Perú profundizó su retroceso democrático y en derechos humanos durante 2025, alerta HRW

Un informe del Human Rights Watch advierte que en el 2025, el Perú “siguió retrocediendo en materia de democracia y derechos humanos”. El balance es severo. A lo largo del último año, el país registró un deterioro sostenido del Estado de derecho, marcado por acciones del Congreso que debilitaron las instituciones democráticas, afectaron la independencia judicial y profundizaron la desconfianza ciudadana, según el informe anual de la organización internacional.

El documento señala que este retroceso institucional ocurrió en paralelo a la expansión del crimen organizado, el aumento de la violencia y la adopción de respuestas estatales que, lejos de resolver los problemas de seguridad, implicaron restricciones de derechos sin resultados sostenibles.

Congreso y debilitamiento del equilibrio de poderes

Human Rights Watch identifica al Congreso como uno de los principales actores del deterioro democrático en 2025. Más de la mitad de sus integrantes enfrentaban investigaciones por corrupción u otros delitos, mientras el Parlamento impulsó normas y decisiones que favorecieron la impunidad y limitaron la labor de jueces y fiscales.

Uno de los hechos más críticos fue la aprobación, en julio, de una ley de amnistía que concede impunidad por delitos graves cometidos durante el conflicto armado interno. La norma fue promulgada en agosto, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado peruano suspender su aplicación hasta evaluar su compatibilidad con sentencias previas sobre leyes de amnistía.

Amenazas a la independencia judicial y fiscal

El análisis advierte que el sistema de justicia continuó bajo presión política. En enero de 2025 asumió funciones una nueva Junta Nacional de Justicia, órgano clave para garantizar la separación de poderes. Sin embargo, una misión internacional de expertos que supervisó el proceso de selección concluyó que este no cumplió con estándares internacionales de transparencia, criterios técnicos ni participación ciudadana.

En septiembre, la Junta nombró como fiscal de la Nación interino a Tomás Gálvez, investigado por el caso “Cuellos Blancos”. Gálvez anunció la destitución de fiscales anticorrupción, lo que generó preocupación sobre posibles represalias institucionales, aunque hasta el cierre del informe dichas destituciones no se habían concretado.

Violaciones de derechos humanos sin justicia

Además, la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos sigue siendo una constante. A septiembre de 2025, no se había dictado ninguna condena por el asesinato de 49 manifestantes y transeúntes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Según los fiscales, el 70 % de las investigaciones permanecían en fase preparatoria.

Ese mismo mes, el Congreso archivó una denuncia constitucional contra la entonces presidenta Dina Boluarte por su papel en la represión de las protestas, pese a que la fiscalía la había acusado, junto a exministros, de no haber impedido los homicidios y las lesiones.

Corrupción persistente y retrocesos legales

Y por si fuera poco, la corrupción continuó erosionando las instituciones públicas. En 2024, Perú registró una fuerte caída en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Cinco expresidentes han sido acusados por corrupción, y cuatro permanecían en prisión al momento de elaboración del informe.

En agosto de 2025, el Tribunal Constitucional ordenó suspender las investigaciones penales contra la presidenta Boluarte mientras durara su mandato, pese a que era investigada por presuntos delitos vinculados a corrupción y a la represión de protestas. Tras su destitución en octubre, las investigaciones fueron reactivadas. Además, una misión de alto nivel de la OCDE expresó su preocupación por medidas que podrían poner en riesgo la independencia judicial y fiscal.

Inseguridad, violencia y estados de emergencia

La inseguridad se consolidó como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Hasta agosto de 2025 se registraron 1.377 homicidios, un incremento del 14,6 % en comparación con 2024, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron cerca de un 30 %.

Ante este escenario, el Ejecutivo recurrió de manera reiterada a la declaración de estados de emergencia en distintas zonas del país, incluyendo Lima y Callao, suspendiendo derechos constitucionales. No obstante, la organización advierte que estas medidas no lograron reducir los niveles de violencia ni atacar las causas estructurales del problema.

Reducción del espacio cívico y ataques a la prensa

El informe también alerta sobre un entorno cada vez más hostil para la sociedad civil y el periodismo independiente. En marzo, el Congreso aprobó una ley que otorga amplias facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional sobre organizaciones y medios que reciben financiamiento extranjero. Expertos de Naciones Unidas advirtieron que la norma constituye una restricción preocupante del espacio cívico y del trabajo en derechos humanos.

Reporteros sin Fronteras documentó casos de vigilancia, procesos judiciales y represalias contra al menos ocho periodistas de investigación. La Asociación Nacional de Periodistas, por su parte, registró más de 18 agresiones contra comunicadores durante las protestas de septiembre y octubre, en su mayoría atribuidas a agentes policiales.

En 2025, dos periodistas fueron asesinados: Gastón Medina, en Ica, y Raúl Célis López, en Iquitos, ambos luego de investigar presuntos casos de corrupción y crimen organizado.

Desigualdades sociales y derechos vulnerados

Human Rights Watch advierte, también, que casi el 28 % de la población vivía en pobreza monetaria en 2024, con una incidencia particularmente alta en zonas rurales. La informalidad laboral alcanzó al 72 % de los trabajadores, la cifra más alta de la región, según la Organización Internacional del Trabajo.

Este señala, además, retrocesos en derechos ambientales, reproductivos y de grupos históricamente discriminados. Se documenta la expansión de la minería ilegal, la violencia contra defensores ambientales, la falta de protección integral para personas LGBT, las barreras para acceder al aborto terapéutico y el aumento de los femicidios, que sumaron 105 casos hasta agosto, según la Defensoría del Pueblo.

El reporte concluye que el Perú cerró 2025 con un panorama marcado por el debilitamiento del Estado de derecho, la concentración de poder político y la ausencia de respuestas efectivas frente a la violencia, la corrupción y las profundas desigualdades sociales.