¿Fernando Rospigliosi a prisión?: Delia Espinoza pide al PJ que condena por difamación sea efectiva

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, apeló la sentencia que sentencia al presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y pide que la condena sea de prisión efectiva.

Como se recuerda, en primera instancia, el Poder Judicial halló culpable a Rospigliosi del delito de difamación agravada en agravio de Espinoza, a quien llamó “aliada del terrorismo y las economías ilegales” sin pruebas. Por ello se le impuso 9 meses de prisión suspendida sujeto a reglas de conducta.

Si bien, el fujimorista apeló el fallo en busca de que la segunda instancia lo absuelva, Espinoza también impugnó la decisión. No obstante, la exfiscal de la Nación tiene como objetivo que la condena se eleve a un año y 8 meses, y, sobre todo, que esta sea efectiva. Es decir, que el presidente encargada del Parlamento sea detenido e ingresado a un penal.

Según la apelación de la exfiscal suprema, el incremento de la pena se justifica porque Rospigliosi decidió difamarla a pesar de tener un “mayor nivel de formación, solvencia y posición funcional”. Respecto al pedido para que la condena sea efectiva, Delia Espinoza sostiene que el fujimorista no cumple con los requisitos para que la pena se le suspenda.

Finalmente, la decana del CAL solicita que la reparación civil también sea elevada, de 200 mil a un millón de soles.

Cerca de anular su inhabilitación

Dos magistrados de la Tercera Sala en lo Constitucional de Lima ya votaron a favor de anular la inhabilitación por 10 años que el Congreso de la República impuso a Delia Espinoza, con lo que el Poder Judicial (PJ) queda a un solo voto de dejar sin efecto la sanción parlamentaria.

Los jueces superiores Néstor Paredes Flores y Sandro Aguilar Gaitán se pronunciaron por declarar fundada en parte la demanda de amparo presentada por Espinoza, lo que equivaldría a inaplicar la inhabilitación dictada por el Parlamento. La magistrada Rocío del Pilar Ruíz Arrieta votó en sentido contrario, al considerar que la demanda debía declararse improcedente. Al no alcanzarse la unanimidad de tres votos, el tribunal convocó a un cuarto juez para dirimir la discordia.

El desenlace del proceso depende ahora de la posición que adopte ese magistrado adicional. Si se suma a la mayoría, la sentencia quedará firme y la inhabilitación perderá vigencia. Si, en cambio, vota por la improcedencia, deberá convocarse a un quinto juez para resolver el empate.

Los efectos de una eventual sentencia favorable a Espinoza irían más allá de la inhabilitación. También quedaría sin efecto la resolución del Congreso que levantó el antejuicio político en su contra para habilitarla a ser procesada penalmente por presunto prevaricato.

El origen de la sanción se remonta a un reglamento del Ministerio Público que Espinoza no respaldó ni suscribió. Pese a que la denuncia constitucional involucró a otros fiscales supremos, el Parlamento optó por sancionar únicamente a Espinoza, una situación que su defensa señaló como argumento central durante la audiencia celebrada en marzo ante la Tercera Sala Constitucional de Lima.