La crisis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa escalando y mantiene enfrentados a estudiantes y autoridades universitarias. Desde hace más de una semana, la ciudad universitaria permanece parcialmente tomada por grupos estudiantiles que rechazan el proyecto de ley que permitiría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en universidades públicas. La protesta ha provocado la suspensión de actividades presenciales, la paralización de procesos administrativos y un nuevo debate sobre la conducción política de la Decana de América.
El conflicto comenzó el 12 de mayo, cuando estudiantes bloquearon los principales accesos de la universidad durante las celebraciones por el aniversario 475 de San Marcos. Los manifestantes instalaron banderolas y cerraron las puertas de ingreso como medida de presión contra el proyecto legislativo debatido en el Congreso, al considerar que abriría la puerta a una continuidad de la actual gestión rectoral encabezada por Jeri Ramón.
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Los alumnos movilizados sostienen que la iniciativa afecta la alternancia democrática dentro de las universidades públicas. Además, denuncian presuntas irregularidades en los procesos electorales internos y cuestionan el manejo institucional de la universidad durante los últimos años. Algunos colectivos estudiantiles incluso aseguran que existe un intento de consolidar el control político de la actual administración.
Medidas de la rectora Jerí
Frente a la ocupación de las instalaciones, la rectora Jeri Ramón defendió la actuación de su gestión y calificó la protesta como una acción politizada. Según declaró en distintos medios, un grupo de manifestantes ingresaron de manera violenta a la ciudad universitaria y provocó daños en la infraestructura, incluyendo rejas y equipos de seguridad.
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Como parte de las medidas adoptadas para recuperar el control del campus, las autoridades universitarias suspendieron las clases presenciales y trasladaron temporalmente las actividades académicas a la modalidad virtual. La decisión buscó evitar una interrupción total del semestre y reducir los riesgos para estudiantes y docentes mientras continúe el conflicto.
Paralelamente, el Consejo Universitario aprobó la conformación de una comisión especial encargada de dialogar con los estudiantes. La mesa está integrada por decanos y representantes universitarios, aunque la rectoría ha señalado que cualquier negociación dependerá primero del levantamiento de la toma y de la liberación de las instalaciones.
Denuncias, tensión y elecciones suspendidas
La crisis también derivó en acciones legales. La administración de San Marcos presentó denuncias penales contra algunos estudiantes señalados por presuntos daños a bienes de la universidad. Desde la rectoría indicaron que las cámaras de vigilancia registraron actos de vandalismo durante las protestas y que la universidad debía actuar para proteger el patrimonio institucional.
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Otro de los efectos directos del conflicto fue la suspensión temporal de las elecciones internas para rector y vicerrectores. El Comité Electoral de San Marcos informó que la toma del campus impedía el funcionamiento normal de sus oficinas y dificultaba el desarrollo del cronograma electoral previsto para este año.
La paralización de actividades también encendió la preocupación entre docentes e investigadores. Diversos laboratorios y centros especializados permanecen cerrados, situación que podría afectar proyectos científicos y materiales de investigación. Autoridades universitarias advirtieron que algunos insumos podrían deteriorarse si el acceso restringido continúa.
Crisis expone desgaste institucional
La situación se volvió aún más polémica luego de que circularan imágenes de Jeri Ramón participando en una celebración mientras la universidad continuaba tomada. El episodio generó críticas desde sectores académicos y estudiantiles, que cuestionaron la falta de acercamiento directo con los manifestantes en medio de la crisis.
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El conflicto ha vuelto a colocar en discusión el modelo de gobierno universitario y el papel de las autoridades en las universidades públicas del país. Durante los últimos años, la gestión de Jeri Ramón ha estado marcada por enfrentamientos alrededor de la Sunedu y las reformas universitarias, temas que continúan dividiendo posiciones dentro de San Marcos.
Mientras tanto, la toma de la universidad sigue sin una salida clara. Los estudiantes mantienen su rechazo al proyecto de reelección universitaria y exigen garantías para un proceso electoral transparente. Por su parte, la rectoría insiste en recuperar el control institucional mediante el diálogo y las acciones legales. La crisis mantiene a la universidad más antigua de América en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.
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