Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia de Perú: así llegan los candidatos a la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán los protagonistas de la segunda vuelta presidencial en Perú. Tras el escrutinio del 100 % de los votos, el país se prepara para un balotaje marcado por la polarización, la desconfianza ciudadana y cuestionamientos a la transparencia del proceso.

La jornada electoral peruana estuvo atravesada por incidentes que encendieron el debate sobre las debilidades estructurales del sistema. Lima, que concentra la mayor cantidad de electores, se convirtió en el epicentro de la controversia debido a retrasos en la instalación de mesas.

El ambiente de escepticismo creció por las denuncias de nulidad de mesas y supuestas denuncias de fraude. Observadores y analistas políticos recordaron el antecedente del año 2000, cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) documentó un fraude durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, especialistas como José Tello Alfaro precisaron que “no existe fraude sistémico, ya que implicaría la participación coordinada de la Presidencia, las Fuerzas Armadas y los tres organismos electorales”.

Impugnaciones y legalidad

Las solicitudes de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, para anular mesas enfrentaron obstáculos legales. Los expertos señalaron que el partido no acreditó personeros en las mesas instaladas fuera de horario, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) avaló estos procedimientos conforme a la ley.

Se sumaron dudas sobre el uso de las llamadas “mesas 900.000”, gestionadas por las fuerzas armadas en zonas de difícil acceso, aunque funcionarios electorales recordaron que su utilización es legítima desde 2006.

El JNE y especialistas legales sostuvieron que, si bien se detectaron irregularidades en la jornada, no existen elementos jurídicos para calificar los hechos como fraude electoral estricto. “Las irregularidades afectan la participación, pero no justifican la anulación del proceso ni el reinicio del cronograma. Sólo una reforma constitucional podría alterar el mandato vigente”, afirmó Tello Alfaro en Exitosa.

Las denuncias

Durante el proceso, ambos finalistas llegan con cuestionamientos relacionados con el financiamiento partidario. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, respondió a la multa de 198 mil soles impuesta por la ONPE por el presunto uso indebido de fondos públicos.

Según la entidad electoral, las irregularidades se relacionan con viajes al extranjero para supuestas capacitaciones. Fujimori aseguró que los desplazamientos están sustentados y anticipó que apelarán la sanción: “Los viajes que se han hecho, en nuestro caso el señor Pacheco del Águila y quien habla a la ciudad de San Francisco, han sido un viaje académico. Todo esto ha sido sustentado. El viaje del señor ‘Miki’ Torres ha sido un viaje político”, explicó en declaraciones recogidas por RPP Noticias. “Nosotros vamos a apelar y estamos absolutamente convencidos de que ganaremos”, agregó.

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, fue denunciado por el Ministerio Público por presuntas omisiones en la declaración y uso de fondos partidarios. La ONPE calificó los hechos tanto penal como administrativamente.

Sánchez rechazó los cargos y recordó que parte de la investigación fue archivada por el Poder Judicial: “Esa investigación empezó en el año 2018 y se me acusaba de haber apropiado yo, de uso personal, de los fondos del partido y qué ha dicho el Poder Judicial después de cinco, seis años: ‘archivado’, porque he demostrado mi actuación legal, de acuerdo a ley”, indicó.

A pesar de su defensa, Sánchez deberá acudir el 27 de mayo a una audiencia judicial que podría definir su futuro legal antes de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio.

Desconfianza

El proceso electoral evidenció un deterioro en la confianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la transparencia. La aprobación ciudadana del JNE, la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) alcanzó su punto más bajo desde el retorno a la democracia.

La falta de coordinación entre los titulares de estos organismos quedó expuesta durante los incidentes del 12 de abril. José Tello anticipó que enfrentarán investigaciones administrativas, políticas y judiciales.

El JNE aceptó la posibilidad de una auditoría internacional sobre el proceso y un funcionario explicó que dicho procedimiento no alterará el cronograma electoral. “La auditoría no detendrá el calendario y, si se comprueba afectación premeditada, solo corresponderá una reparación posterior, pues la legislación prioriza la continuidad”.

Sombra del pasado

El debate sobre la transparencia electoral y el financiamiento partidario se ve reforzado por antecedentes recientes. En una entrevista en Willax TV, Lourdes Flores Nano relató que en 2011 el expresidente Alan García le confió que Keiko Fujimori rechazó la posibilidad de solicitar un indulto para su padre, Alberto Fujimori, antes de dejar la presidencia.

El exmandatario sería liberado en 2023 tras una orden del Tribunal Constitucional, pese a la oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En paralelo, la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, quien es cercado a Roberto Sánchez, ha motivado también debates sobre la figura del indulto en la política peruana. El Ministerio de Justicia informó que todas las solicitudes recientes de gracia presidencial han sido declaradas inadmisibles.

El desenlace entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, con la segunda vuelta programada para el 7 de junio, marcará un nuevo hito institucional. Ambos candidatos enfrentan exigencias de mayor transparencia y deberán responder a las demandas ciudadanas en medio de un escenario polarizado, con la legitimidad de las instituciones en juego y la mirada internacional atenta al desarrollo del proceso electoral en Perú.