Comisión de Venecia confirma que leyes del Congreso “pueden generar impunidad” en casos de corrupción y DD. HH.

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa confirmó que el paquete de leyes en materia penal que aprobó el Congreso de la República de Perú puede generar “impunidad” en caso de violaciones de derechos humanos y corrupción.

En el informe CDL-AD(2026)004, la Comisión se refiere específicamente sobre las siguientes normas aprobadas por el Parlamento:

• La Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad y guerra para hechos previos a 2002 y les impone prescripción ordinaria.
• Leyes 32108 y 32138 redefinen la descripción de “organización criminal”, recortando el alcance de la persecución penal y limitando herramientas de investigación como el levantamiento del secreto bancario.
• La Ley 31990 introduce plazos estrictos y nuevas restricciones a la colaboración eficaz.
• La Ley 32326 condiciona la extinción de dominio a una condena penal firme

Para los expertos del Consejo de Europa, estas leyes, si bien individualmente las consideran “defendibles”, sostienen que "su efecto combinado puede influir en la capacidad práctica de los operadores judiciales para abordar eficazmente la delincuencia grave y organizada".

“Individualmente, la mayoría de estas reformas pueden no obstaculizar la independencia y la imparcialidad de la administración judicial, e incluso pueden percibirse como una garantía y salvaguarda de los principios del debido proceso en el contexto de los procedimientos judiciales. Sin embargo, en conjunto, la Comisión de Venecia teme que estas propuestas puedan generar riesgo de impunidad de las violaciones más graves de los derechos humanos, las actividades delictivas y los casos de corrupción”, se lee en el informe.

Por ello, los expertos expresa su preocupación por el conjunto de reformas emprendidas contra el Poder Judicial, ya que estas podrían terminar debilitándolo.

“La Comisión alienta a las autoridades peruanas a que revisen estas medidas prestando especial atención al cumplimiento de los requisitos constitucionales, el derecho internacional de los derechos humanos y los principios reconocidos del Estado de Derecho”, se lee.

Y agregan: “La Comisión de Venecia recomienda además que se lleven a cabo consultas transparentes e inclusivas con los actores afectados nacionales y el público en general antes de adoptar cualquier reforma que afecte a las instituciones fundamentales del sistema judicial. De esta manera, Perú puede garantizar que las reformas refuercen, en lugar de socavar, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la gobernanza democrática”.

Sugerencias

En sus conclusiones, la Comisión de Venecia sugiere a las autoridades peruanas que el nuevo Congreso debe llevar un “proceso integral, inclusivo y transparente de reforma judicial”.

“Este proceso debe priorizar una participación significativa de todos los actores relevantes, incluidos miembros del poder judicial, la profesión jurídica, la sociedad civil y el público en general. Asimismo, la reforma debe basarse en un análisis exhaustivo de los desafíos actuales y buscar asegurar un amplio consenso social”, se lee.

También se propone la revisión de las denominadas “leyes procrimen” “a la luz de las obligaciones internacionales”. “Debe realizarse una evaluación exhaustiva no solo de las medidas individuales, sino también de su efecto acumulado sobre la independencia judicial, la protección de los derechos humanos y la persecución de delitos graves y de corrupción”, sostienen.