Perú registra casi 400 denuncias de trabajo forzoso en cinco años: ¿quiénes son las víctimas y cómo caen en estas redes?

Perú enfrenta el desafío de erradicar el trabajo forzoso, un delito que ha generado casi 400 denuncias en los últimos cinco años y que afecta principalmente a poblaciones vulnerables en distintas regiones del país. En el marco del Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) reafirmó su compromiso con la prevención y eliminación de esta práctica, llamando a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio y recordando las severas sanciones para los responsables.

La conmemoración de esta fecha, instituida cada 1 de febrero por Resolución Ministerial Nº 020-2020-TR, busca visibilizar la problemática del trabajo forzoso y reforzar las acciones estatales para combatirlo. Durante el periodo 2020-2025, el MTPE registró 393 denuncias, con mayor concentración en las regiones de Callao, Puno, Loreto y Lima. Según el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, estas cifras reflejan la dimensión del problema y la necesidad de mantener una respuesta articulada desde el Estado.

El trabajo forzoso está prohibido por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por el país, como el Convenio N.° 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las víctimas son, en su mayoría, personas engañadas con promesas de empleos bien remunerados que terminan atrapadas en condiciones abusivas, sin posibilidad de escapar. El temor a las represalias dificulta la denuncia, por lo que el Estado ha fortalecido los canales de orientación y acompañamiento.

Cómo son captadas y controladas las víctimas de trabajo forzoso

Las investigaciones del MTPE y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) revelan que las víctimas de trabajo forzoso suelen ser captadas mediante ofertas de trabajo que no se corresponden con la realidad.

Una vez incorporadas, se ven sometidas a jornadas sin descanso, supervisión estricta de sus comunicaciones y amenazas constantes que pueden incluir violencia física o sexual, privación de alimentos y alojamiento, e incluso secuestro. La intimidación y las amenazas impiden que estas personas puedan abandonar el trabajo o denunciar su situación, perpetuando un círculo de explotación.

El delito de trabajo forzoso se configura cuando una persona es obligada a realizar labores sin haber dado su consentimiento voluntario y bajo presión de amenazas o coacción. Estas circunstancias, además de constituir un grave atentado a los derechos humanos, exponen a las víctimas a daños físicos y psicológicos de largo plazo.

Las sanciones para quienes incurren en este delito son severas: penas de prisión de seis a doce años, que pueden extenderse hasta veinticinco años en casos con agravantes como la muerte de la víctima. Además, la Sunafil puede imponer multas administrativas de entre 50 y 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a montos de hasta 1 millón 100.000 soles.

La respuesta del Estado y canales oficiales para denunciar

El Estado peruano ha reforzado su estrategia mediante la formulación de la Política Nacional Multisectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Forzoso, instrumento que articula el trabajo de diversos sectores y fortalece la fiscalización, la sensibilización y la atención a las víctimas. “El Estado y nuestro sector estamos comprometidos con la prevención y erradicación del trabajo forzoso e infantil en el Perú, priorizando políticas y acciones de sensibilización, concientización y fiscalización”, expresó el ministro Fernández Cáceres.

El MTPE instó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para denunciar cualquier caso. Las denuncias pueden realizarse a través de la plataforma de la Sunafil en www.gob.pe/c/20620, donde se garantiza la confidencialidad y el acompañamiento a las víctimas. La línea 1819 del MTPE también ofrece orientación gratuita, de lunes a viernes, de 8:15 a 17:00.

Las autoridades recalcan que la participación ciudadana es fundamental para romper el miedo y la impunidad en torno a este delito. El mensaje central es claro: el trabajo forzoso no solo es una infracción administrativa muy grave, sino un acto criminal que atenta contra la dignidad humana.