El Perú vivió su año más violento: el 2025 dejó cifras que estremecen y una criminalidad desbordada

La violencia desbordada atravesó al Perú en 2025, dejando el año más sangriento en la historia reciente. La criminalidad alcanzó a todos los estratos sociales: desde un humilde mototaxista hasta grandes empresarios, nadie escapó al azote de la extorsión y los secuestros.

El cobro de cupos se consolidó como una práctica cotidiana en barrios y negocios, mientras empresarios mineros fueron secuestrados, torturados, mutilados y, en muchos casos, asesinados durante su cautiverio.

El impacto de la ola delictiva se reflejó en una cifra récord de homicidios y en una sociedad que cerró el año marcada por la inseguridad.

Un país bajo asedio

Según datos oficiales, la extorsión alcanzó niveles inéditos. César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), declaró que 2025 ha sido el año más violento en cuanto a criminalidad, atribuyéndolo a la falta de una respuesta estatal efectiva.

“La extorsión ha alcanzado cifras récord y ha resultado inmanejable para el Gobierno, que no ha tenido una respuesta contundente frente a esta modalidad delictiva. El sicariato y los secuestros planificados han tenido un crecimiento importante este año”, afirmó Ortiz Anderson a Infobae Perú.

El impacto de la criminalidad no hizo distinción de clases. Transportistas, comerciantes y empresarios pagaron cupos a bandas organizadas; la inseguridad se instaló en las calles, empresas y hogares. Empresarios mineros de alto perfil fueron blanco de secuestros con demandas de rescate millonarias. Durante sus cautiverios, muchos sufrieron torturas, mutilaciones y, en algunos casos, la muerte, según reportes policiales.

El fenómeno tampoco fue ajeno al transporte público. De enero a noviembre, 68 personas vinculadas al transporte urbano fueron asesinadas en medio de ataques extorsivos, según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

Los conductores, dueños y cobradores de vehículos de transporte público se convirtieron en objetivos recurrentes para los extorsionadores. “En el caso del transporte pagan los dueños, los choferes y cobradores. Hay cerca de 30 % de bodegueros que han cerrado por este problema”, alertó Ortiz Anderson.

Las cifras del horror

Los datos oficiales del Sinadef evidencian el salto en la violencia. Al cierre de 2025, el Perú registró 2.213 homicidios, lo que supone un promedio de 6.07 muertes violentas por día. El año previo se contaron 2.083 homicidios, y en 2023 la cifra fue de 1.511.

Los homicidios de 2025 superan todos los registros desde 2017, cuando se contabilizaron 678 casos.

El uso de armas de fuego predominó en los crímenes. Según el analista de datos Juan Carbajal, alrededor del 80 % de los homicidios de 2025 fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego.

Además, dentro de los registros oficiales, hay más de 300 muertes violentas por arma de fuego clasificadas como ‘ignoradas’, lo que sugiere que el número real de asesinatos podría ser aún mayor.

La violencia se concentró especialmente en Lima y Callao, donde los distritos de San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Ate, El Agustino, Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho reportaron los mayores índices de homicidios, basados en cifras de Sinadef.

El crimen organizado

En palabras de Ortiz Anderson, el grupo criminal Tren de Aragua sentó bases en el país y estructuró el delito por territorios y rubros. “Este grupo, del que formaba parte el ‘Maldito Cris’, comenzó a sentar bases en delitos que no habíamos sufrido, como la extorsión y los ataques a unidades de transporte público. Se tomaron el tiempo para organizar territorialmente, y por rubros, el delito en el país: la extorsión, el sicariato, secuestros planificados sanguinarios. Estas modalidades delictivas no se habían visto en el Perú antes”, indicó en diálogo con Infobae Perú.

La falta de una política de Estado coherente fue señalada como un factor determinante para el avance del crimen organizado. Ortiz Anderson sostuvo que “cada gobierno entra con su equipo, con sus planes, con sus propuestas; y es una pérdida de tiempo entre una propuesta y otra, entre un diseño y otro, entre un plan y otro, entre recursos humanos y otros. Son meses largos, y mientras tanto el Perú va a seguir desangrándose”.

Percepción ciudadana

Los planes oficiales, como el estado de emergencia para Lima y Callao, no lograron frenar la criminalidad. El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, declaró que “los planes contra la inseguridad del presidente José Jerí no han dado resultados”.

Afirmó que “la estrategia formulada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el Ejecutivo se ha concentrado básicamente en generar un cambio del estilo de comunicación más que una estrategia de investigación criminal”.

Añadió que “el estado de emergencia viene demostrando su fracaso, no han frenado ni las extorsiones ni los asesinatos… La mayoría de crímenes, más allá de las muertes violentas, están relacionadas con la extorsión”.

La percepción popular reafirmó el fracaso de las políticas públicas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el semestre enero-junio de 2025, el 52.2 % de la población consideró la delincuencia como uno de los principales problemas del país, un salto de 12.8 puntos porcentuales respecto al año anterior. El 19.7 % señaló la falta de seguridad ciudadana como otro de los mayores problemas.

Ciudadanos entrevistados por Infobae Perú a lo largo del país coincidieron en calificar la inseguridad como lo peor del año. “Las extorsiones que matan. Y a uno si tiene plata lo matan y si no tiene plata igual”, expresó un ciudadano en Trujillo.

Desde Lima hasta Iquitos, la sensación de vulnerabilidad y miedo se instaló en la vida cotidiana. “A pesar de tanta delincuencia, tantos robos que ha habido, todos seguimos trabajando, seguimos en lucha por nuestro día a día”, afirmó otro entrevistado más entusiasta.

Impacto económico y social

El costo directo de la violencia y el crimen organizado en el Perú representó el 2.82 % del Producto Bruto Interno (PBI), según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Comerciantes, empresarios y trabajadores de todos los estratos sociales vieron afectadas sus actividades productivas y sus expectativas de inversión.

La criminalidad, lejos de restringirse a zonas marginales, se extendió a todos los sectores. Los testimonios recogidos en Infobae Perú revelan que la extorsión, el sicariato y los secuestros se integraron en la vida diaria, afectando desde pequeños negocios hasta grandes empresas.

La respuesta y el reto

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, cuestionó la exactitud de las cifras de homicidios reportadas por Sinadef, señalando que la PNP cuenta con registros propios elaborados en coordinación con médicos legistas y el Ministerio Público, que reflejan con mayor precisión la magnitud de la violencia criminal.

Arriola advirtió sobre la inclusión de accidentes de tránsito, laborales y suicidios dentro de la categoría de muertes violentas, lo que distorsiona el análisis real de la criminalidad.

Mientras tanto, el presidente de Aprosec subrayó la necesidad de una política de Estado estructurada y sostenida en el tiempo. “Ya no hay que pensar en planes, sino en una política de Estado coherente, que realmente comience a trabajar esas estrategias, esos planes, esos diseños que se necesitan para cada modalidad delictiva como la extorsión y el sicariato. Eso debe estar armado ya, debe estar todo estructurado, pero lamentablemente no es así”, enfatizó Ortiz Anderson.

El año 2025 quedó marcado por una violencia sin precedentes, donde la criminalidad permeó todos los niveles sociales y económicos, y la respuesta institucional no logró contener la escalada delictiva, de acuerdo a la opinión generalizada de la población.