Ministerio de Economía evalúa acudir al Tribunal Constitucional por ley que da CTS y gratificación a trabajadores CAS

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa la posibilidad de presentar una acción ante el Tribunal Constitucional contra la ley que otorga beneficios laborales como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

En entrevista con RPP, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, indicó que el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión final, pero no descarta recurrir a instancias constitucionales para revisar normas aprobadas por el Congreso que implican mayor gasto para el Estado. Según explicó, la medida se encuentra en evaluación dentro del Gobierno.

Cuestionamientos del MEF

Acuña precisó que una de las principales preocupaciones del MEF no es la ampliación de beneficios laborales en sí misma, sino las condiciones en las que la norma ha sido aprobada. En ese sentido, advirtió que existen vacíos normativos que podrían generar dificultades en su aplicación en el sector público.

“Nos preocupa el tema de los CAS, que da beneficios de aguinaldos y CTS, pero que requieren en su implementación darle gradualidad y también establecer algunas pautas importantes”, señaló el titular del MEF en declaraciones a RPP. Entre los aspectos observados, mencionó la falta de precisión sobre desde cuándo deben aplicarse estos pagos y cómo se financiarán de manera progresiva.

Evaluación de eventuales acciones constitucionales

El titular del MEF también indicó que el Ejecutivo no ha descartado acudir al Tribunal Constitucional, aunque precisó que cualquier decisión de este tipo será evaluada después de la segunda vuelta electoral. Según explicó, la intención del Gobierno es evitar que este tipo de medidas generen tensiones políticas en el contexto actual.

“No hemos descartado el tema, pero no queremos enturbiar el ambiente político… Queremos que pase tranquilo la segunda vuelta y ahí conversaremos nuevamente con el Ejecutivo, el Presidente, y discutiremos la posibilidad de generar camino al Tribunal”, afirmó el ministro en diálogo con el citado medio.

Impacto fiscal y aplicación progresiva

El MEF ha reiterado que las leyes aprobadas por el Congreso que incorporan nuevos beneficios laborales al régimen CAS tendrán necesariamente un proceso de implementación gradual debido al impacto que representan en el gasto público. En esa línea, el sector considera necesario establecer criterios técnicos para ordenar su aplicación.

Asimismo, el ministro Acuña señaló que el Gobierno viene evaluando mecanismos para corregir aspectos técnicos de la norma, con el objetivo de evitar incertidumbre jurídica y presupuestal en la administración pública. Según precisó, estas observaciones serán analizadas en coordinación con el Ejecutivo una vez concluido el actual proceso electoral.

Aumento de sueldo para CAS

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un dictamen que autoriza el aumento progresivo de sueldos para los trabajadores de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057. La medida busca nivelar sus remuneraciones con las de trabajadores de otros regímenes públicos (decretos legislativos 276, 728 y 1057) que ocupan cargos equivalentes en la misma entidad. Para su implementación, cada entidad pública deberá ajustar sus presupuestos y emitir lineamientos técnicos que permitan identificar a los beneficiarios y fijar los criterios de equivalencia.

El aumento se aplicará únicamente a los trabajadores CAS con contrato a tiempo indeterminado y que reciban sueldos mensuales no mayores a S/4.000. De cumplirse estas condiciones, los empleados CAS verán equiparados sus sueldos al de sus pares en otros regímenes que desempeñen funciones equivalentes. Por ejemplo, si un trabajador CAS gana S/2.500 y un empleado bajo el decreto 276 recibe S/3.000 por el mismo puesto, ambos deberán percibir el salario más alto.

La nivelación salarial se realizará de forma progresiva en un plazo máximo de cinco años y dependerá de la disponibilidad presupuestal de cada entidad pública. Además, la nueva normativa prohíbe contratar personal CAS con una remuneración inferior a la establecida para un cargo o plaza equivalente dentro del sector público. Con esta disposición, los trabajadores CAS también mantienen derechos como la gratificación y la compensación por tiempo de servicios (CTS), sumando un avance en la equiparación de beneficios laborales.