José Jerí, ministros y PNP preparan balance de declaratoria de emergencias en medio del peor inicio de año en materia de seguridad

El Gobierno, encabezado por José Jerí, informó de la convocatoria de una reunión con el fin de elaborar un balance de la declaratoria de emergencias implementada en Lima y Callao, el cual será comunicado en los próximos días. El anuncio se produce en un contexto de alarma nacional, tras confirmarse que los primeros días de 2026 configuran el peor arranque anual en materia de seguridad desde que se tienen registros oficiales, con 55 asesinatos reportados hasta el 10 de enero.

El presidente reunió en Palacio de Gobierno a los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Policía Nacional del Perú (PNP), junto a otros funcionarios clave para la lucha contra la delincuencia. El objetivo fue revisar las cifras, analizar los resultados alcanzados desde la declaratoria de emergencia y delinear nuevas acciones estratégicas para frenar la ola de violencia.

Durante el encuentro, Jerí destacó la necesidad de mantener un “trabajo incansable y permanente” en la denominada guerra contra la delincuencia. Sin embargo, los datos que maneja el propio Ejecutivo revelan que la criminalidad no ha dado tregua. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en solo diez días se registraron 55 homicidios, una cifra inédita desde 2017, año en que el Ministerio de Salud (Minsa) comenzó a sistematizar estos delitos.

¿Cuál es la ciudad con mayor cantidad de homicidios?

El reporte oficial señala que Lima concentra 25 de los homicidios, lo que la mantiene como la región más afectada por la violencia letal. Le siguen el Callao, con siete víctimas, Lambayeque e Ica (cuatro cada una), Piura y Áncash (tres), y La Libertad (dos). En contraste, nueve regiones, entre ellas San Martín, Puno y Arequipa, no han reportado asesinatos en el mismo periodo, aunque la sensación de inseguridad es generalizada en todo el país.

El analista de datos Juan Carbajal remarcó que la tendencia actual supera los promedios de años anteriores, y que tres jornadas —el uno, tres y cuatro de enero— concentraron nueve muertes cada una, casi la mitad del total mensual. Estos datos han generado inquietud en distintos sectores y ponen en tela de juicio la efectividad de las medidas de emergencia.

La crisis de seguridad se refleja no solo en los números, sino también en el ánimo de la población. El ‘Barómetro de Seguridad’, elaborado con respaldo de la encuestadora Ipsos, revela que el 76% de los peruanos no se siente seguro al salir de casa. Esta cifra asciende al 81% en Lima y al 73% en regiones. Además, según la empresa Verisure, el 28% de la ciudadanía no percibe seguridad ni siquiera dentro de sus hogares.

En la macrorregión norte, que incluye Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Áncash, el 80% de los habitantes se siente desprotegido. La sensación de vulnerabilidad social y económica se profundiza, con crecientes exigencias de respuestas concretas por parte del Estado.

El transporte urbano, en el centro de la crisis

La violencia e inseguridad golpean con especial dureza al sector del transporte urbano. En los primeros ocho días de enero ya se contabilizan al menos ocho ataques extorsivos y dos conductores asesinados. Martín Ojeda, representante de Transportistas Unidos, denunció la “inexistencia de prevención policial” y alertó sobre la normalización de los atentados, incluso bajo el estado de emergencia.

Ojeda relató que los incidentes recientes en Comas incluyeron una balacera y el hallazgo de una granada lista para detonar. Además, explicó que los ataques suelen registrarse entre las 17:00 y las 23:30, cuando el patrullaje policial resulta insuficiente. Empresas de la zona de Chuquitanta afirman que la coordinación entre comisarías y patrullas no logra frenar la violencia.

El gremio de transportistas ha realizado tres huelgas en el último año y ha anunciado un paro para el jueves 15 de enero, que podría dejar fuera de circulación a unas 12.000 unidades y afectar a 250 empresas. La protesta responde a la intensificación de las extorsiones, que han elevado el cobro de “cupos” de diez a treinta soles por vehículo al día, una carga insostenible para el sector formal.