Denuncian a postulantes del Serums 2026 de San Martín de ser falsos discapacitados para acceder a la bonificación del 15% del puntaje final

La convocatoria del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) vuelve al centro del debate público por cuestionamientos que afectan la transparencia del proceso. La competencia por una plaza dentro del programa concentra a miles de profesionales de la salud que buscan iniciar su ejercicio en el sistema público. En ese contexto, cualquier irregularidad adquiere un impacto directo en los resultados y en la percepción de justicia del proceso.

Durante el desarrollo del Serums 2026-1, surgieron denuncias sobre presuntas prácticas indebidas relacionadas con la obtención de beneficios en la evaluación final. El señalamiento apunta al uso irregular de certificados de discapacidad para acceder a una bonificación del 15 % en el puntaje, un mecanismo diseñado para reducir brechas de acceso. La situación genera preocupación por posibles distorsiones en el orden de mérito.

El proceso reúne a cerca de 40 mil postulantes que compiten por 7.489 plazas remuneradas y 12.604 no remuneradas. Cada punto resulta determinante en la asignación de vacantes. Bajo ese escenario, el uso indebido de beneficios establecidos por norma altera la competencia y desplaza a quienes cumplen con los requisitos de forma legítima.

Denuncias por certificados irregulares en Tarapoto

Las alertas se concentran en la ciudad de Tarapoto, donde se identificó a médicos egresados de la Universidad Nacional de San Martín que habrían tramitado carnets de discapacidad sin presentar condiciones compatibles. Según la información disponible, los documentos fueron emitidos con respaldo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

La lista difundida incluye a Mormontoy Guzmán Ayrthon Félix, con supuesta discapacidad de “lumbago con ciática”, y Soledad Romero Andrea Rosabelen, con diagnóstico de “hipoacusia conductiva sin otra especificación”. También figuran Portugal de la Vega Camila Yesibel, con “hipoacusia neurosensorial”, Dextre Zúñiga Mauricio Sebastián, con “discapacidad visual moderada, binocular y otros trastornos de la refracción”, y Verástegui Mendoza Katherine Marianela, con “discapacidad visual grave”.

Las denuncias sostienen que estas condiciones no se evidencian en los postulantes señalados, lo que genera sospechas sobre la validez de los certificados presentados. La obtención del carnet de discapacidad depende de un documento médico previo, lo que sitúa la atención en los mecanismos de emisión y verificación.

Un vocero del programa explicó que “detectar estas malas prácticas es bastante complicado”, debido a que los certificados deben ser emitidos por establecimientos autorizados del Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional u otras entidades habilitadas. Estos documentos requieren la firma de un médico, lo que otorga apariencia de validez formal.

Debilidades en la validación de documentos

El procedimiento para acreditar una discapacidad contempla una evaluación clínica en centros autorizados. Sin embargo, las denuncias actuales revelan vacíos en la supervisión de estos procesos. La existencia de certificados cuestionados sugiere que los controles no resultan suficientes para prevenir el uso indebido del beneficio.

Especialistas advierten que el problema no se limita a casos individuales, sino que refleja fallas estructurales. La ausencia de cruces de información efectivos entre entidades dificulta la detección temprana de irregularidades. La situación plantea la necesidad de revisar protocolos y fortalecer mecanismos de fiscalización.

Frente a las denuncias, se plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de control. Entre las medidas propuestas se incluyen verificaciones más estrictas, revisión de expedientes médicos y coordinación entre instituciones para validar información.

El vocero enfatizó la importancia de “sanciones ejemplares, tanto para quienes obtienen estos documentos de manera fraudulenta, como para quienes los facilitan”. La responsabilidad no se limita a los postulantes, también involucra a quienes intervienen en la emisión de certificados.

El caso expone una problemática más amplia vinculada a prácticas que buscan ventajas dentro de procesos competitivos. La normalización de estos comportamientos dificulta la construcción de mecanismos basados en equidad y transparencia dentro del sistema de salud.