Derechos humanos en Perú “al límite”: informe global denuncia crisis política, ataques a la prensa, y feminicidios impunes

En 2025, los derechos humanos en Perú enfrentaron una erosión sistemática que puso en jaque los cimientos de su democracia. Según el informe presentado por Amnistía Internacional sobre la situación mundial 2025-2026, el país registró un refuerzo de prácticas autoritarias, un debilitamiento de las garantías de acceso a la justicia y un entorno cada vez más hostil para la libertad de expresión, la libertad de asociación y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y personas LGTBIQ+.

La organización sostuvo que este escenario se enmarca en una tendencia global de ataques perpetrados por Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y el sistema de protección de los derechos humanos. En ese marco, Perú aparece como uno de los países donde la institucionalidad se ha debilitado con decisiones legales y políticas que, lejos de ampliar garantías, incrementaron el riesgo de impunidad, censura y discriminación.

Retrocesos institucionales y una justicia cada vez más debilitada

Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto que tuvieron diversas normas aprobadas en 2025 sobre el sistema de justicia y el trabajo de las organizaciones civiles. De acuerdo con Amnistía Internacional Perú, la pérdida de independencia de instituciones como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo redujo de forma visible las garantías que tienen las peruanas y peruanos para acudir a la justicia.

En ese contexto, la aprobación de la ley que modificó el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue señalada como una de las medidas más preocupantes. La norma amplió el control estatal sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, imponiendo registros y supervisiones que, según el informe, exponen a controles arbitrarios y desproporcionados a quienes defienden derechos humanos.

Para Amnistía, esto afecta directamente a colectivos que acompañan a víctimas de graves violaciones, entre ellas las familias de las personas fallecidas durante la represión estatal de las protestas de 2022 y 2023, así como las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

Otra de las disposiciones cuestionadas fue la Ley 32419, que establece amnistía para perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. La organización advirtió que esta norma contraviene las obligaciones internacionales del Estado peruano de investigar, juzgar, sancionar y reparar estos crímenes. El efecto inmediato, según el reporte, es el fortalecimiento de los riesgos de impunidad y una nueva barrera para que las víctimas obtengan justicia.

El documento también menciona la Ley 32107, vinculada a la prescripción de delitos de lesa humanidad, además de la validación parcial que realizó el Tribunal Constitucional sobre la prescripción de hechos cometidos antes de 2002. En ese mismo marco, el máximo intérprete de la Constitución anuló condenas emblemáticas, entre ellas la del exministro Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, un fallo que generó preocupación en sectores que siguen de cerca los procesos por violaciones a los derechos fundamentales.

A ello se suma la situación de las investigaciones por las protestas de 2022-2023, que dejaron un saldo de 50 muertos, incluidos 8 menores de edad, y al menos 1.400 heridos. Tres años después, los casos siguen en etapa preliminar y no se advierten sanciones efectivas contra los responsables. Para la organización, esto evidencia una respuesta institucional insuficiente ante hechos de extrema gravedad.

Violencia contra la prensa, mujeres y personas LGTBIQ+ en un contexto de hostilidad creciente

El retroceso no se limitó al ámbito judicial. El informe de Amnistía Internacional también advierte un deterioro severo en la libertad de prensa. En 2025 se registraron cuatro periodistas asesinados y 458 ataques contra la prensa, lo que convirtió al año en uno de los más violentos para el ejercicio periodístico en el siglo. La ausencia de resultados efectivos en las investigaciones alimentó un clima de impunidad que, de acuerdo con el reporte, favorece la autocensura y debilita el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La violencia también golpeó a quienes defienden la tierra, el ambiente y los derechos colectivos. El documento señala el asesinato de dos defensores ambientales y reporta 161 casos de personas defensoras e indígenas bajo amenaza. A esto se sumaron campañas de hostigamiento, discursos estigmatizantes y ataques digitales y físicos contra activistas, entre ellos el caso de Jennie Dador Tozzini, directora de Amnistía Internacional Perú, quien fue objeto de violencia en distintos niveles.

En paralelo, el país registró un agravamiento de la violencia contra mujeres y niñas. El informe detalla 135 feminicidios, 30.029 casos de violencia sexual y 12.044 desapariciones de mujeres, una cifra que representa un aumento del 17 % respecto al año anterior. También se advierte que solo 8,2 % de las sobrevivientes de violencia sexual recibió atención de emergencia, lo que muestra un acceso todavía muy limitado a servicios de salud y protección.

En ese escenario, la aprobación de la Ley 32535, que elimina el enfoque de género de las políticas públicas, fue presentada como un retroceso importante en la respuesta estatal frente a la discriminación y la violencia. La organización sostiene que retirar este enfoque debilita la capacidad del Estado para identificar las causas estructurales de la desigualdad y para diseñar medidas eficaces de prevención.

El informe también alerta sobre las restricciones para niñas y adolescentes víctimas de violación sexual que buscan acceder al aborto terapéutico, incluso en casos donde su vida está en peligro. Asimismo, denuncia el cierre de fiscalías especializadas y unidades médico-legales en zonas rurales, lo que complica aún más la atención de víctimas en regiones indígenas y alejadas.

En cuanto a los derechos LGTBIQ+, el reporte menciona la Ley 32331, que condiciona el acceso a baños públicos según el “sexo biológico”, una disposición que afecta directamente a las personas trans. A esto se suma la persistencia de la patologización legal de la identidad de género y la ausencia de reconocimiento legal para personas trans, en contradicción con estándares internacionales de derechos humanos.

La situación se agrava con la estigmatización de personas migrantes y refugiadas, a quienes algunos discursos oficiales asocian con la inseguridad ciudadana. Para Amnistía, ese tipo de mensajes alimenta prejuicios, expone a estas poblaciones a mayores niveles de violencia y aumenta su vulnerabilidad frente a redes de trata y otras formas de explotación.