La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada presentó una acusación formal contra el congresista José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, al considerarlo presunto cabecilla de una organización criminal señalada por la captura ilegal de entidades clave del sistema electoral y judicial del país. El Ministerio Público pide para el parlamentario una pena de 22 años y ocho meses de prisión, en el marco del caso ‘Los Gángsters de la Política’.
La acusación fiscal no solo alcanza a Luna Gálvez, sino también a 18 personas más, incluyendo a su hijo José Luna Morales, a exasesores electorales y a exconsejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Así mismo, involucra a dos personas jurídicas: la universidad Telesup y el propio partido Podemos por el Progreso del Perú (hoy Podemos Perú). A todos ellos se les imputa la comisión de delitos graves como organización criminal, cohecho activo y pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
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La Fiscalía plantea una estrategia delictiva desarrollada en tres grandes fases que, según la investigación, comenzó en 2014. La primera consistió en la presunta injerencia en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lograda a través de beneficios económicos proporcionados a exmiembros del CNM, pagos que tendrían su fuente en la universidad Telesup, fundada por el propio Luna Gálvez. El objetivo fue impedir la ratificación del entonces titular de la ONPE, Mariano Cucho, y facilitar la designación de Adolfo Castillo, considerado funcional a los intereses de la red.
La segunda fase, según la acusación, correspondió al copamiento institucional de la ONPE. Con Adolfo Castillo al mando, la organización presuntamente colocó a funcionarios afines en cargos estratégicos, muchos de ellos extrabajadores o personas vinculadas a Telesup, con el fin de asegurar el control interno y la ejecución coordinada de sus planes.
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En una tercera etapa, la ONPE, bajo este manejo, habría facilitado la inscripción abrupta del partido Podemos por el Progreso del Perú mediante procedimientos irregulares y validación acelerada de firmas, transgrediendo principios de transparencia y legalidad electoral. Esto habría permitido el ingreso del partido fundado por Luna Gálvez al escenario político en 2018.
Junto a estas penas privativas de libertad, la Fiscalía planteó sentencias de hasta 16 años y cuatro meses para José Luna Morales y para el exasesor electoral José Cavassa, así como 26 años para los exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera.
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El requerimiento fiscal también incluye multas de entre 200 y 850 días-multa para los investigados y cuantiosas sanciones económicas para las entidades implicadas: 500 UIT (S/2′775, 000) para la universidad privada Telesup, y 250 UIT (S/1′337,500) para el partido político mencionado. Además, se ha solicitado impedimento de salida del país por 18 meses para 10 de los imputados.
Según la Fiscalía, la investigación busca evidenciar el uso sistemático de redes de poder privado para capturar organismos estatales y manipular el proceso electoral, lo que constituye un riesgo severo para la institucionalidad democrática. El caso, además de sentar un precedente judicial, reaviva el debate sobre la corrupción en torno al financiamiento y surgimiento de partidos políticos en el Perú y el papel de organismos autónomos en la garantía del juego democrático. El proceso penal determinará el grado de responsabilidad de los acusados y, eventualmente, la aplicación de las sanciones solicitadas.
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