El Estado peruano y una “brillante” estrategia para luchar contra el crimen: subir los recibos para poner más luz en cada esquina

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha presentado un proyecto de modificación del artículo 184 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, a través de la Resolución Ministerial N.° 185-2026-MINEM/DM, que busca aumentar la iluminación pública para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, sus efectos en la práctica implican un probable aumento en la tarifa eléctrica para usuarios residenciales, comercios e industrias, especialmente en zonas de alto riesgo delictivo.

Más luz en las calles, más alto el recibo

El objetivo oficial es claro: que calles y avenidas peligrosas tengan mejor alumbrado para reducir delitos y dar más tranquilidad a la gente.

Según cifras del propio Estado, el 56,1% de la población urbana mayor de 15 años —más de 10,7 millones de personas— se siente insegura al caminar sola de noche, y 764 mil personas identifican la falta de luz como causa directa de esa sensación.

El MINEM sostiene que la medida no crea, de inmediato, un pago adicional en el recibo, pero abre la puerta para que los costos de proyectos especiales de iluminación sean incorporados indirectamente y de forma gradual a la tarifa.

El tope del 5% en el cobro por alumbrado público se mantiene, pero si se hacen obras adicionales, estos gastos podrían convertirse en “cargos especiales” reconocidos en la factura.

¿Qué cambiará en la factura de luz?

El límite para facturar alumbrado público seguirá siendo 5% del total de la boleta eléctrica, pero los proyectos especiales de mayor iluminación podrán generar cargos adicionales. El monto mínimo a pagar será S/ 0,55 y el máximo S/ 3,300 por usuario, en función de la UIT vigente en 2026 (S/ 5,500).

De acuerdo con el proyecto, el cobro se repartirá según el consumo de cada usuario, afectando a todos los clientes del sistema eléctrico, desde hogares hasta grandes empresas.

Entre 2026 y 2030, los costos de mejoras en zonas peligrosas podrán ser reconocidos como cargos diferenciados en la factura. A partir de 2030, estos costos se integrarán definitivamente en la tarifa base del servicio eléctrico.

La propuesta del MINEM surge como respuesta al Decreto Legislativo N.° 1740, que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer medidas para reforzar la iluminación en sectores considerados de riesgo.

¿Por qué el gobierno dice que es necesario?

El argumento es que la iluminación insuficiente contribuye a la inseguridad y que aumentar la luz en las calles puede bajar los delitos hasta en un 21%, según estudios internacionales citados.

El Centro Histórico de Lima, por ejemplo, es uno de los lugares con “tramos críticos” de baja iluminación, lo que aumenta el riesgo para transeúntes y comerciantes.

El MINEM publicará cada año una lista de las vías más peligrosas, usando datos oficiales y reportes policiales, para priorizar dónde invertir en más luces. El Estado usará mapas de delitos y denuncias para priorizar calles y barrios críticos.

Las empresas eléctricas podrán hacer proyectos de alumbrado especial en estas zonas, con aval técnico y aprobación previa del Ministerio. Si un municipio quiere poner más luces de las que permite la norma, deberá asumir el costo extra.

¿Quién paga el costo de esta nueva lucha contra el crimen?

El costo recae en todos los usuarios de electricidad, no solo en quienes viven en las zonas peligrosas. No se crea un nuevo recibo, pero el monto por alumbrado público en la factura mensual puede subir si se aprueban proyectos especiales en la zona.

Sin embargo, la norma no resuelve los problemas de fondo de la inseguridad, ni garantiza que el gasto extra realmente reduzca el delito. La eficacia dependerá de cómo se implementen los proyectos y de la vigilancia de OSINERGMIN y el propio Ministerio.