
El expresidente Ollanta Humala rompió el silencio desde la cárcel tras conocerse el fallo del Poder Judicial que archivó la investigación por lavado de activos contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en el marco del caso Odebrecht. Humala, quien cumple una condena de 15 años de prisión desde abril de 2025, cuestionó la disparidad de criterios judiciales y denunció persecución política en su contra.
En un pronunciamiento público difundido a través de su cuenta oficial en la red social X, Humala señaló que el Poder Judicial ratificó por tercera vez que un aporte de campaña no constituye el delito de lavado de activos. Reclamó que, en su caso, ni siquiera se pudo demostrar la entrega de un aporte ilícito y, sin embargo, permanece en prisión. El exmandatario sostuvo que la actuación de la justicia evidencia un trato desigual y reiteró que continuará luchando por obtener una resolución justa.
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“El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es Lavado de Activos. En nuestro caso, el Ministerio Publico ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido”, escribió el mandatario.
Ollanta Humala arremete contra el Poder Judicial tras resolución sobre PPK
Ollanta Humala, desde el centro penitenciario donde se encuentra recluido, expresó su inconformidad tras la resolución que exime de responsabilidad penal a Pedro Pablo Kuczynski por recibir USD 300.000 de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2011. En su mensaje, el ex presidente cuestionó: “¿Por qué yo sigo en prisión?”, subrayando que en su proceso no se acreditó la existencia de aportes ilícitos y que su detención ha sido “ilegal e inconstitucional”.
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Humala explicó que, mientras la justicia determinó que un aporte de campaña no configura lavado de activos en el caso de Kuczynski, en su situación se le aplicó un estándar diferente que lo mantiene encarcelado. Señaló además el “acoso y persecución política” sufrido por el Partido Nacionalista Peruano, enfatizando que lleva más de un año privado de libertad y que continuará buscando justicia.
El pronunciamiento de Humala ha generado reacciones en diversos sectores políticos y sociales, que demandan explicaciones sobre la falta de uniformidad en la aplicación de criterios jurídicos en casos similares, a la vez que se intensifica el escrutinio sobre la independencia del Poder Judicial peruano.
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Poder Judicial cerró caso contra PPK por aportes a campaña de 2011
El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso el archivo de la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, debido a que la conducta imputada —la recepción de USD 300.000 de Odebrecht para la campaña de 2011— no configura el delito de lavado de activos según la tipificación vigente en ese año. Esta decisión se fundamentó en que, para que exista dicho delito, es indispensable que las operaciones dificulten la identificación del origen ilícito del dinero.
El magistrado justificó su cambio de criterio en la necesidad de alinearse con la Corte Suprema, que en diciembre del año anterior archivó el caso contra Susana de la Puente, coprocesada de Kuczynski. Carhuancho sostuvo que la canalización de fondos a través del sistema financiero formal —cuentas en JP Morgan y Scotiabank— permitió rastrear el origen del dinero, lo que, según su resolución, no constituye encubrimiento ni obstaculización.
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Así, el caso Odebrecht en torno a la campaña de 2011 quedó cerrado para PPK respecto a los cargos de lavado de activos y asociación ilícita. Sin embargo, el expresidente aún enfrenta procesos judiciales abiertos por los casos Westfield Capital e IIRSA Norte, ambos vinculados a presuntas irregularidades con la constructora brasileña.
A un año del fallo contra Humala y Heredia por caso Odebrecht
En abril de 2025, un tribunal peruano condenó a Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, a 15 años de prisión por lavado de activos, al determinar que recibieron varios millones de dólares de Odebrecht y del gobierno de Venezuela para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011. La sentencia ordenó su encarcelamiento inmediato y estableció que ambos permanecerán en prisión hasta julio de 2039, mientras que Ilán Heredia, cuñado del exmandatario, fue sentenciado a 12 años de cárcel.
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Humala es el tercer expresidente peruano condenado por delitos vinculados a Odebrecht, después de Alejandro Toledo y Alberto Fujimori, lo que evidencia la magnitud del escándalo de corrupción en el país. El proceso judicial incluyó pruebas presentadas por el Ministerio Público y la declaración de exdirectivos de Odebrecht, quienes admitieron en 2016 el pago de sobornos y aportes ilegales a múltiples líderes políticos de América Latina.
Actualmente, Humala permanece recluido, mientras su esposa enfrenta una orden de captura. La situación del exmandatario se inscribe en un contexto donde la mayoría de los expresidentes peruanos desde 2001 han enfrentado investigaciones o condenas por corrupción, lo que ha profundizado la crisis de confianza en las instituciones políticas y judiciales del país.
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