¿Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez en el Congreso podría inhabilitarlo para la función pública?

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, ingresaría a la segunda vuelta de las elecciones 2026. Sin embargo, arrastra una denuncia constitucional que podría complicar su situación legal.

Se trata de la denuncia constitucional que presentó en su contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por presunto negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo cuando era ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno del golpista expresidente Pedro Castillo.

La acusación gira en torno a la designación de Daniel Abarca Soto como asesor I del Gabinete de Asesores del despacho ministerial del Mincetur, formalizada mediante la Resolución Ministerial 125-2021-MINCETUR. Según la denuncia, el nombramiento no respondió al interés de la administración pública, sino a un requerimiento expreso del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien se le atribuye el delito de tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con la denuncia, Bellido habría solicitado la contratación de Abarca al menos en dos ocasiones previas al nombramiento: el 31 de julio de 2021, durante una reunión con Sánchez en el Centro de Convenciones de Lima, y el 4 de agosto de ese año, durante la sesión del primer Consejo de Ministros, cuando le habría pedido que “acelerara” el trámite. La Fiscalía sostuvo que Sánchez se interesó de manera indebida en la contratación del asesor en beneficio de este y de Bellido.

El proceso de designación habría presentado una serie de irregularidades documentadas por el Ministerio Público. Por ejemplo, el currículum de Abarca no ingresó por el conducto regular —la Oficina de Trámite Documentario—, y el área de Personal del Mincetur no encontró registro alguno de su propuesta en el sistema. El contrato, que estableció una remuneración de 15.600 soles mensuales, no se suscribió sino hasta cuatro días después del nombramiento formal. Quien lo firmó en representación del ministerio fue Manuel Gerardo Gonzales Oblitas, designado director de la Oficina de Personal apenas dos días antes. Según la Fiscalía, Sánchez promovió esa designación y esperó a que Gonzales Oblitas asumiera funciones para recién formalizar el contrato con Abarca con el objetivo de que pase por alto las irregularidades.

La denuncia fue presentada por Delia Espinoza en enero de 2025, pero permaneció encarpetada durante toda la presidencia de María Acuña (Alianza para el Progreso) en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así como durante la gestión de Lady Camones.

¿Denuncia podría acabar con la inhabilitación de Roberto Sánchez?

De acuerdo con Camones, la denuncia constitucional contra Roberto Sánchez recién sería tramitada por el siguiente Congreso. Esto, dice, porque el tiempo que le resta al actual Congreso no alcanzarían para adoptar una decisión final.

Ahora bien, cabe precisar que en caso de que el nuevo Parlamento aprueba la denuncia constitucional contra Sánchez, ello no implicaría una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Y es que la denuncia constitucional versa sobre delitos y no sobre infracciones constitucionales. Al tratarse únicamente de ilícitos presuntamente cometidos por Sánchez, la acusación del Congreso solo ocasionaría que se le levante el antejuicio para que pueda ser procesado penalmente.

Una inhabilitación para ejercer cargos públicos únicamente procedería si es que se le imputan infracciones a la Constitución, que no es el caso del candidato de Juntos por el Perú. Incluso, hubo una denuncia constitucional en la Subcomisión que buscaba eso; sin embargo, Sánchez fue excluido del informe final.