El Callao enfrenta una transformación drástica en la composición de las organizaciones criminales: la edad de los sicarios reclutados ha caído a niveles inéditos y las autoridades han identificado casos de niños de solo 12 años involucrados en asesinatos por encargo, portando armas de guerra para bandas delictivas.
Estas situaciones, que la Policía Nacional del Perú califica como alarmantes, obedecen a un fenómeno creciente en el principal puerto del país, donde la legislación actual impide que estos menores puedan ser procesados penalmente y favorece su rápida reincorporación al círculo delictivo, según informó el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial Callao.
En menos de dos meses, las bandas han vulnerado los operativos montados en avenidas estratégicas como la Gambeta, Argentina, Venezuela, Colonial y La Marina. Un hecho relevante es que, de acuerdo con los registros, “hacía 42 días que no se registraba ningún ataque” contra el transporte público gracias a la vigilancia, dijo el general PNP.
La dinámica descrita expone un problema estructural en el contexto del crimen urbano peruano: los menores de 14 años que cometen homicidios, incluso utilizando armas de guerra, no pueden ser detenidos ni enviados a centros juveniles, debido a la interpretación garantista de la actual norma penal juvenil. El general Espinosa explicó que, tras la intervención policial, “la policía solamente tiene que entregar al menor a sus padres”, quienes, en muchos casos, tampoco ejercen control efectivo, perpetuando así el ciclo de violencia.
Adolescente de 16 años atacó a balazos combi en el Callao
La extrema juventud de los sicarios ya se ha traducido en víctimas concretas. El pasado miércoles, un adolescente de solo 16 años, conocido como “Fighter”, fue detenido tras abrir fuego contra una combi de transporte público en plena vía del Callao, hiriendo a su conductor y cobrador con seis disparos. El ataque, que tuvo lugar cerca de las 8:15 de la mañana, fue planificado por una banda de extorsionadores que empleó una motocicleta eléctrica para movilizar a los menores armados, según relató Espinoza.
La captura del autor material no fue azarosa. El jefe policial destacó la “rápida reacción de la policía” como clave para la detención de los responsables. La estrategia de patrullaje establece la presencia constante de vehículos en todos los tramos vulnerables, desde Zarita Colonia hasta Villa Los Reyes, con el objetivo de frenar la acción de estas bandas.
Espinoza reveló que el flujo delictivo solo reapareció al coincidir una franja vulnerable con la operatividad de estos adolescentes: “En un espacio vulnerable, estos jóvenes, utilizando una moto eléctrica, descienden y empiezan los disparos”, puntualizó.
Menores de 12 años con armas de guerra serían usados como sicarios
La preocupación policial va más allá de los adolescentes. Según el general Espinoza, se han registrado “evidencias reales de haber retenido menores de 12 años con armas de guerra, quienes han asesinado a personas por encargo”. Esta constatación representa una escalada inédita en el fenómeno de sicariato en el Callao.
Estos menores no representan casos aislados. El jefe policial detalló que “no es solamente un caso, son varios casos”, logrando documentar la existencia de una tendencia consolidada: el reclutamiento sistemático de niños para tareas de sicariato y extorsión. Espinoza subrayó la gravedad de la situación: “Son sicarios de 12 años y esta es una situación muy alarmante que está sucediendo aquí en el Callao”.
El acceso de los menores a armas de uso militar, su capacidad letal y la reiteración de delitos graves ponen en entredicho la eficacia del marco legal vigente para abordar una problemática que ya sobrepasa los límites tradicionales de la criminalidad juvenil.
Marco legal limita sanción a menores usados en crimen organizado
El marco legal peruano se configura como un obstáculo para enfrentar la utilización de niños en crímenes organizados. El general Ricardo Espinoza precisó que, tras decisiones del Tribunal Constitucional, el procesamiento de adolescentes bajo la modalidad de adultos ha quedado desestimado.
“La medida que establece la norma es que un adolescente, para que sea internado preventivamente, tiene que tener catorce años. Y el juez, de manera garantista, establece catorce años, once meses y veintinueve días”, explicó.
En consecuencia, un niño de 12 años que asesina o es detenido portando armas de guerra, debe ser entregado a sus padres, sin posibilidad alguna de internamiento en centros juveniles como Maranguita. “Menos de catorce no ingresa”, reiteró el jefe policial.
La policía ha planteado propuestas para modificar este umbral, sugiriendo que el internamiento preventivo de menores en casos extremos pueda habilitarse “a partir de trece años y un día”. Mientras no se reforme la norma, los menores sindicados en delitos de esta gravedad permanecerán fuera del alcance de las sanciones penales, permitiendo así que las bandas criminales sigan captándolos para potenciar sus acciones extorsivas y asesinas.
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