Proponen que aplicativos de taxi solo cobren 20% de comisión a los choferes por los servicios prestados

Un proyecto de ley presentado en el Congreso, cuyo autor principal es Diego Bazán de Renovación Popular, plantea establecer límites a las comisiones que cobran las plataformas digitales de intermediación del servicio de taxi, con el objetivo de mejorar los ingresos de los conductores y garantizar condiciones de competencia más equilibradas en el mercado.

La iniciativa propone que, en Lima Metropolitana y el Callao, las aplicaciones solo puedan cobrar hasta un 20% del valor total del servicio, mientras que en el resto del país el tope sería de 10%. La medida surge en un contexto de crecimiento sostenido del uso de estos aplicativos y de cuestionamientos por parte de los choferes sobre los descuentos aplicados.

Límites diferenciados por región

El proyecto establece un esquema de comisiones máximas diferenciadas según el ámbito geográfico. En la capital y el Callao, donde existe mayor demanda y concentración de plataformas, el límite será de 20%. En cambio, en regiones, donde el mercado es más incipiente, se fija un tope de 10%.

Además, se precisa que cualquier acuerdo que supere estos porcentajes será considerado nulo, lo que busca evitar prácticas contractuales que perjudiquen a los conductores.

Cambios en las condiciones de cobro

La propuesta también regula la forma en que las plataformas pueden modificar sus comisiones. Para ello, deberán cumplir con cuatro condiciones: comunicar los cambios con al menos 30 días calendario de anticipación, sustentar económicamente la variación, contar con la aceptación expresa del conductor y respetar los límites establecidos.

Con ello, se busca dotar de mayor previsibilidad a los choferes, quienes actualmente pueden enfrentar cambios unilaterales en las condiciones del servicio.

Prohibición de cobros encubiertos

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de cargos adicionales que, en la práctica, incrementen la comisión real por encima de los topes establecidos. Esto incluye penalidades, descuentos u otros mecanismos indirectos.

La iniciativa responde a denuncias de conductores que señalan que las comisiones pueden llegar a niveles de entre 20% y 35%, considerando distintos tipos de deducciones.

Derecho a resolver el contrato: supervisión a cargo de Indecopi

El texto también contempla que los conductores puedan terminar su vínculo con la plataforma sin penalidad alguna, fortaleciendo su capacidad de decisión frente a condiciones que consideren desfavorables.

Esta medida apunta a equilibrar la relación contractual, caracterizada por contratos de adhesión en los que el conductor tiene poco margen de negociación.

La supervisión del cumplimiento de la norma recaería en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entidad que actuaría dentro de sus competencias actuales, sin necesidad de crear nuevas instancias administrativas.

Argumentos de la propuesta

El proyecto sostiene que el crecimiento de las plataformas digitales no ha estado acompañado de una regulación específica sobre comisiones, lo que ha generado desequilibrios entre empresas y conductores.

Asimismo, señala que en mercados con alta concentración y asimetría contractual, el Estado puede intervenir para evitar distorsiones en la competencia y proteger a los actores más vulnerables.

En esa línea, se argumenta que la medida no implica un control de precios al usuario final, sino una regulación del margen de intermediación en un mercado digital.

Referencias internacionales

La iniciativa recoge experiencias de otros países donde se han adoptado medidas regulatorias en plataformas digitales, ya sea mediante estándares de ingresos mínimos, reconocimiento de derechos laborales o reglas de competencia.

Según el documento, estas acciones responden a la necesidad de corregir desequilibrios estructurales y garantizar condiciones más justas en mercados altamente concentrados.

Impacto esperado

De acuerdo con el análisis planteado, la propuesta generaría beneficios para los conductores al incrementar sus ingresos y mejorar su rentabilidad. También se prevé que contribuya a la estabilidad del servicio, al incentivar la permanencia de choferes en las plataformas.

Para el Estado, se anticipa un posible avance en la formalización y en el cumplimiento tributario, mientras que, a nivel de mercado, se busca prevenir abusos de posición dominante y promover una competencia más equilibrada.

En contraste, el principal costo recaería en las plataformas digitales, que tendrían que ajustar sus márgenes de comisión dentro de los nuevos límites establecidos.