La decisión de enviar de inmediato a prisión al expresidente Ollanta Humala, pese a que aún existen debates jurídicos sobre la tipificación de los hechos que se le imputan, ha abierto un nuevo frente judicial. La Fiscalía Superior dispuso iniciar una investigación penal contra los jueces que ordenaron la ejecución adelantada de la condena.
La Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra las juezas y el juez Juana Mercedes Caballero García, Nayko Techy Coronado Salazar y Max Oliver Vengoa Valdiglesias, integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
La investigación, según informó La República, se realiza por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica, tipificados en los artículos 376, 377, 418 y 428 del Código Penal, respectivamente. El agravio es en perjuicio del Estado peruano —representado por la Procuraduría Pública del Poder Judicial— y del propio Ollanta Moisés Humala Tasso.
Según la disposición fiscal, el objetivo es esclarecer las circunstancias en las que se ordenó la ejecución inmediata de la pena privativa de libertad impuesta al exmandatario.
Declaraciones de Humala y del Procurador
Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó recibir la declaración del expresidente Ollanta Humala, quien deberá ratificar los hechos denunciados y aportar información relevante para el caso. Esta diligencia se programará conforme a la agenda fiscal.
Asimismo, se dispuso recibir la declaración del Procurador Público del Poder Judicial, quien deberá informar sobre los hechos materia de la investigación y las posibles afectaciones institucionales derivadas de la decisión judicial cuestionada.
La Fiscalía precisó que tiene competencia para investigar a magistrados de primer y segundo nivel, como jueces especializados y superiores, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El reclamo desde prisión y el contexto del caso “Cócteles”
El inicio de esta investigación fiscal se produce días después de que, el 14 de enero, Ollanta Humala reclamara públicamente su inmediata liberación, tras el archivamiento definitivo del caso “Cócteles”, que involucraba a Keiko Fujimori y a otros dirigentes políticos.
Desde el penal, el exmandatario cuestionó que continúe privado de libertad por hechos que, según resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, no constituyen delito, al haberse determinado que los aportes a campañas electorales no podían ser tipificados como lavado de activos bajo la normativa vigente en los años 2006 y 2011.
Humala denunció que lleva cerca de nueve meses en prisión por un proceso que se ha extendido por más de una década y que, según su defensa, careció de pruebas y testigos suficientes. En su pronunciamiento, exigió igualdad ante la ley y el cese del acoso judicial contra él y su familia.
“Detención arbitraria”, según la defensa legal
En la previa, el abogado penalista César Nakazaki sostuvo que mantener en prisión al expresidente constituye una detención arbitraria, dado que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han establecido un precedente vinculante sobre la no criminalización de los aportes electorales en ese periodo.
El letrado señaló que dicho criterio es obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales y que resulta incompatible que, por hechos idénticos, algunas personas sean absueltas y otras permanezcan encarceladas. Afirmó, además, que una interpretación errónea de la ley ha tenido efectos graves sobre el sistema político y el principio de igualdad ante la ley.
La condena y la ejecución inmediata de la pena
Cabe recordar que un tribunal peruano condenó a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, por el presunto financiamiento irregular de las campañas presidenciales de 2006 y 2011, con aportes de la constructora Odebrecht y del gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
Durante la lectura de sentencia, la jueza Nayko Coronado Salazar ordenó la ejecución inmediata de la pena, disponiendo el encarcelamiento de Humala en plena audiencia. El exmandatario fue retirado de la sala por efectivos policiales. En el caso de Nadine Heredia, se dictó orden de captura al no encontrarse presente.
La decisión de ejecutar de manera adelantada la condena es precisamente el acto judicial que ahora se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público.
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