
El especialista en derecho digital y electoral Erick Iriarte advirtió que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha precisado cómo se realizará la auditoría al sistema electoral cuestionado tras las elecciones generales de 2026. En entrevista con Canal N, sostuvo que la complejidad y duración del proceso dependerán directamente del alcance técnico que se defina para la revisión.
Según explicó, aún no existe claridad respecto a si la auditoría se limitará a aspectos operativos del sistema o si también abarcará elementos técnicos sensibles como el código fuente, la ciberseguridad, la conectividad y la usabilidad de la plataforma electoral. “El alcance es clave. No es lo mismo auditar solamente procesos que revisar el código fuente y los sistemas de seguridad”, declaró.
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No obstante, Iriarte remarcó que una auditoría integral debió ejecutarse antes de las elecciones del 12 de abril y no después de concluida la jornada electoral. En ese sentido, indicó que actualmente el proceso dependerá de la información que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue a las empresas auditoras que eventualmente contrate el JNE para la evaluación técnica del sistema.
Observaciones técnicas al sistema
Durante la entrevista con Canal N, el especialista recordó que el propio Jurado Nacional de Elecciones emitió un informe de fiscalización el 10 de marzo en el que ya se advertían observaciones relacionadas con temas de ciberseguridad y programación del sistema utilizado en los comicios.
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De acuerdo con Iriarte, la ONPE sostuvo posteriormente que el software revisado en ese momento correspondía a una versión preliminar y no al sistema definitivo empleado durante las elecciones. Sin embargo, señaló que aún no existe claridad sobre cuándo fueron corregidas las observaciones detectadas ni si estas modificaciones se realizaron antes o después del proceso electoral.
El especialista también señaló que uno de los puntos más sensibles será determinar qué información técnica será entregada a las empresas auditoras. Añadió que el JNE deberá definir el alcance de la auditoría, los plazos y el tipo de entidades encargadas de realizar la revisión. En esa línea, planteó que se evalúe la contratación de dos o más firmas auditoras para contar con mecanismos de contraste y mayor transparencia en los resultados.
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Auditoría podría durar seis semanas
Iriarte estimó que una auditoría completa podría tomar entre tres y seis semanas, sin considerar el tiempo adicional requerido para el proceso de contratación de las empresas auditoras, debido a los procedimientos administrativos establecidos por el Estado.
No obstante, explicó que el proceso técnico no necesariamente afectaría el desarrollo de la segunda vuelta electoral si las evaluaciones se realizan mediante “copias espejo” del sistema y no sobre la plataforma principal utilizada para el procesamiento oficial de datos. “La auditoría no va a manipular el software en producción”, sostuvo durante la entrevista.
Asimismo, recordó que el sistema STAE ya no sería utilizado en la segunda vuelta, por lo que una eventual auditoría sobre esa herramienta no impactaría directamente en el proceso electoral en marcha. Aun así, señaló que cualquier modificación de plazos o flexibilización del cronograma dependerá finalmente de las decisiones que adopte el Jurado Nacional de Elecciones.
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Cuestionamientos por acceso al código fuente
Otro de los puntos observados por Erick Iriarte fue la falta de acceso público al código fuente del sistema electoral. Según indicó en Canal N, este problema se mantiene de forma recurrente en diversas plataformas tecnológicas del Estado y afecta la transparencia de los procesos digitales.
“El software construido con fondos públicos debería ser accesible y abierto para garantizar confianza y legitimidad”, afirmó. Para el especialista, permitir la revisión ciudadana y técnica del código contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en los procesos electorales.
Finalmente, recordó que meses atrás el propio Jurado Nacional de Elecciones decidió no implementar el voto digital para estos comicios tras una evaluación técnica interna. En ese contexto, consideró que cualquier decisión jurídica o política relacionada con los resultados electorales debe sustentarse primero en conclusiones técnicas objetivas derivadas de la auditoría.
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