A casi cuatro años del derrame de crudo que cambió por completo la vida de cientos de familias en la zona norte del litoral, los pescadores artesanales afectados por Repsol vuelven a levantar la voz. Tras meses de insistir sin obtener respuestas claras, anunciaron una nueva acción colectiva que busca poner nuevamente en agenda el impacto humano y ambiental del desastre ocurrido el 15 de enero de 2022 en la refinería La Pampilla. La movilización no solo será simbólica: incluye la presentación de una demanda constitucional que, según advierten, marcará un antes y un después en su lucha por la reparación integral.
Las organizaciones que agrupan a pescadores de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay confirmaron que este lunes 10 de diciembre se movilizarán hacia la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y luego al Poder Judicial, lugares donde formalizarán su denuncia por violación de derechos humanos. Señalan que, pese al paso del tiempo, continúan enfrentando impactos económicos, sociales y ambientales que no han sido atendidos con transparencia ni solución efectiva.
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Pescadores denuncian acuerdos injustos y exigen informe actualizado del Estado
La Federación de Pescadores Artesanales y Tradicionales sostiene que el derrame generó afectaciones profundas no solo en los ecosistemas marinos, sino también en la cadena productiva que sostiene a miles de familias en la zona centro-norte del país. En su pronunciamiento, los dirigentes recalcaron que “no existe una respuesta integral ni reparadora por parte del Estado”, pese a que el incidente continúa siendo catalogado como uno de los mayores desastres ecológicos de la costa peruana.
Un punto que genera especial molestia entre los pescadores es la firma de acuerdos impulsados por la empresa. De acuerdo con su denuncia, Repsol habría logrado que cientos de afectados aceptaran compensaciones bajo necesidad económica, sin proporcionar la información completa ni condiciones equitativas. “Nuestros derechos fueron vulnerados y no vamos a aceptar que la necesidad haya sido usada como mecanismo para imponer acuerdos injustos”, señaló la Federación en un comunicado público.
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Las organizaciones exigen, además, que la PCM entregue un informe multisectorial actualizado que detalle:
- El estado real de la remediación ambiental,
- La situación socioeconómica actual de las familias dedicadas a la pesca artesanal,
- El avance de los compromisos asumidos por el Estado,
- Y el nivel de cumplimiento de Repsol frente a las medidas establecidas tras el derrame.
La jornada iniciará a las 09:00 a. m., cuando los pescadores partan hacia la sede de la PCM. Desde allí se dirigirán al Poder Judicial, donde ingresarán la demanda constitucional que busca restituir sus derechos y evidenciar lo que consideran una falta de protección estatal.
Repsol arrastra deudas millonarias y cuestionamientos ambientales
A inicios de 2025, informes elaborados por organizaciones como CooperAcción y Oxfam revelaron que la petrolera mantenía más de S/2.600 millones en deudas con pescadores y trabajadores de la cadena productiva afectados por el derrame del 15 de enero de 2022. Según estas evaluaciones, cerca de 5.000 pescadores empadronados quedaron con pagos pendientes equivalentes a año y medio de compensaciones, mientras que otros 12.000 trabajadores no reconocidos no recibieron ningún tipo de indemnización. Estas cifras siguen siendo referencia clave en el debate público, pues explican el nivel de descontento que persiste entre las comunidades costeras hasta finales de 2025.
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Los reportes también advirtieron que, a tres años del derrame, el 60% del petróleo vertido permanecía en el ecosistema marino, lo que equivalía a más de 7.200 barriles aún dispersos en fondos marinos y zonas rocosas. El documento indicaba que los planes de rehabilitación ambiental presentados por Repsol —un total de 18 propuestas— habían sido rechazados por el Ministerio de Energía y Minas por incluir información incompleta, muestreos insuficientes y vacíos técnicos que impedían una recuperación efectiva. Además, organismos como el OEFA, el Sernanp y el Serfor estimaron que la depuración natural podría tardar entre 5 y 23 años, dependiendo de la especie y la zona afectada.
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