El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria autorizó levantar el secreto bancario del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo y negociación incompatible.
La medida no solo alcanza a Santiváñez, sino que se extiende a otros siete implicados y a una persona jurídica. Estos son el abogado Percy Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, el general PNP Gregorio Villalón Trillo, Franco Parodi Gianella, Gian Franco Meza Lizier y la empresa Asesoría y Proyectos Tenorio SAC.
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La resolución del juez Juan Carlos Checkley, a la que accedió Infobae, ordena a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) requerir a todas las entidades bancarias a nivel nacional información detallada sobre los movimientos del ex titular del Mininter. El periodo de tiempo autorizado comprende desde el 16 de mayo de 2024, fecha en que asumió el cargo, hasta el 24 de marzo de 2025, día en que dejó la cartera ministerial.
Con esta autorización, el Ministerio Público podrá acceder a la identificación de cuentas, estados de ahorros, registros de firmas, transferencias nacionales e internacionales (vía Swift o internet) y el origen y destino de los fondos. El levantamiento prevé también las transferencias de dinero realizadas a través de billeteras digitales como Yape y Plin.
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Los hechos
Según la tesis del Ministerio Público, Juan José Santiváñez habría liderado una red criminal dedicada a instrumentalizar su cargo público para obtener beneficios económicos ilícitos, conocido como el caso Ícaro.
Uno de los hechos es la presunta coordinación con el estudio jurídico “Tenorio Abogados & Asociados” del expolicía Percy Tenorio para simular contratos de trabajo a favor de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Eston con el objetivo de fabricar un arraigo laboral ficticio para favorecerlo en el proceso judicial de “Los waykis en la sombra”.
Asimismo, a Santiváñez se le imputa haber intervenido en el Ministerio del Interior para beneficiar a Tenorio con cinco contrataciones de defensa legal para generales de la PNP, por un monto de 200 mil soles cada una. Para lograrlo, se habrían modificado los términos de referencia (TDR) de las convocatorias para ajustarlos específicamente al perfil de Tenorio.
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Por otro lado, la Fiscalía cuenta con el testimonio de un testigo protegido que señala que Santiváñez habría solicitado y recibido un pago de 20 mil dólares en efectivo de parte del general Gregorio Villalón en diciembre de 2024. Este dinero habría tenido como fin asegurar la permanencia del efectivo en situación de actividad y evitar su pase al retiro. También se investiga un presunto cobro de 60 mil dólares para utilizar recursos policiales en la recuperación de la mina “El Dorado” en Ayacucho.
Avance de la investigación
Cabe precisar que por el denominado caso Ícaro el Poder Judicial también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exministro Juan José Santiváñez. Según constan en ambas resoluciones, el extitular del Interior se allanó a los requerimientos de la Fiscalía con el supuesto objetivo de colaborar.
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