Trabajadores de la UCV habrían sido llevados a mítines de César Acuña: investigación revela traslado en buses a campaña de APP

La campaña rumbo a las Elecciones 2026 suma un nuevo episodio que ha generado controversia. Un reportaje del dominical Punto Final reveló presuntas prácticas que vinculan directamente a la Universidad César Vallejo (UCV) con actividades proselitistas del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Las imágenes y testimonios recogidos muestran cómo trabajadores de la casa de estudios habrían sido trasladados a mítines políticos en distintos distritos de Lima.

De acuerdo con la investigación difundida por Latina Noticias, el seguimiento incluyó registros audiovisuales, declaraciones de colaboradores y la identificación de vehículos que partían desde instalaciones universitarias. El informe apunta a un presunto uso de recursos logísticos y humanos de la UCV para reforzar la convocatoria en actividades partidarias, lo que ha encendido alertas sobre el cumplimiento de la normativa vigente en el país.

Traslado de trabajadores y cambio de indumentaria en mítines políticos

Uno de los hallazgos más llamativos del reportaje muestra cómo decenas de trabajadores salían en grupo desde la sede principal de la UCV en Los Olivos para abordar buses. Algunos vestían aún sus uniformes laborales. Sin embargo, al llegar al lugar del mitin, descendían de las unidades y se cambiaban de ropa para colocarse polos de Alianza para el Progreso, integrándose a las actividades políticas del candidato.

El equipo de investigación registró este desplazamiento desde el interior del campus hasta parques donde se desarrollaban los eventos. En uno de ellos, en San Martín de Porres, se observó a un centenar de personas que aguardaban la llegada del líder político mientras practicaban arengas y consignas. “¡Si Acuña lo dice! ¡La gente lo hace!”, repetían al unísono, según se escucha en los audios difundidos.

Además, se identificó que el traslado no era aislado. La logística incluía buses diferenciados, incluso organizados por grupos, y la presencia de personal que coordinaba el embarque dentro del propio campus universitario. Según el reportaje, estas acciones eran dirigidas por promotores de campaña que ingresaban y salían de la universidad con normalidad, coordinando directamente con los conductores y organizadores del evento.

Una vez en el mitin, los trabajadores eran recibidos por directivos vinculados a la universidad, quienes también participaban en la organización. Entre ellos, se menciona a funcionarios de áreas como investigación, bienestar universitario y admisión, quienes habrían tenido roles activos en la convocatoria.

Uso de instalaciones y advertencias legales sobre recursos universitarios

La investigación de Punto Final también documentó el presunto uso de infraestructura vinculada a la universidad para actividades relacionadas con la campaña. En el distrito de Comas, por ejemplo, se identificó un local que anteriormente funcionaba como centro de idiomas de la UCV y que actualmente sería utilizado como almacén de mobiliario y base logística para eventos políticos.

En este lugar, cámaras registraron el ingreso de camionetas con sillas utilizadas en mítines, así como su almacenamiento posterior. El inmueble, según registros públicos citados en el reportaje, continúa a nombre de la universidad, lo que refuerza las interrogantes sobre su uso.

Otra escena captada muestra a personas vinculadas a la campaña que, tras llegar con indumentaria partidaria, optan por cambiarse de ropa antes de ingresar a instalaciones universitarias. Para ello, incluso adquieren prendas en comercios cercanos, con el objetivo de evitar ser identificados dentro del campus con símbolos políticos.

Especialistas consultados en el informe advierten que este tipo de prácticas podría contravenir la legislación vigente. La normativa establece que los recursos de las universidades —incluyendo instalaciones, personal y bienes— deben destinarse exclusivamente a fines educativos. En esa línea, la SUNEDU confirmó que existe una prohibición expresa sobre el uso de estos recursos para actividades de carácter político o partidario.

Antecedente

El reportaje también recuerda un antecedente: en 2022, la misma universidad fue sancionada con una multa económica por destinar vehículos a actividades proselitistas en años anteriores. Este contexto refuerza el debate sobre los límites entre instituciones educativas privadas y participación política.

Consultado por el equipo periodístico, César Acuña señaló que cuenta con una amplia base de egresados y que no se puede impedir que estos lo respalden. Asimismo, indicó que los organismos correspondientes son los encargados de supervisar el uso de recursos.

Mientras tanto, trabajadores de la universidad, en condición de anonimato, afirmaron haber sido convocados reiteradamente a este tipo de actividades. “Nos llaman y nos indican que debemos asistir. Es complicado negarse”, se escucha en uno de los testimonios recogidos durante la investigación.

El caso ocurre en medio del proceso electoral, donde entidades como la ONPE y la propia SUNEDU tienen roles clave en la supervisión de la legalidad de las campañas. La difusión del reportaje ha puesto nuevamente en el foco la relación entre instituciones privadas y actividades políticas en el país.

Descargos de la UCV

La Universidad César Vallejo (UCV) rechazó cualquier vinculación con actividades de campaña política, asegurando que “la UCV es una institución académica que actúa conforme a la ley, se mantiene al margen de actividades políticas y no utiliza sus recursos, infraestructura ni personal para tales fines”. La universidad remarcó que su labor se centra únicamente en “la formación de profesionales, la investigación y el servicio a la sociedad”.

En el comunicado, la UCV advirtió que “en caso de detectarse conductas individuales que contravengan estas disposiciones, la universidad llevará a cabo las investigaciones correspondientes y aplicará las sanciones conforme a la normativa vigente”. De esta manera, la institución se compromete a investigar y sancionar cualquier situación irregular relacionada con la política.

Finalmente, la UCV subrayó que “respetamos el derecho a la participación política de las personas, el cual es reconocido en la Constitución”, pero pidió a los medios de comunicación “informar con responsabilidad y verificar la información antes de su difusión”. La universidad reiteró su posición institucional y su apego a las normas legales vigentes.