El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó un paquete de medidas extraordinarias y temporales para reforzar la seguridad en la contratación y gestión del servicio público móvil, en el marco del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo para Lima Metropolitana y Callao.
La Resolución Nº 000024-2026-CD/OSIPTEL, publicada el 16 de marzo en edición extraordinaria de El Peruano, dispone la entrada en vigor inmediata de cuatro disposiciones clave dirigidas a frenar la suplantación de identidad, las activaciones masivas y las irregularidades en los registros de líneas móviles.
OSIPTEL endurece controles tras el fracaso de los filtros previos
La norma justifica su urgencia ante la persistencia de registros inconsistentes, acumulación atípica de líneas bajo un mismo titular y la utilización de servicios móviles para delitos como extorsión o sicariato.
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OSIPTEL recalca que la medida responde directamente al mandato del Decreto Supremo Nº 027-2026-PCM, que exige acciones inmediatas para combatir el uso ilícito de las telecomunicaciones en la criminalidad organizada.
Entre los puntos centrales figura la notificación obligatoria a usuarios con más de siete líneas móviles contratadas antes del 14 de febrero de 2026, fecha de entrada en vigor del Decreto Legislativo Nº 1738.
Las empresas operadoras deberán enviar mensajes diarios y correos electrónicos durante cinco días hábiles consecutivos a estos usuarios, advirtiéndoles que solo pueden conservar las líneas ya contratadas y no podrán adquirir adicionales.
Además, se les instruye verificar sus servicios mediante la plataforma “Checa tus líneas” y denunciar cualquier contratación que desconozcan.
Proceso sumarísimo: baja de líneas móviles en solo cuatro días
La segunda medida establece un procedimiento sumarísimo para la baja definitiva de líneas con registros inconsistentes. Los titulares afectados recibirán notificaciones durante dos días para regularizar su situación.
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Si no lo hacen, la línea se suspende por otros dos días y, de persistir la omisión, se procede a la baja automática del servicio. Este proceso solo puede regularizarse de manera presencial en los centros de atención de la operadora y, en caso de ajuste, la empresa debe entregar una constancia inmediata y reactivar la línea al día siguiente.
En cuanto a la contratación de extranjeros, la resolución endurece los controles de identidad. Ahora, toda contratación de personas de nacionalidad extranjera debe hacerse presencialmente y con verificación biométrica validada en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones o, para quienes poseen Carné de Identidad de Extranjero, a través del sistema del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Notificaciones masivas: usuarios con más de 7 líneas bajo la lupa
La cuarta medida da a los usuarios la posibilidad de solicitar un “candado” que impida la contratación de nuevas líneas a su nombre, trámite que solo puede realizarse presencialmente y se ejecuta en un máximo de 5 días. Los usuarios también pueden solicitar el levantamiento de la restricción con el mismo procedimiento y validación biométrica.
Adicionalmente, la resolución detalla que la suspensión o baja de líneas por inconsistencias puede ejecutarse en días feriados o no laborables, acelerando la depuración de registros irregulares.
Las empresas deben conservar pruebas de todas las notificaciones y procedimientos realizados, ya que la carga de la prueba recae totalmente en ellas y OSIPTEL podrá fiscalizar el cumplimiento en cualquier momento. La norma tipifica como infracción cualquier incumplimiento de las nuevas obligaciones, con la posibilidad de sanciones administrativas.
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OSIPTEL admite la persistencia de fraudes y suplantaciones en el sistema móvil
Durante la vigencia del estado de emergencia, esta norma suspende artículos clave de la regulación anterior para agilizar el proceso de depuración y endurecer controles. Además, al término de la emergencia, OSIPTEL exigirá un informe detallado sobre el impacto de estas medidas.
Con este paquete de acciones, el regulador busca cerrar brechas para fraudes, proteger a los usuarios y fortalecer la seguridad ciudadana en un contexto de incremento de la criminalidad.
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