El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) respondió a las recientes denuncias sobre el presunto uso indebido de certificados de discapacidad en el proceso de selección del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-1. La entidad subrayó que, durante el primer trimestre del año, rechazó más de 900 solicitudes de inscripción por incumplimiento de requisitos o por observaciones no subsanadas, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
“Rechazamos el uso indebido de la condición de discapacidad para obtener beneficios en procesos públicos. Estas prácticas desvirtúan el propósito normativo y afectan a quienes sí cumplen con los criterios de ley, por lo que exhortamos mayor rigurosidad a las instituciones encargadas de emisión de certificados médicos por discapacidad para evitar su uso indebido”, reza el pronunciamiento.
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Según la información difundida, la preocupación se centra en postulantes al Serums que habrían declarado condiciones de discapacidad de manera irregular para acceder a la bonificación del 15% en el puntaje final. Este beneficio, diseñado para reducir brechas de acceso, puede alterar la asignación de vacantes si es utilizado de forma indebida, afectando la transparencia y la equidad del proceso, de acuerdo con fuentes oficiales.
Conadis rechaza uso indebido de certificados de discapacidad para acceder a plazas del Serums
En respuesta a las denuncias, el MIMP, a través de Conadis, emitió un comunicado en el que enfatizó la importancia de resguardar la integridad del registro nacional y garantizar el acceso legítimo a los derechos de las personas con discapacidad. Destacó que la inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) es un procedimiento administrativo que se basa en la verificación del certificado de discapacidad en la base de datos oficial del Ministerio de Salud. Solo tras confirmar la información, se realiza el registro y la emisión del carné correspondiente.
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“La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) es un procedimiento administrativo basado en la verificación del Certificado de Discapacidad en la base de datos oficiales del Ministerio de Salud. Tras confirmar la información, se procede con el registro y la emisión del carné de discapacidad respectivo”, se lee en el comunicado.
La entidad precisó que realiza fiscalizaciones posteriores semestralmente, con el objetivo de detectar y anular registros cuando identifica inconsistencias o documentos que incumplen los requisitos. Respecto a los 5 casos concretos difundidos en medios, Conadis detalló que, tras la verificación en los registros del Ministerio de Salud, tres cuentan con inscripción válida, uno no registra trámite y el otro fue rechazado por inconsistencias documentales.
El MIMP reiteró su compromiso de continuar con acciones de supervisión en el marco de sus competencias y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad detectada en el uso de certificados de discapacidad. La entidad subrayó que estas prácticas desvirtúan el propósito normativo y afectan directamente a quienes cumplen con los criterios legales.
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Denuncias por presuntos certificados irregulares sacuden proceso del Serums 2026-1
Durante el desarrollo del Serums 2026-1, surgieron denuncias que apuntan a la utilización irregular de certificados para acceder a la bonificación establecida por ley. El proceso, que congrega a cerca de 40.000 postulantes que compiten por 7.489 plazas remuneradas y 12.604 no remuneradas, se ha visto cuestionado por la supuesta obtención de carnets de discapacidad sin cumplir con las condiciones médicas requeridas.
Las alertas se enfocaron en la ciudad de Tarapoto, donde se identificó a médicos egresados de la Universidad Nacional de San Martín que habrían gestionado certificados sin presentar cuadros compatibles. Entre los nombres difundidos figuran Mormontoy Guzmán Ayrthon Félix (diagnóstico de “lumbago con ciática”), Soledad Romero Andrea Rosabelen (“hipoacusia conductiva sin otra especificación”), Portugal de la Vega Camila Yesibel (“hipoacusia neurosensorial”), Dextre Zúñiga Mauricio Sebastián (“discapacidad visual moderada, binocular y otros trastornos de la refracción”) y Verástegui Mendoza Katherine Marianela (“discapacidad visual grave”).
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Según especialistas consultados, la obtención del carnet depende de un documento médico expedido en centros autorizados, lo que implica una evaluación clínica previa. No obstante, las denuncias señalan que los actuales mecanismos de supervisión presentan vacíos, permitiendo que certificados cuestionados pasen los filtros de control.
Un vocero del programa Serums explicó que detectar estas prácticas resulta complicado, ya que los certificados deben ser emitidos por establecimientos habilitados del Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional u otras entidades acreditadas. La firma de un médico certificador otorga al documento validez formal, pero la verificación efectiva depende de una coordinación interinstitucional que, según los especialistas, aún es insuficiente.
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