Fiscalía ordena diligencias por 60 días contra Rafael López Aliaga por presunta corrupción y lo cita a declarar el 4 de junio

El Ministerio Público dispuso 60 días de diligencias preliminares contra Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, incurso en una investigación por colusión y negociación incompatible en el proceso de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que comprometió S/ 4 mil millones mediante una emisión de bonos.

De acuerdo con documentos difundidos este martes por Epicentro TV, la fiscal Janny Sánchez Porturas, a cargo del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Anticorrupción, citó a López Aliaga para declarar el próximo 4 de junio, antes de la segunda vuelta electoral de la que quedó fuera.

La Fiscalía solicitó a la comuna limeña información sobre la operación financiera que generó el endeudamiento. Además, requirió datos a la Superintendencia de Mercado de Valores, la Contraloría General de la República, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, Bank of America Securities, Milbank LLP (Nueva York) y Lazo Abogados (Lima), estas dos últimas asesoras legales de la municipalidad en la colocación internacional de bonos sénior titulizados.

Ambas firmas representaron a la comuna como originador y garante de la emisión. La pesquisa contra López Aliaga fue abierta a raíz de una denuncia presentada por el auditor independiente Julio Sifuentes, luego de que la Procuraduría Anticorrupción apelara una decisión inicial que desestimó el caso.

La fiscal superior anticorrupción Scarlet Laura Escalante ordenó al Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitir la disposición correspondiente, dejando sin efecto la negativa previa de la fiscalía de primera instancia.

A mediados de 2025, el auditor denunció hechos presuntamente irregulares e indicios de delitos en el proceso de endeudamiento mediante tres emisiones de bonos titulizados. Según la denuncia y un informe remitido al Ministerio Público citados en el portal de investigación, los bonos se colocaron en el mercado financiero internacional sin cumplir normas técnicas, legales ni contables, lo cual dejó comprometidos los ingresos futuros del municipio limeño.

Sifuentes afirmó que, ante el límite legal para adquirir deuda, la administración de López Aliaga recurrió a bonos de titulización respaldados por los ingresos de alcabala y del impuesto vehicular. “Cuando Rafael López Aliaga decía que el municipio sí tiene dinero, es porque la comuna lo obtuvo endeudándose”, señaló.

El proceso de endeudamiento, según la denuncia citada, se realizó en el mercado financiero exterior y no contó con garantía del Estado. Entre junio de 2023 y 2024, el Concejo Metropolitano aprobó tres acuerdos que permitieron la emisión de los bonos; el primero de ellos autorizaba la operación en el mercado nacional, pero la colocación final ocurrió en el internacional, sin cumplir parámetros legales y financieros.

El Decreto Legislativo 1275 exigía que la deuda total de una entidad no excediera el 100% de sus ingresos. La MML superaba este límite y, por tanto, enfrentaba restricciones, siempre según el informe. La excepción permitía endeudarse solo a quienes obtuvieran dos calificaciones de riesgo iguales o superiores a BBB+ de empresas clasificadoras locales.

En esa época, las firmas Apoyo y Asociados y Pacific Credit Rating asignaron a la MML la calificación AA con perspectiva estable, basada en información financiera no auditada de 2019 a 2023. “Era una calificación que estaba por debajo de la clasificación BBB+ exigida para cumplir la excepción”, indicó el documento.

En mayode 2023, la agencia Moody’s rebajó la calificación crediticia de la Municipalidad de Lima de BBA3 a BA1, nivel “bono basura” debido al alto endeudamiento. “En consecuencia, la Municipalidad no cumplió con las normas para el endeudamiento”, subrayó Sifuentes en su informe.

Epicentro reseñó que que la administración del actual aspirante presidencial aprobó la Ordenanza Municipal N.º 2604, que pretendía priorizar la autonomía financiera del gobierno edil sobre la regulación nacional, y tres semanas después, el Ejecutivo emitió otro decreto de urgencia que permitió a las entidades subnacionales con calificaciones favorables endeudarse hasta por 3,5 veces sus ingresos corrientes de los últimos cuatro años.

Respaldada por esta nueva normativa, la comuna limeña contrató de manera directa a Bank of America Securities para estructurar y colocar la deuda en el mercado internacional. “(Ello) configuraría no solo un escenario de conflicto de intereses, económicos y financieros al determinar la tasa de interés y las condiciones financieras y constituirse en el único comprador de la emisión de los bonos por S/ 4 mil millones, además de constituir un proceso con conflicto de intereses totalmente irregular, que rompió todo tipo de control”, resaltó la denuncia.