Blindan a María Caruajulca y evitan que avance proyecto para cesarla como procuradora general del Estado

La Comisión de Justicia del Congreso blindó a la procuradora general del Estado, María Caruajulca, y evitó que avance una disposición para que sea cesada por haberse cumplido más de 5 años desde que se designó al primer titular de la institución.

Hoy miércoles 20 de mayo se debatió un dictamen para reformar profundamente la Procuraduría General del Estado. Entre las modificaciones se planteó una disposición complementaria transitoria para que, dentro de los 30 días hábiles, se renueve por completo el Consejo Directivo de la institución.

Ello implicaría que el Poder Ejecutivo nombre a un nuevo procurador general del Estado y que el Ministerio de Justicia y la Contraloría General de la República también nombren a sus nuevos representantes ante el Consejo Directivo de la PGE.

Sin embargo, durante el debate, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, solicitó que dicha disposición sea retirada del texto final a votarse. Alegó que se estaría interrumpiendo un mandato legal de 5 años y que se estaría aplicando de manera retroactiva una norma.

“El cese de funcionarios del Ejecutivo a través de proyecto de ley generaría un precedente negativo y afectaría nuestra seguridad jurídica”, dijo, pese a que este Congreso aprobó la Ley 31520 que cesó de sus cargos a los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu.

Cabe precisar que el dictamen sí debate los argumentos de Alejandro Muñante. Se menciona que el mandato de 5 años no es personal, sino institucional que inició con la designación del primer procurador general Daniel Soria el 3 febrero de 2020. “En consecuencia, el primer mandato quinquenal del Consejo Directivo culminó, de manera improrrogable, el 2 de febrero de 2025, según los alcances del artículo 14.3 del Decreto Legislativo N° 1326″, se lee.

La Comisión de Justicia también consignó que las reposiciones judiciales de Daniel Soria y María Caruajulca no implicó el reinicio del plazo de 5 años. “Tuvieron un efecto restaurador, pues vía acción constitucional de amparo se les devolvió un derecho vulnerado, pero no constitutivo de una nueva contabilización del plazo de 5 años a partir de dicha restitución”, se lee. Citaron como jurisprudencia el caso del exconsejero Marco Falconí, quien juró como miembro de la JNJ solo por lo que quedaba del mandato 2020-2025.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, el perulibrista Flavio Cruz, no defendió el dictamen elaborado por su grupo de trabajo, sino que simplemente cedió a lo exigido por Alejandro Muñante y retiró del texto final la disposición que habría puesto fin al mandato de María Caruajulca.

Sentenciada y cuestionada

El Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte condenó a María Caruajulca por el delito de omisión y rehusamiento de actos funcionales. La jueza Carolina Huamaní Reyes determinó que Caruajulca incumplió sus deberes al negar reiteradamente la entrega de información pública durante su gestión en la Municipalidad de Comas. Como parte de la sentencia, se le impuso el pago de una reparación civil y el cumplimiento de reglas de conducta. La procuradora apeló la decisión judicial, y el proceso de revisión continúa en trámite.

Paralelamente, una investigación periodística de El Foco reveló que, durante su gestión como procuradora general, María Caruajulca no presentó ninguna denuncia, a pesar de que la ley exige a la Procuraduría actuar ante irregularidades cometidas por altos funcionarios.