orientada a “maniatar al Estado y desnacionalizar los recursos naturales”. Plantea revisar los artículos 58, 60, 62, 63 y 66 de la Carta Magna para recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, habilitar la iniciativa empresarial del Estado y eliminar los contratos ley que, según el documento, colocan al país “bajo el dominio total de las corporaciones internacionales”. También propone la integración del Perú a los BRICS y la renegociación de los Tratados de Libre Comercio que “afecten la soberanía nacional”.

Aquí puedes consultar los plande de gobierno de ambos partidos

Fuerza Popular

Juntos por el Perú