Políticos y exfuncionarios que se mantienen prófugos en el 2025 y algunos buscarían postular a las Elecciones 2026

Diversos políticos y exfuncionarios peruanos permanecen prófugos de la justicia, pese a estar implicados en graves casos de corrupción. Varios procesados eludieron la detención y actualmente tienen paradero desconocido o se encuentran fuera del país. Entre los mencionados destacan Ciro Castillo, Ulises Villegas, Nadine Heredia y Betssy Chávez, entre otros; algunos de ellos buscan alcanzar un cargo en las Elecciones 2026.

Políticos y exfuncionarios prófugos en el 2025 y sus casos

El primero en la lista es Ciro Castillo, gobernador regional del Callao. La Fiscalía lo identifica como líder de la organización criminal ‘Los Socios del Gore Callao’, dedicada a la adjudicación irregular de contratos. Sobre él pesa una orden de detención preliminar por 15 días y permanece prófugo desde el 15 de diciembre.

Ulises Villegas, alcalde de Comas, fue hallado culpable de colusión agravada por la entrega irregular de una obra vial inconclusa en el distrito limeño de Independencia. Está sentenciado a seis años de prisión y se encuentra prófugo desde el 29 de noviembre.

Entre los exfuncionarios, figura Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones, implicado en un acuerdo ilícito con ejecutivos de Odebrecht para la adjudicación de obras en el Metro de Lima. Se encuentra prófugo desde julio pasado.

Santiago Chau Novoa, exmiembro del comité especial de selección del tramo 2 del Metro de Lima, también enfrenta una sentencia en prisión de 18 años y cuatro meses.

Más nombres en la lista

En el registro de prófugos figuran Miguel Navarro Portugal, exasistente de Jorge Cuba, con una sentencia de 16 años y ocho meses por el caso Metro de Lima. Víctor Muñoz Cuba, primo de Jorge Cuba, está involucrado en la misma causa, con una sentencia de trece años y cuatro meses.

Entre los casos más notorios resalta el de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros. Se le acusa de ser autora del delito de conspiración para rebelión por el intento de golpe de Estado en 2022 y se le dictó una sentencia de 11 años, cinco meses y quince días. Actualmente se encuentra refugiada en la residencia de la embajada de México, mientras la Policía Nacional mantiene vigilancia y expectativa sobre su posible salida.

La madre de Betssy Chávez, Herminia Chino, postula por la lista de ‘Podemos Perú’, liderada por José Luna, mientras su abogado, Raúl Noblecilla, también integra la plancha presidencial de ese partido.

Nadine Heredia, ex primera dama, también figura entre los prófugos. Sobre ella pesa una sentencia de 15 años por recibir financiamiento ilegal para las campañas de 2006 y 2011, según el Poder Judicial, provenientes de Odebrecht y el régimen venezolano. Heredia se encuentra asilada en Brasil, donde goza no solo de protección política por parte del gobierno de Ignacio Lula da Silva, sino también de un blindaje legal, ya que la justicia brasileña restringe el uso de pruebas no validadas en su jurisdicción para solicitar su extradición.

Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, fue condenado a un año de prisión por difamación agravada contra una trabajadora de la municipalidad provincial. Desde hace un mes reside en Argentina, donde afirma tener la condición de refugiado. Su hermana, Rosario Fernández, postula a la presidencia por el partido que él fundó ‘Un Camino Diferente’—conocido por tener un huaco erótico como símbolo—, con el posible objetivo de obtener su absolución.

El expresidente Martín Vizcarra cumple condena en el penal de Barbadillo por corrupción vinculada a la construcción del hospital de Moquegua. Intentó postular como candidato a la primera vicepresidencia con Perú Primero, pero fue excluido por una sanción judicial. Su hermano Mario Vizcarra sigue en carrera presidencial y ha declarado que, de ganar, indultará a Martín Vizcarra y a los demás expresidentes encarcelados.

La nómina incluye a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y líder del partido político de Perú Libre, quien también permanece en condición de prófugo desde octubre del 2023 por colusión agravada por el caso Aeródromo Wanka, mientras mantiene aspiraciones políticas de llegar a la presidencia en las Elecciones 2026.

El riesgo de la impunidad

La situación evidencia un grave problema: personas con sentencias firmes o mandatos de detención pueden seguir postulando a cargos públicos. Casos similares ocurrieron antes, como el del congresista José Luna de Podemos Perú, quien obtuvo libertad tras ser elegido pese a haber estado bajo prisión domiciliaria por el caso de la presunta organización criminal ‘Los Gángsters de la Política’.

La falta de captura por parte de la Policía Nacional y los vacíos legales permiten que estos prófugos mantengan sus aspiraciones políticas, generando incertidumbre sobre la transparencia y legitimidad de los próximos comicios. La ciudadanía debe permanecer informada y atenta, ya que la elección de autoridades implica conocer la verdadera situación penal de los candidatos.