
La tensión entre la academia y el Poder Ejecutivo ha llegado a un punto de ruptura institucional sin precedentes. Las universidades públicas, bajo la bandera de la Junta Nacional de Rectores que agrupa a la AUNAP y la ASUP, emitieron un contundente pronunciamiento en el que advierten que desconocerán formalmente cualquier designación de un Superintendente de la Sunedu que se pretenda oficializar en estos días.
La medida responde a lo que consideran un proceso “viciado y antidemocrático” que busca asegurar el control del ente supervisor antes del recambio de representantes previsto para febrero de 2026.
El polémico “nombramiento exprés”
El foco del conflicto se centra en las maniobras administrativas realizadas desde el Ministerio de Educación que han despertado suspicacias en todo el sector. Según la denuncia de los rectores, el ministro Jorge Figueroa ejecutó una “designación exprés” a favor de Vicente P. Espinoza Santillán el pasado 19 de diciembre. La irregularidad principal residiría en que se le otorgó un mandato de tres años, cuando legalmente y conforme a la Ley N.° 31520 solo le correspondía completar un periodo complementario tras la salida intempestiva del representante anterior, Andrés Filiberto Ramos Salas.

Este movimiento en el tablero se produjo apenas días después de que fracasara en el Congreso un intento por extender el mandato de los actuales miembros del Consejo Directivo a través de una cláusula en la Ley de Presupuesto 2026. Para las universidades, la celeridad del trámite en el Minedu es una señal clara de un intento de “captura” del órgano regulador, sobre todo considerando que aparentemente se habría aceptado una renuncia verbal y reemplazado inmediatamente.
Los rectores aseguran que Espinoza Santillán no ofrece garantías de imparcialidad por sus antecedentes y los evidentes riesgos de conflicto de intereses que arrastra su perfil.
El silencio en Palacio y el Ejecutivo
La Junta de Rectores señalaron que este escenario no podría ocurrir sin una omisión deliberada desde las cabezas del Estado. El pronunciamiento apunta directamente al presidente de la República, José Jerí Oré, y al primer ministro, Ernesto J. Álvarez Miranda, por permitir que el Concytec siga adelante con una convocatoria que excluye a los representantes legítimos de las universidades y colegios profesionales que ya fueron elegidos democráticamente en agosto de 2025.

“El silencio del Poder Ejecutivo frente a estos hechos no es neutro; es políticamente grave y jurídicamente reprochable”, señala el documento.
También, consideran que la falta comunicación por parte del Ministerio de Educación ha profundizado la crisis.
“Corresponde que, si ello no fuera cierto, salgan a desmentirlo pública y categóricamente”, se lee al final de su comunicado.
Las instituciones cuestionan por qué existe tanta prisa por elegir a una nueva autoridad en diciembre, mediante una sesión liderada por la superintendenta encargada, Susana E. Paredes Díaz, en lugar de esperar a febrero de 2026. En esa fecha, el nuevo Consejo Directivo debería estar plenamente conformado por delegados con vigencia democrática y representación legítima.
Tomarán acciones legales
El desconocimiento de la autoridad que sea elegida en este proceso podría ser el inicio de una batalla jurídica. Las instituciones han confirmado que respaldarán acciones legales y penales para frenar lo que consideran un abuso de poder institucionalizado.
“Las Universidades Públicas respaldamos todas las acciones legales y penales, que correspondan para preservar el derecho de nuestras Universidades a su representación en el Consejo Directivo de la SUNEDU. La defensa de la institucionalidad universitaria no es opcional; es un deber frente a la comunidad universitaria y frente al país.”
Para la AUNAP, cualquier intento de elegir a un superintendente con miembros que ya no representan legítimamente a sus entidades constituye una afectación directa que debilita la confianza en la Sunedu como garante de la calidad educativa.

El pronunciamiento lleva la firma de los rectores de las instituciones más antiguas y emblemáticas del Perú, como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la UN San Cristóbal de Huamanga, la UN San Antonio Abad del Cusco, y la Universidad Nacional de Trujillo.
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