
El impacto del derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022 frente a las costas de Perú sigue siendo devastador. Según un informe elaborado por CooperAcción con el apoyo de Oxfam, el 60% del crudo derramado, equivalente a 7.200 barriles, permanece en el ecosistema marino, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades costeras. Este desastre, considerado uno de los peores en la historia ambiental del país, involucró el vertido de 12.000 barriles de petróleo tipo Buzios, conocido por su alta toxicidad debido a la presencia de metales pesados como cadmio y plomo.
De acuerdo con el informe titulado “¿Repsol limpió el desastre? Situación actual y retos pendientes para la recuperación de la vida marina a tres años del derrame de petróleo”, los planes de rehabilitación presentados por Repsol han sido rechazados en su totalidad por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En total, 18 propuestas de la empresa fueron desestimadas por contener información incompleta, insuficiente o errónea, además de carecer de estrategias adecuadas para la recuperación de los ecosistemas afectados.
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El plan de Repsol es no hacer nada
El informe de CooperAcción detalla que los planes de Repsol no solo han sido técnicamente deficientes, sino que también han omitido riesgos significativos para la salud humana y los ecosistemas marinos. Entre las principales fallas señaladas se encuentran la realización de muestreos bióticos y abióticos en una sola temporada, cuando la normativa exige al menos dos, y la exclusión de zonas bajo el argumento de ser “inaccesibles”. Estas afirmaciones fueron refutadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que logró realizar muestreos en dichas áreas.
Además, la estrategia de la empresa para abordar el desastre se basa en esperar que el petróleo restante se depure de manera natural, sin presentar evidencia técnica que respalde esta estimación. Según organismos como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), este proceso podría tardar entre 5 y 23 años, o incluso más para ciertas especies.
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Ana Leyva, abogada de CooperAcción y coautora del informe, subrayó la urgencia de completar la limpieza para evitar que el petróleo siga afectando el medio ambiente. “La vida marina ha quedado muy golpeada y va a tener un proceso lento de recuperación si no hay acción humana. Hay muchas formas para ayudar al mar a recuperarse, Repsol lo sabe y debería utilizarlas”, afirmó.
Por su parte, Diana Papoulias, bióloga marina y toxicóloga internacional, destacó que a tres años del derrame se observa una reducción significativa en la abundancia y diversidad de varias especies en las zonas impactadas. La especialista sugirió que la empresa debería implementar una “restauración compensatoria”, enfocada en reducir los factores de estrés ambiental que dificultan la recuperación del ecosistema.
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Multas millonarias y procedimientos administrativos contra Repsol
El desastre ambiental no solo ha generado una crisis ecológica, sino también un extenso proceso legal y administrativo contra Repsol. Según el informe, la empresa acumula 22 procedimientos administrativos relacionados con el derrame y ha sido multada con más de 72 millones de dólares. Estas sanciones incluyen acciones como ocultar información, actuar de manera negligente en la contención y limpieza del derrame, y proporcionar datos falsos.
En los días posteriores al desastre, Repsol aseguró inicialmente que solo se habían derramado 0,16 barriles de crudo, afectando un área de 2,5 metros cuadrados. Esta afirmación fue desmentida posteriormente, revelándose la magnitud real del desastre.
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Miguel Lévano, Coordinador de Programas y Alianzas de Oxfam en Perú, criticó duramente la falta de compromiso de la empresa con las comunidades afectadas y la ausencia de un enfoque integral para reparar los daños. “A tres años de uno de los mayores desastres ambientales en el Perú, Repsol ha demostrado estar lejos de los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, de los que se considera referente”, sostuvo.

Impacto en las comunidades pesqueras y demandas de compensación
En diálogo con Infobae Perú, el presidente de la Federación de pescadores artesanales ancestrales y tradicionales de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucallama y Chancay, Luis Díaz, explicó que la empresa ha reconocido, oficialmente, a casi 5.000 hombres y mujeres de mar afectados por el derrame. A cada uno de ellos les correspondía unos S/60.000 anuales, pero solo se les ha abonado, entre adelantos y descuentos, lo correspondiente a año y medio desde 2022. Falta el otro año y medio, es decir, unos S/90.000 por cada empadronado. Hablamos de casi S/450 millones por todo el grupo.
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Pero ahí no termina la lista. Existe otro grupo no reconocido de casi 28.000 trabajadores de toda la cadena productiva afectada, entre comerciantes, guías turísticos, transportistas y pescadores, entre otros. De ellos, se calcula que unos 12.000 son pescadores a los que no se les ha pagado absolutamente nada, una deuda de más de S/2.160 millones que engrosa los compromisos pendientes hasta la exorbitante cifra de casi S/2.610 millones en tres años de desastre irresuelto, según sus cálculos. Los pescadores ahora alistan una demanda de amparo contra la petrolera.
Mercedes Yovera, vicepresidenta de la Federación, exigió que la empresa no solo remedie el daño ambiental, sino que también complete la compensación a las familias afectadas. En 2023, 19 organizaciones de pescadores lograron iniciar un proceso de negociación con asesores y observadores, mientras que en 2024 más de 34.000 personas presentaron una demanda de indemnización ante un tribunal en los Países Bajos.
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Un desastre sin precedentes y un futuro incierto
El derrame de petróleo de Repsol en las costas peruanas ha dejado una huella profunda en el medio ambiente y en las comunidades que dependen del mar para su sustento.
A tres años del desastre, la falta de acciones concretas por parte de la empresa y la persistencia de la contaminación plantean serios desafíos para la recuperación del ecosistema y la justicia para las familias afectadas.

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