Trabajador del INPE pedía S/ 500 a familiar de interno para no trasladarlo a penal de alta peligrosidad

Un extrabajador del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue condenado por solicitar S/ 500 a un familiar de un interno a cambio de no trasladarlo a un penal de alta peligrosidad. La investigación, liderada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Noroeste, demostró que el exagente utilizó su cargo para extorsionar a la esposa de un recluso recién ingresado en el Establecimiento Penal Transitorio de Lima, en Ancón II.

La Fiscalía de la Nación informó que Ronald Cárdenas, extécnico de seguridad del INPE, fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por un periodo de prueba de tres años, tras ser hallado culpable del delito de concusión en agravio del Estado. El fallo también contempla la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, el pago de 241 días multa y una reparación civil de S/ 6.000 a favor del Estado peruano. Cárdenas deberá cumplir estrictas reglas de conducta y, en caso de incumplimiento o impago de la reparación, podría enfrentarse a prisión efectiva.

La investigación fiscal determinó que, en marzo de 2023, Cárdenas contactó a la esposa del interno, identificándose falsamente como “Alcaide Rony”. Le exigió el pago de S/ 500, bajo la amenaza de que, si no realizaba el depósito, su esposo sería trasladado a un penal de alta peligrosidad, poniendo en riesgo su integridad física y su vida. La entrega del dinero se concretó mediante una transferencia por aplicativo a la cuenta de la hija del acusado.

El Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas como el levantamiento del secreto bancario, registros de llamadas y mensajes de WhatsApp intercambiados entre el exfuncionario y la víctima. En uno de esos mensajes, Cárdenas confirmó la recepción del pago con la frase: “Está usted servida”. La fiscal adjunta provincial Rosangela Carrera Casas fue la encargada de presentar los elementos probatorios que permitieron sostener la condena.

Funciones del INPE y medidas ante la corrupción en el sistema penitenciario peruano

El Instituto Nacional Penitenciario es el organismo público encargado de la administración, vigilancia y rehabilitación de las personas privadas de libertad en el Perú. Su misión principal es garantizar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y promover la reinserción social de los internos bajo el respeto de los derechos humanos, conforme a la ley peruana. El INPE administra centros penitenciarios de diversa clasificación, incluyendo penales de alta peligrosidad, donde se alojan internos procesados o sentenciados por delitos graves y de organización criminal.

Los actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, como el cobro indebido o la extorsión por parte de servidores públicos, son considerados delitos graves y están tipificados en el Código Penal peruano. Según la normativa vigente, la concusión —delito por el que fue condenado Cárdenas— implica que un funcionario público, abusando de su cargo, exige o recibe dinero u otros beneficios indebidos. Las sanciones pueden incluir penas privativas de libertad, inhabilitación para ejercer funciones públicas y el pago de reparaciones civiles, como ocurrió en este caso.

En el Perú, la persecución de delitos de corrupción de funcionarios corresponde a fiscalías especializadas, que investigan y promueven acciones penales contra quienes, en el ejercicio de un cargo público, incurren en prácticas ilícitas que afectan la probidad de la administración estatal. El proceso judicial permite la recopilación de pruebas técnicas, como el análisis de comunicaciones y movimientos bancarios, para sustentar las acusaciones.